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Una embarcación de pesca de camarón era el “machete” con el que Juan Carvajal mantenía a sus cinco hijos y a su esposa. Otras nueve familias puntarenenses también llevaban sustento a sus hogares gracias al trabajo que realizaban a bordo de esa nave.
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Aquel barco, sin embargo, quedó destruido el 7 de abril del 2009, a consecuencia de un incendio que se desató en la Base Naval de Puntarenas, instalaciones que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública.
Como aquella, otras 16 embarcaciones de particulares se quemaron parcial o totalmente, lo que dejó a decenas de familias, la mayoría pescadoras, sin forma de llevar comida a la mesa. Como si no fuera suficiente, algunas también quedaron con la deuda de un barco que ya no tenían.
Los afectados demandaron al Estado. Un año después, en sentencia del Tribunal Contencioso de diciembre del 2010 ( N° 4927-2010), se le declaró responsable y se le condenó al pago de daño moral y material, así como del lucro cesante, o sea, la ganancia que dejaron de percibir los afectados por la pérdida total de las embarcaciones.
Desde el incendio ya han pasado 13 años sin que los afectados hayan recibido un solo colón. En dos sentencias, la última de noviembre del 2022, la jueza de ejecución de sentencia, Alinne Solano, rechazó el pago de daños materiales y perjuicios.
La decisión de la juzgadora se dio pese a que la propia Sala Primera, en una sentencia del 7 de agosto del 2014, ratificó que el Estado debía pagar los daños, calculados en unos ¢1.500 millones, a los dueños de las naves por las afectaciones económicas que sufrieron.
Por ejemplo, Juan Carvajal tuvo que correr para buscar una nueva forma de mantener a la familia y honrar sus obligaciones.
Su lancha, llamada Virginia, matrícula P137, sufrió un daño parcial por el siniestro y estuvo en reparación durante dos meses. En ese momento, los ingresos del hogar se frenaron de golpe y las deudas aumentaron.
“Esa era la única lancha de la familia, la compramos por ahí del 2005 con ahorros. Después del incendio, tuve que salir a vender camisetas, ceviches y gorras o lo que fuera para poder mantener a la familia. La reparación de la embarcación costó cerca de ¢32 millones y tenía que pagar ¢87.000 diarios de dique mientras se reparaba”, contó Carvajal.
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¿Qué causó el incendio?
Aunque se condenó al Estado por el incendio, no se determinó la causa del mismo. Según los demandantes, representados por el abogado Álvaro Enrique Moreno Gómez, se trató de un fallido simulacro de incendio en un muelle en Puntarenas.
Moreno Gómez representa a 17 de los 19 demandantes.
Al parecer, debido al error en el simulacro, se produjo fuego en una nave marca Eduardoño que estaba bajo custodia del Servicio Nacional de Guardacostas, ya que había sido decomisada a supuestos narcotraficantes.
Las llamas se extendieron y quemaron muelles y las 17 embarcaciones de particulares. También se incendiaron 20 barcos del Estado a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y Guardacostas; algunos de ellos también habían sido decomisados.
Un testigo, de apellido Campos, relató al Cuerpo de Bomberos lo siguiente:
“Vi a unos reclutas del Curso Básico Policial que estaban vacilando en una rampa de la comandancia con unos extintores. Luego, comenzó a salir humo como de llanta. Tratamos de apagarlo con extintores y no pudimos. Todo se quemó”, se lee en el informe de Bomberos de noviembre del 2010.
¿Por qué no se ha pagado?
En mayo del 2011, los afectados presentaron un proceso para la ejecución de sentencia con el propósito de que se les pagara daño moral, daños materiales y costas procesales.
Se logró que en febrero del 2012 se ordenara el pago del daño moral para los damnificados físicos: seis personas. Entre ellos, se distribuyeron ¢10,5 millones.
Dos meses más tarde, la jueza Alinne Solano Ramírez rechazó el pago del daño material y lucro cesante para todos los afectados, mediante sentencia 101-2012, en la cual, se puso en duda el peritaje realizado para calcular las pérdidas por cada barco incendiado y adujo que las naves, al momento del siniestro, ya no tenían valor porque estaban depreciadas.
“La prueba aportada es omisa en cuanto al estado general de todos los navíos, condiciones de navegación, inversiones para el mantenimiento de su funcionamiento y cese de la depreciación, situación que impide determinar el valor real de cada uno.
“Ello hace que el peritaje rendido sea oscuro, y la liquidación contenida en el mismo, incompleta y deficiente”, se lee en la resolución de Solano, quien afirmó que el valor de la mayoría de las naves ante el Ministerio de Hacienda, “se traduce en cero colones”.
“Ante la imposibilidad legal de determinar, el valor inicial de cada nave o el valor de los equipos y materiales dañados por el siniestro, resulta imposible fijar un valor de reposición y obtener la suma a resarcir; e igualmente imposible resulta determinar el monto requerido para la sustitución de las partes dañadas de cada nave”, indicó la jueza.
Ante la decisión, los demandantes interpusieron un recurso de casación en junio del 2012, contra dicha sentencia. El 7 agosto del 2014, la Sala I declaró con lugar el recurso y ordenó el pago.
“Sin lugar a dudas, el perito posee una base técnica de conocimiento, incluso aceptada por el Estado, sobre la cual determinó los montos a pagar ante los daños causados. Resultan procedentes los daños materiales ocasionados a las embarcaciones, tanto los totales como los parciales, los que deberán otorgarse conforme a la prueba que consta en autos y la aportada para mejor resolver”, señaló la Sala I.
De nunca acabar
Pese a la decisión de los magistrados, la jueza Sady Jiménez exigió nuevos peritajes.
Según el abogado de los demandantes, pidieron la separación de Jiménez del caso “por no acatar la sentencia de Sala I y por retraso de la justicia”.
No obstante, la funcionaria fue nombrada como jueza coordinadora de la sección de ejecución de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y esta designó a Alinne Solano (quien había rechazado el pago anteriormente) a cargado del caso.
Por esa razón, los afectados gestionaron que Solano fuera apartada del expediente, bajo el alegato de que ella ya había emitido criterio en contra de los peritajes en la sentencia del 2012, pero la solicitud fue rechazada. Tales tropiezos se dieron entre 2016 y 2021.
En noviembre del 2022, la jueza Alinne Solano volvió a rechazar los peritajes y declinó nuevamente otorgarles el pago a los afectados.
En ese mismo mes el abogado Moreno Gómez interpuso otro recurso de casación ante la Sala I contra la decisión de Solano, por lo está a la espera del pronunciamiento de los magistrados.
“Siento una frustración enorme de parte de los afectados por la negligencia, primero, con respecto al manejo de los peritajes y por falta de transparencia y sensibilidad social de la sección de ejecución de sentencia”, expresó Moreno.
