EscucharLa empresa que obtenga el permiso para dar el servicio de revisión técnica de vehículos empezará cobrando la misma tarifa que actualmente se le paga a la empresa española Riteve SyC, cuya operación concluye el 15 de julio, fecha en que vence el contrato de concesión con el que ha trabajado durante los últimos 20 años.
Así lo indica el cartel para la contratación del nuevo operador que revisará vehículos a partir del 15 de setiembre bajo la figura de permisionario temporal por los próximos dos años, tiempo que, según el Poder Ejecutivo, tomará sacar a concurso y adjudicar una nueva concesión a largo plazo.
El documento publicado el jueves indica: “El servicio de IVE (Inspección Técnica Vehicular) se iniciará con la tarifa vigente autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de acuerdo con la resolución RE-0086-IT-2021, de las trece cincuenta y cinco horas del dos de noviembre del dos mil veintiuno, las cuales serán aplicables mientras el ente regulador no establezca una nueva tarifa”.
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Además, aclara que las actualizaciones de la tarifa, durante la operación del servicio serán establecidas por dicho ente regulador, como lo establece la ley.
Sin embargo, durante la conferencia de prensa del miércoles, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que la principal razón para no renovar el contrato con la empresa española era que la tarifa debía bajar, debido a que edificios y equipos ya fueron pagados en los 20 años de concesión y, por ello, pasarán a manos del Estado una vez que el contrato fenezca.
“A partir del 15 de julio sepan que los activos de Riteve tienen que pasar a ser parte y propiedad de todos los costarricenses que a lo largo de 20 años pagaron por esos activos en la tarifa del servicio. Lo más importante es que esta ruta tiene como fin que baje el precio, tiene que bajar el precio de la revisión vehicular, de la primera y de la segunda revisión y al mismo tiempo mantener la revisión técnica”, aseguró el presidente.
Chaves también dijo que prevén que la primera tarifa que regirá se aplicaría por subasta, es decir, se daría el servicio a la empresa que oferte el precio más bajo.
“¿A quién vamos a escoger? Riteve puede participar, pero vamos a escoger a la entidad calificada en un concurso internacional que le ofrezca el mejor precio por esa revisión técnica a usted y en lugar de negociar con papelitos, va a ser por un método de subasta a sobre cerrado”, afirmó.
El mandatario dijo que han estado en conversaciones con la Aresep para que autorice una tarifa a la baja, dado que se están poniendo al servicio del Estado las instalaciones y equipos que el pueblo ya pagó.
“Aresep va a decir la tarifa máxima es esta y nos va a dar una tarifa mínima y si la gente ofreció menos de eso, imagino que Aresep considerará que si alguien lo quiere hacer más barato es para beneficio del pueblo”, señaló el gobernante.
No obstante, ante consulta de este diario, Aresep recordó que por ley es su potestad fijar el modelo tarifario que rige para ese servicio, por lo que no podría realizarse mediante subasta o según la oferta de los interesados.
El cartel publicado, indica, además, que “para efectos de la evaluación” el proponente debe realizar una propuesta tarifaria que contemple la tarifa de primera inspección “más baja al usuario”, la tarifa de reinspección más baja por falla de más de un componente y una tercera tarifa en casos donde se deba realizar la reinspección por falla de un solo componente.
Actualmente, el costo de acudir a la revisión es de ¢16.481 para autos particulares. En caso de no pasar en la primera prueba, la reinspección tiene un costo de ¢8.240.
A partir del 15 de julio, a las 4 p. m., vence el contrato con Riteve y, por disposición del Gobierno, se suspenderá la revisión técnica por dos meses, hasta el 15 de setiembre, tiempo durante el cual hará los trámites para conceder la operación a un permisionario.
Vacíos legales
El abogado experto en contratación administrativa, Christian Campos, aseguró que la decisión del Gobierno presenta vacíos que podrían alargar el proceso y complicar aún más la situación del país, que durante dos meses quedará sin servicio.
Una de las primeras interrogantes que surge, dijo, es qué pasará durante ese período con las instalaciones y equipos, que quedarán sin vigilancia y mantenimiento y sin pólizas.
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Consultado al respecto, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, dijo a La Nación que se coordinó con Fuerza Pública para que haya oficiales destacados en cada una de las 17 estaciones protegiendo los equipos.
Campos además señaló que hay un error en la redacción del cartel pues se indica que sería el ministro quién otorgará el permiso temporal en precario, cuando la Ley de Tránsito establece que dicha tarea corresponde al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
A criterio del experto estructurar ese modelo tarifario a la baja podría llevar varios meses, por lo que el presidente “erró” al prometer una baja en el precio.
Otra de las debilidades en el cartel es que carece de información detallada sobre el personal que se requiere y los costos de operación, que le permitan a las empresas interesadas elaborar su oferta de manera óptima, pues no tendrían certeza sobre cuánto deben invertir.
Además, sostuvo que este tipo de servicio por su magnitud no debería otorgarse mediante un simple permiso.
“Me parece que es una salida que trata de irse del control que ejerce la Ley de Contratación (...); los permisos son cosas muy excepcionales”, agregó.
De acuerdo con el abogado, aunque fuera la opción menos gustada, en este caso lo óptimo habría sido mantener a la empresa actual mientras se llevaba adelante el proceso.
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La Contraloría ya había rechazado la intención del Gobierno anterior de prorrogar el contrato con Riteve por 5 años, precisamente, porque la solicitud carecía de información técnica relacionada con el mecanismo de contratación, recepción de activos y la variación en el modelo de negocio, debido a que las estaciones pasarían a manos del Estado.
