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La Procuraduría General de la República (PGR) pidió cuentas al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) sobre los procesos judiciales que desde hace más de dos años le encomendó entablar, para la recuperación de al menos 64 hectáreas de zonas protegidas inalienables del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur (Talamanca, Limón).
Mediante el oficio PGR-OFI-152-2024, la Procuraduría solicitó al Instituto informar del estado actual de los procesos de lesividad interpuestos para devolverle al Estado 137 propiedades que se entregaron a manos privadas mediante una ley promulgada en el 2014.
Se trata de la Ley de reconocimiento de derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.º 9223 del 2014), la cual fue anulada por la Sala Constitucional, del 10 de julio del 2019. En la sentencia, los magistrados dieron al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la PGR un plazo de 12 meses para delimitar el área del refugio y recuperar las hectáreas boscosas.
Fundamentado en ese fallo judicial (N.° 12745-2019), el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría ordenó al Inder recuperar esos terrenos y, es por esa razón que ahora, pasados poco más de 27 meses desde que dio la instrucción, pide explicaciones en su calidad de abogado del Estado.
No obstante, a la fecha, el Instituto no ha emprendido ninguna acción legal para cumplir con esa orden. La Junta Directiva aún no ha declarado ninguna de las adjudicaciones y sus respectivas titulaciones de tierras como actos lesivos al interés público. Así lo reconoció en un correo electrónico enviado a La Nación, el pasado 26 de junio.
La oficina de prensa del Inder detalló que durante un año y un mes no se registró ninguna actuación de cumplimiento del pedido de la Procuraduría. Fue solo a partir del 14 de abril del 2023, un mes y medio después de que asumió el actual presidente ejecutivo, Osvaldo Artavia Carballo, que la Dirección de Asuntos Jurídicos instruyó a la oficina de la Región de Desarrollo Huetar Caribe a realizar “todas las gestiones necesarias”, aunque el avance “es muy poco”.
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Incumplimiento compromete patrimonio natural del Estado
La gestión de información ante el Inder consta en un documento que el procurador general, Iván Vincenti Rojas, envió a la Sala Constitucional el 4 de julio anterior, para comunicar el “incumplimiento” del fallo del 2019.
En esa nota, Vincenti subrayó que tanto el Inder como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) están comprometiendo el patrimonio natural del Estado y generando incertidumbre sobre el uso adecuado de esos terrenos.
“La falta de determinación de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, mediante decreto o ley, genera incerteza técnico jurídica en las acciones para recuperar áreas que integran el Patrimonio Natural del Estado en la sede contencioso administrativa, e incluso para su defensa en los procesos de información posesoria y otros”, consignó el jerarca de la PGR.
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Además, explicó a los magistrados constitucionales que, en los procesos de lesividad, la legitimación activa recae en la Administración autora del acto que se busca anular, en este caso, el Inder, pues los terrenos segregados y entregados a privados eran de su propiedad.
Vincenti Rojas destacó que tanto la PGR como el Tribunal Constitucional consideran al Inder responsable de enajenar terrenos de un área silvestre protegida y que tiene la competencia para plantear las acciones necesarias para recuperar esos bienes inmuebles.
Según el procurador, esta obligación está consagrada en el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza a toda persona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y vincula a los poderes públicos en su protección.
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