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El 2024 comenzó con un aumento en las tarifas eléctricas que regirá para todo el año, según dispuso la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Sin embargo, este incremento no es el mismo para todos los usuarios.
Para entender por qué hay diferencias en el porcentaje de aumento entre una empresa proveedora y otra, hay que considerar varios factores.
El aspecto más importante es el incremento del gasto en diésel y búnker por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la generación térmica, pues esos ajustes no solo impactan sus tarifas sino también las que cobran las restantes siete empresas distribuidoras que le compran energía al Instituto para atender su demanda.
El impacto difiere entre empresas, porque depende de cuánta energía le compre cada una al ICE, explicó Mario Mora Quirós, Intendente de Energía de la Aresep.
El costo de producir electricidad varía según la fuente de energía (hidroeléctrica, térmica o eólica; por ejemplo), así como su disponibilidad, la tecnología empleada y el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional.
Por ejemplo, el año pasado la generación térmica representó casi 8% de la demanda eléctrica, lo que produjo un gasto de ¢86.000 millones en búnker y diésel debido a los efectos del fenómeno El Niño en la disponibilidad de agua para la generación hídrica.
Para el 2024, Aresep proyecta un aporte similar del 8% en la atención de la demanda con generación térmica. En cambio, entre 2014 y 2022, el aporte térmico apenas promedió 1% anual en el consumo.
Las alzas aprobadas a partir de enero reflejan ese crecimiento del gasto en diésel y búnker del 2023 y que afecta a todas las distribuidoras, explicó el intendente.
De hecho, este año solo se trasladaron a los recibos de luz ¢43.000 millones del gasto térmico del 2023. El resto, agregó el funcionario, se trasladará a las tarifas a partir de enero de 2025 cuando, tendrían que trasladarse ¢96.000 millones en gasto térmico proyectado para el 2024 o al menos una parte.
En resumen, de acuerdo con Mora, el ICE ejerce una influencia significativa en las tarifas según la fuente de generación.
Según la normativa vigente, el Estado tiene presencia mayoritaria en la provisión de electricidad: el ICE y su subsidiaria, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), atienden al 76% de los abonados. El año pasado, por ejemplo, aportó 67% de la electricidad consumida.
Sin embargo, en Costa Rica coexisten tres regímenes jurídicos en materia de electricidad: el estatal (ICE y CNFL); el municipal, en el que están incluidas la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y uno privado, con las cooperativas de distribución rural (Coopealfaroruiz R.L., Coopeguanacaste R.L., Coopelesca R.L. y Coopesantos R.L.).
Esas ocho empresas atienden la demanda de la zona de concesión geográfica delimitada por ley.
Esto provoca que sus costos (y tarifas) sean diferentes, tanto por cantidad de abonados atendidos como por el peso de sus gastos. Incluye la electricidad que compran al ICE o a cualquiera de los otros proveedores; el número de plantas de generación que posean (eso pesa en la contabilidad por razón de mantenimiento y depreciación) y qué fuente utilizan para producir.
De 1,9 millones de abonados en Costa Rica, el ICE atiende al 45% (878.000) y la CNFL al 31% (604.000). Además, el Instituto es el único operador a cargo de la generación térmica y el que más plantas de producción posee a partir de distintas fuentes.
Las cooperativas rurales han desarrollado instalaciones en sus respectivas zonas de concesión gracias a lo cual se compran y venden excedentes de energía entre ellas. De esta forma, obtienen precios más bajos frente a lo que le pagarían al ICE, que soporta una estructura de costos mucho mayor. Además, esas cooperativas atienden al 24% de los abonados al servicio en el país (unos 418.000).
Gasto térmico
Según Mora, el ICE solicitó meses atrás rebajar en 13% sus tarifas de generación (su costo por producir energía), pero el peso del gasto térmico del año pasado anuló la rebaja solicitada. Eso afectó a las demás distribuidoras.
Por ejemplo, la CNFL le compra al ICE 32% de la energía que distribuye. Este año tuvo un aumento en la tarifa de solo 2,5%. La razón de que el aumento fuera en ese porcentaje es que en el último trimestre del 2023, la Aresep tramitó una rebaja del 6% en las tarifas de la Compañía; esa rebaja al final quedó sin efecto por el costo del factor térmico en la energía que esa entidad le compra al ICE. Sin embargo, ayudó a que el aumento no fuera tan alto, considerando que la Compañía le compra al Instituto un tercio de la energía que distribuye.
Por su parte, Coopelesca R.L., apenas compra 0,3% de energía al ICE para satisfacer su demanda. Por ello, vio un incremento de solo 0,3%.
En el sector residencial, a manera de ejemplo, un hogar que pagó ¢21.900 en diciembre pasado al ICE por su consumo, pagará ¢25.000 por la misma energía con las tarifas aprobadas a partir de enero (¢3.100 adicionales).
Si es una familia afiliada a Coopelesca R. L. que también pagó ¢21.900 por su recibo de luz en diciembre, el pago extra por la misma luz es inferior a ¢100 con las tarifas aprobadas el mes pasado.
