EscucharLa falta de coordinación entre las instituciones encargadas impide un mejor cumplimiento de los objetivos del plan contra la pobreza denominado Puente al Desarrollo 2019-2022, de acuerdo con una auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR) del desempeño de esta estrategia.
El órgano contralor hace un particular llamado de atención para las entidades responsables de los componentes Puente al Bienestar y Puente al Trabajo, donde participan más de 10 instituciones, según el informe divulgado este lunes.
Esta estrategia comenzó en 2015, en el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018). Consiste en otorgar ayudas económicas y capacitación a las familias más pobres para darles oportunidades de surgir por sí mismas. Es decir, con la ayuda venía un compromiso de los beneficiarios.
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Para la auditoría, la CGR investigó sobre las mejores prácticas internacionales en la implementación de políticas que requieran de la articulación interinstitucional, información con la cual se elaboró un índice de eficacia con escala 100, compuesto por un total de 10 indicadores, con el fin de determinar el desempeño de la coordinación en tres posibles niveles: inicial (0%-33%), intermedio (34%-66%) y óptima (67%-100%).
Los componentes de Puente al Desarrollo analizados presentaron una eficacia del 40,71%, por lo que apenas superaron el valor mínimo para alcanzar un nivel intermedio de coordinación. Según la Contraloría, esto implica la existencia de debilidades referentes a la estructura del proyecto, la identificación de objetivos comunes, así como el seguimiento y evaluación.
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“Esta Contraloría estima que se limita el logro del propósito planteado en la Estrategia Puente al Desarrollo, relacionado con facilitar la articulación institucional para el bienestar y cumplimiento de los derechos humanos. Lo cual, no propicia las condiciones mínimas para el abordaje integral de los objetivos que se ha planteado la estrategia. Tampoco se logra dimensionar la participación de la totalidad de las instituciones en la estrategia, en términos presupuestarios, ni en cuanto a su aporte respecto a los objetivos o metas”, indicó.
También se criticó la falta de un un liderazgo político claro que defina las responsabilidades de las instituciones que participan de la estrategia, como identificar los recursos, los objetivos y las metas a las que cada entidad se compromete dentro de los planes operativos, así como establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas sobre los resultados.
Frente a lo señalamientos, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) respondió que más que “una ambiciosa apuesta de articulación”, el programa “es uno de los mayores avance de los procesos de atención por parte del Estado” para un vacío existente desde finales de los 90. Según dijo, participan 15 instituciones que ofrecen 37 servicios que conforman la “oferta programática” para más de 100.000 familias pobres.
Esa oferta, añadió ofrece becas de Avancemos, transferencias económicas, seguro de Salud, capacitación para empleo y Red de Cuido, entre otras ayudas.
Formación para empleo
La auditoría, sin embargo, determinó que las instituciones encargadas del componente Puente al Trabajo no atendieron el 37% de referencias efectuadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para dar servicios a familias egresadas durante el primer semestre de este año, y en el 19% de los casos, las referencias solo concluyeron el período “en trámite”.
Asimismo, dijo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tampoco atendió oportunamente un 56% de las referencias y el Ministerio de Trabajo un 40%.
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“Dicha situación, significó que los beneficiarios no pudieron recibir la formación para el empleo o autoempleo mientras contaban con el piso de protección social brindado por la estrategia, afectando negativamente la eficiencia”, subrayó el órgano contralor.
Además, se identificó que la iniciativa también ha presentado limitantes para conocer si las acciones llevadas a cabo lograron incidir en el ingreso per cápita y en el índice de pobreza multidimensional. “Se desconoce la eficacia de una atención promedio de 28 meses brindada a 3.806 familias de la estrategia Puente al Desarrollo, las cuales egresaron durante el primer semestre del 2021, tras recibir en conjunto ¢7.417 millones”, detalló.
Respecto al Plan familiar, que corresponde al conjunto de logros básicos a alcanzar por cada familia para mejorar su condición de vida, en la primera mitad del año el 99,5% de las familias egresadas no alcanzó el cumplimiento de al menos el 90% de dicho plan, siendo la dimensión de Habitabilidad la de menor avance en el nivel de protección social y las dimensiones de Trabajo e Ingreso solo con leves mejoras.
“En consecuencia, la estrategia presenta limitaciones para que las familias logren transitar de la protección a la promoción social, y con ello, una independencia económica que les permita mejorar su calidad de vida de forma sostenible”, concluyó la Contraloría.
A pesar del informe, el IMAS destacó la organización durante la pandemia de covid-19 para evitar que la pobreza aumentara, y que pese a múltiples limitaciones por la crisis sanitaria, el 70% de hogares atendidos por Puente al Desarrollo alcanzó sus logros.
Insistió en que la coordinación no ha cesado y que los seguimientosse concretan mediante una plataforma liderada por el Ministerio de Planificación, donde se presentan informes trimestrales públicos. Finalmente, atribuyó al programa mejoras que se dieron antes de la pandemia.
“Es válido recordar que la pobreza por línea de ingreso disminuyó del 22,4% en 2014 a 21,1% en el 2019 y la multidimensional de 21,7% a 16,1% para los mismos años previos a la pandemia (Encuesta Nacional de Hogares, INEC). Las disminuciones en los últimos años coinciden con un mejor alineamiento de los programas sociales por medio de la Estrategia Nacional de Reducción a la Pobreza Puente al Desarrollo, la creación de oportunidades, y la generación de capacidades en las familias, así como por la recuperación inclusiva del empleo”, aseveró el IMAS.
Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 4:27 p. m. con la respuesta del IMAS al informe
