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La situación de las familias que dependen de la pesca de arrastre, en Puntarenas, es crítica. Así lo determinó un diagnóstico socioeconómico realizado el año anterior en el que se entrevistó a tripulantes, rederos (tejedores de redes) y peladoras de camarones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conjunto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), realizaron el análisis y conocieron la situación de 60 de 180 tripulantes, de 15 rederos y 17 peladoras de camarón, activos para ese entonces.
Se determinó que los tripulantes entrevistados mantenían a 316 personas, los rederos daban sustento a 35 personas más y las peladoras tenían a 34 que dependían económicamente de ellas.
El “Diagnóstico socioeconómico de los tripulantes, rederos y peladoras del sector semiindustrial de arrastre de camarón en Costa Rica”, se hizo como un seguimiento a otra investigación desarrollada por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en el 2015.
La idea era conocer la situación de estas personas de cara a la pérdida de licencias, pues la mayoría de los trabajadores del mar y sus familias viven en comunidades consideradas de riesgo social en el cantón central. La pérdida de sus empleos ante la imposibilidad de realizar pesca de arrastre, podría contribuir a aumentar su vulnerabilidad.
Y es que un buen porcentaje de quienes dependen de los trabajadores del mar, están completando su proceso de aprendizaje y el eventual desempleo puede generar que abandonen sus estudios para encontrar un trabajo en el mercado informal.
Mientras tanto, los marineros, las peladoras y rederos, tienen una escolaridad muy baja o inexistente, generalmente cuentan solo con primaria concluida y no poseen otro tipo de cursos profesionales que les permita ejercer otra ocupación.
Hace cinco años, 44 barcos tenían licencia para pesca de arrastre, sin embargo en la actualidad solo quedan tres permisos que vencerán el otro año.
Esta dramática disminución se dio luego de que en el 2013 la Sala Constitucional ordenara al Incopesca no otorgar ninguna licencia nueva. Tampoco renovar las que estaban vencidas, ni reactivar las inactivas.
La prohibición se hizo bajo el argumento de que esta práctica genera daños al ambiente marino debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina, que incidentalmente es capturada pero no es utilizada.
El fallo, eso sí, dejó abierta la posibilidad de restablecer esa labor siempre y cuando la Asamblea Legislativa generara una ley que estuviera basada en estudios técnicos-científicos que demuestren que se puede realizar con medidas eficaces para evitar los daños al ambiente marino.
Recientemente, la Sala dio un plazo de seis meses a Incopesca para que haga el estudio. Eso lo hizo al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por el sector camaronero ante la ausencia de investigaciones cinco años después de la prohibición.
Ayuda insuficiente
Ante la ausencia de esta actividad, la situación económica en el Puerto es decadente, coinciden no solo los pescadores, sino también comerciantes, vecinos y el propio alcalde, Randall Chavarría.
Quienes se dedicaban a este oficio perdieron sus trabajos y no encuentran otro, porque no hay oportunidades de empleo. Esta situación hace que no tengan plata para comprar en los comercios lo cual generó, a su vez, la devolución de 50 patentes y la suspensión de otras 29.
Juan Ramón Ruiz, vecino de Juanito Mora en Barranca, trabajaba en barcos camaroneros desde que tenía 20 años. Ahora, a sus 58, está desempleado desde marzo.
“A veces nos ayudan con trabajito de darle mantenimiento a los barcos, pero no es todo el tiempo; a veces me sale algún otro de cuidar una lancha, pero no es fijo”, contó el hombre que debía enviar dinero a su hija en Nicaragua.
Los ingresos mensuales de los capitanes de un barco camaronero oscilaban entre ¢599.000 y ¢1.500.000, mientras que los de los marinos entre ¢230.000 y ¢600.000.
En el caso de los rederos iba desde los ¢20.000 hasta los ¢80.000, mientras que las peladoras podían ganar entre ¢39.796 y ¢113.595.
Desde agosto del 2017 el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), atendió a 402 familias del sector camaronero, en pobreza o pobreza extrema, con un subsidio mensual de ¢80.000 o ¢100.000.
Sin embargo, los pescadores insisten en que lo que necesitan es trabajo, pues esas ayudas no son suficientes para cubrir sus necesidades. “Sirve para pagar el mes de casa, luz y agua, pero nada más”, contó Ruiz.
El diagnóstico socioeconómico advirtió que la pérdida de las licencias supone un impacto importante sobre la pobreza del cantón central, y compromete la capacidad de Costa Rica de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza, al hambre y promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, entre otros.
