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Michael Rodríguez afirma que fue en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en Tres Ríos de La Unión, Cartago, donde un sacerdote de apellido Víquez abusó de él, cuando era uno de los monaguillos de la comunidad, tenía 13 años.
Según su versión, el cura también agredió a otros niños y adolescentes involucrados en las labores religiosas. Sin embargo, muchos de ellos nunca se atrevieron a denunciar.
“Nosotros éramos de familias muy humildes. Él identificó eso y nos invitaba a comer para ganarse nuestra confianza. Así empezaron los primeros tocamientos... no me gustaría ahondar mucho en los abusos, pero el ponía su mano en nuestros genitales para ver si ya habíamos desarrollado" , dijo la presunta víctima, ahora de 39 años.
El sacerdote del que hace mención, actualmente está suspendido de su cargo por otras denuncias, pero está fuera del país.
Ante la imposibilidad de acudir a la vía judicial porque el caso está prescrito, Rodríguez se convirtió en uno de los impulsores de un texto base para un proyecto de ley, que elabora con Anthony Venegas, otra presunta víctima del padre Víquez,y con el apoyo del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez.
La intención es ampliar el plazo de prescripción de la causa penal hasta en más del doble en los delitos de violación, cuando las víctimas sean menores de edad.
La legislación costarricense establece en el artículo 31 del Código Procesal Penal que la acción penal prescribe: “Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; no podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres, excepto en los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, en los cuales la prescripción empezará a correr a partir de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad”.
De acuerdo con la norma, una víctima de violación menor de edad tendrá posibilidad de denunciar el hecho hasta que cumpla 28 años. Con la propuesta en elaboración, una víctima menor de edad tendría la posibilidad de acudir a la vía judicial hasta 25 años después de cumplir 18, es decir, cuanto tenga 43.
De ser así, personas como Michael y Anthony tendrían la oportunidad de que sus casos se investigaran.
“Cuando existen casos de abuso sexual de figuras de autoridad o un guía espiritual, el proceso de aceptación de que usted vivió una situación de abuso sexual y de poder elaborar las herramientas necesarias para hacer la denuncia, generalmente tarda más de diez años, por lo que la mayoría de casos termina prescribiendo”, señaló el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Por ejemplo, contra el sacerdote Víquez hay nueve denuncias presentadas ante la Iglesia, es decir para que se aplique el Derecho canónico, pero penalmente solo hay una porque todas las demás están prescritas en esa vía. Ese caso se tramita bajo el expediente 18-000854-0994-PE en la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género, por el delito de violación.
“A mí eso me traumó de por vida. El golpe de autoestima que vive una persona que es abusada sexualmente es muy fuerte. Yo fui una persona que vivió una oscuridad mental durante montones de años, he tenido muchos problemas de estudio, de creer en mí mismo.”, aseguró Anthony.
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El diputado y los dos jóvenes presentaron el texto ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), con el objetivo de que las entidades apoyen y refuercen la iniciativa que esta semana será presentada ante la Asamblea Legislativa.
Otro frente de lucha
El otro frente de lucha de Rodríguez y Venegas está precisamente en el derecho canónico, pues en setiembre pasado presentaron ante el nuncio apostólico, Antonio Arcari, quejas contra autoridades de la Iglesia por considerar que se negaron a investigar al padre Víquez.
Su pretensión es que el caso llegue al Vaticano.
Venegas asegura que 16 años atrás, informó a las autoridades religiosas de los supuestos abusos cometidos por el sacerdote, pero no se tomaron medidas. Fue hasta el 2018 que el cura fue suspendido por otros casos.
Las presuntas víctimas señalan al arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien antes se desempeñaba como vicario general, y a su antecesor al frente de la arquidiócesis, Hugo Barrantes.
“Ese es un proceso que no llevamos nosotros sino la autoridad superior. No se es juez y parte, es un principio legal fundamental. Ellos interpusieron el proceso y cada quien presenta las pruebas que pueda ofrecer, sean ellos para acusar y probar la acusación y quien es acusado para defenderse", respondió la curia metropolitana.
“No tiene fundamento jurídico canónico, pues hace referencia exclusivamente al primer encuentro con el padre Quirós, entonces vicario general, quien no poseía la potestad propia para imponer sanciones. Su actuar como vicario general fue el correcto, al saber transmitir al arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes la información recibida”, menciona una relación de hechos realizada por la curia.
La Iglesia asegura que ha sido “coherente al ofrecer acompañamiento y atención psicológica” a Michael Rodríguez y Anthony Venegas, presuntas víctimas del sacerdote.
Se hizo una solicitud para conversar con el obispo Quirós, pero la curia respondió que como él es el demandado no se puede referir al proceso. Barrantes, entretanto, está retirado desde 2013, luego de cumplir 75 años.
De acuerdo con la arquidiócesis de San José, los denunciantes reclaman una indemnización de $200.000 cada uno, algo que hasta el momento la Iglesia no está dispuesta a reconocer.
“¿No merezco yo una indemnización por todo lo que esto ha afectado mi calidad de vida por tantos años?, así sucede en otros países. Si no me dan una indemnización no me importa, es más lo que logro alzando mi voz", expresó Venegas.
