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Siete años luego de la promesa, servicios de telecomunicaciones llegarían a 14 comunidades indígenas. Si todo sale bien, eso sería en el año 2021, conforme el anuncio que hizo este jueves la Sutel.
Se trata de dos proyectos valorados en $49 millones ya adjudicados al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por parte de Fonatel, que opera bajo la administración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) tiene como propósito llevar telefonía e Internet a zonas y comunidades donde no se dan estos servicios porque no es rentable para los operadores.
Sin embargo, es labor del Fondo asegurarlos porque una de sus funciones es promover el “acceso universal, servicio universal y solidaridad” conforme la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642.
Según los términos del contrato con el ICE, en unas semanas quedarán en firme las contrataciones.
A partir de ese momento, el Instituto dispone de 14 meses para llevar estos servicios a 750 poblados y 119 escuelas en territorios indígenas dentro del programa Comunidades Conectadas, que desarrolla Fonatel.
Esto quiere decir que los habitantes de aquellas zonas podrían acceder a los servicios, en el mejor de los escenarios, en el primer semestre del 2021.
Eso es siete años después de que Fonatel coordinó formalmente con esas comunidades.
Años de atrasos
En el oficio 8052-SUTEL-CS-2019 del 5 de setiembre anterior, Sutel reconoció a la diputada de Liberación Nacional Yorleny León, que desde el 2014 coordinó con esas comunidades indígenas la instalación de estos servicios.
Sin embargo, pasaron cuatro años, hasta el 11 de diciembre del 2017, para que Sutel instruyera al fideicomiso que administra los recursos de Fonatel a emitir los concursos públicos necesarios.
La espera se prolongó porque fue hasta el 9 de enero del 2018 cuando el fideicomiso a cargo del Banco Nacional (BN) publicó dos concursos públicos (001-2018 y 002-2018) para atender a estas poblaciones que comprenden comunidades indígenas de Limón, Matina y Talamanca, en la provincia de Limón, y de Turrialba en Cartago.
Se trata de pueblos cabécar tayní, talamanca cabécar, cabécar Bajo Chirripó, cabécar Chirripó (Alto), Talamanca bribri y bribi Kekoldi
A estas se unen otras en la zona sur distribuidas en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, todos en Puntarenas correspondientes a los pueblos guaymí de Conteburica, guaymí de Altos de San Antonio, guaymí de Abrojos Montezuma, brunca de Curré (Rey Curré), térraba, cabécar de Ujarrás, bribri de Salitre y bribri de Cabagra.
La apertura formal de ambos concursos para dichas comunidades consumió otros nueve meses a octubre del 2018 cuando se recibieron ofertas del ICE que fue el único oferente para ambos proyectos.
El trámite continuó varado porque la Dirección General de Fonatel mantenía en análisis las ofertas del ICE, hasta setiembre de este año, antes de hacer su recomendación formal al Consejo Directivo de la Sutel, indica el oficio.
El desenlace se dio este jueves con la adjudicación, luego de seis años de establecida el plan de llevar los servicios.
“Aunque la ley es sumamente clara en identificar las poblaciones indígenas como merecedoras de los recursos de Fonatel, a 10 años de la apertura del sector de telecomunicaciones y de existir Sutel; aún los proyectos para atender a estas poblaciones no se inician”, reclamó la diputada León.
Para ella hay un incumpliendo “evidente” con el mandato de garantizar acceso universal, servicio universal y solidaridad como lo ordena la Ley General de Telecomunicaciones.
Su desencanto lo comparte el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) desde donde se ha llamado varias veces la atención a Sutel por el “atraso crítico” con estas poblaciones, indica un informe semestral de seguimiento sobre la administración de Fonatel del I Semestre del 2019.
“Al ser un proyecto que se encuentra con atraso crítico, se sugiere incluir en futuros informes, un apartado especial donde se incluya la información pertinente que permita identificar de manera más precisa, los factores que han impedido la puesta en marcha del proyecto”, solicita el informe MICIT-DEMT-INF-010-2019 de octubre de este año.
