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El presunto otorgamiento ilegal de un permiso para talar árboles en playa Punta Uva, cerca del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, habría contemplado la donación de caminos a la Municipalidad de Talamanca, de acuerdo con informaciones de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
Por esta razón, el martes 20 de mayo se allanaron las oficinas del gobierno local para recabar pruebas de la posible comisión de delitos como cambio de uso de suelo e invasión a la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).
Uno de los permisos forestales secuestrados indica que se pretendía entregar al ayuntamiento caminos públicos en donación, explicó Luis Diego Hernández Araya, fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental.
“Cuando se habla de entregar a la Municipalidad caminos públicos, eso significa que van a urbanizar”, declaró Hernández Araya.
Sin embargo, las vías que supuestamente iban a ser donadas eran accesos específicos a la ZMT en ese sector pues, agregó, incluso existe una solicitud de concesión de zona marítima colindante con propiedades particulares.
“Por eso allanamos, porque el permiso nos hizo notar la presencia municipal en el tema, ya no se trata de un permiso forestal sin vínculo aparente con la municipalidad”, afirmó.
Rugeli Morales Rodríguez, alcalde de Talamanca, negó que el gobierno local haya dado algún tipo de concesión al argumentar que el plan regulador está cuestionado mediante una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV.
El jerarca dijo no estar al tanto de alguna intención de donarle caminos e insistió en que tampoco ha aceptado ningún acuerdo en esos términos. Según él, no existe un documento en poder de la Fiscalía que certifique una situación de esa naturaleza.
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“Rechazo rotundamente que nosotros hayamos aceptado camino alguno en esa área. Una cosa es la intención, pero no es la realidad. Y si fuese así, ese particular primero debe cumplir requisitos establecidos para valorar si son procedentes o no, pero ¡diay! no puedo hablar de algo que no se ha dado”, recalcó.
Según la Fiscalía Adjunta Ambiental, se autorizaron permisos para cortar 122 árboles de especies como garrocha (Tecoma stans), indio desnudo (Bursera simaruba), jabillo (Hura crepitans), poró (Erythrina poeppigiana), laurel (Laurus nobilis), sangrillo (Pterocarpus hayesii) y yos (Sapium glandulosum).
La acción se dio en una finca de 3,5 hectáreas (ha) mediante dos figuras: un certificado de origen y un permiso para aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. La Fiscalía, sin embargo, sospecha que esa propiedad en realidad tenía cobertura boscosa y no procedía la corta de los árboles bajo las autorizaciones extendidas.
Un permiso, en poder de este diario, lo emitió el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) el 12 de abril anterior.
La autorización tiene la firma de un funcionario de apellidos Campbell Lindo, de la Oficina Subregional Limón Talamanca en el Área de Conservación La Amistad Caribe, para corta y aprovechamiento forestal “en terrenos de uso agropecuario sin bosque” de la empresa Playa Manzanillo S. A., representada por Allan Pacheco Dent.
El 31 de mayo del 2023, el gobierno nombró a Pacheco Dent como representante propietario del sector privado en la Comisión Fílmica Nacional, que procura alianzas entre el sector público y privado a favor de realizaciones y producciones cinematográficas y audiovisuales. Su nombramiento se divulgó en el diario oficial La Gaceta N° 96 como parte de acuerdos del Poder Ejecutivo.
Consultado por La Nación, Pacheco Dent se limitó a confirmar la existencia de la pesquisa. “Hay un investigación en curso que respeto y los procedimientos correspondientes. He hecho todo a derecho pero porque esa investigación permanece en curso, no me quiero referir al tema”, respondió.
Invasión de zona marítimo-terrestre
Intervenciones en esta zona habían sido objeto de una acción de inconstitucionalidad, la cual la Sala IV declaró con lugar el 11 de julio de 2019. Se trató de una gestión contra la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (9223), en relación con territorios comprendidos en una zona boscosa de 188 ha.
La sentencia que se emitió prevenía afectaciones en aquel momento y en el futuro en una zona silvestre protegida del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Limón). Con ese objetivo, el Sinac debía delimitar las 188 ha para reincorporarlas al Refugio. Esto sigue sin ocurrir.
La propiedad donde se autorizó la tala a la empresa Playa Manzanillo S. A., representada por Pacheco Dent, se ubica dentro de esas 188 ha y, según determinó el Registro Nacional, ese inmueble invadió la zona restringida de la ZMT que, conforme la decisión del Tribunal Constitucional, es parte del Refugio.
El Registro Nacional envió el 20 de mayo del 2021 el oficio DIG-TOT-0232-2021 a la abogada Hazel Natalia Hernández Calderón, funcionaria de la Procuraduría General de la República, en respuesta a una solicitud de verificar si esa propiedad de Playa Manzanillo S. A. comprendía áreas dentro de los 200 metros contiguos a la línea de pleamar ordinaria, así como áreas de zona pública que corresponda a manglar.
En ese oficio, la entidad rindió un informe sobre el inmueble con plano catastrado L-942968-1991: el mismo plano que figura en el permiso otorgado por Sinac a la firma Playa Manzanillo S. A.
El documento explica que el Registro Nacional comparó la delimitación de la ZMT con el posicionamiento de los linderos de la propiedad a partir de imágenes de los años 1953 y 2019.
El ejercicio dio por demostrado que el predio del inmueble no estaba en áreas de manglar ni tenía afectación sobre la zona pública costera. Sin embargo, el mismo informe confirmó que alrededor del 20% de la propiedad se hallaba dentro de la zona restringida como parte de la ZMT.
