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¿Quién paga? No tener una respuesta viable a esta pregunta podría sepultar la iniciativa promovida por un grupo de jóvenes madres para ampliar de tres a seis meses la licencia de maternidad posparto.
Con esa idea se procura que la madre pueda cumplir, con más facilidad, el mínimo de seis meses de lactancia, y pasar más tiempo con el bebé.
El plan, aún en borrador, genera grandes interrogantes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el sector empresarial.
Rodrigo Bartels, doctor y coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la CCSS, explicó que si fuera la Caja la encargada de asumir esos tres meses adicionales de licencia tendría que aportar ¢10.500 millones más al año “y ahorita no los tenemos”.
Bartels aclaró que la Presidencia y la Junta Directiva de la Caja podrían tener un criterio distinto.
El año anterior la CCSS pagó ¢14.000 millones por maternidad. Hoy el ente asegurador cubre el 50% de la licencia por los cuatro meses que se otorgan –uno antes del parto y tres después–. El otro 50% lo pagan los patronos.
Shirley Saborío, directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo que no conocen el texto, pero en planes anteriores la principal observación es sobre ¿quién va a pagar?. En su criterio, sin un estudio actuarial no se podría cargar a la Caja y también representan un costo alto para las empresas.
Según datos de la Uccaep, de los 2,1 millones de trabajadores reportados en la Encuesta Nacional del año trasanterior, 754.000 eran mujeres y de esa cifra cerca del 80% laboraba para el sector privado.
Saborío añadió que el exceso de protección a ciertos sectores puede generar discriminaciones. En este caso, las empresas podrían restringir la contratación de mujeres.
Francisco Salas, abogado experto en derecho laboral de BDS Asesores, coincidió en que otorgar una licencia mayor a todas las madres “parece insostenible tanto para patronos como para la Caja”.
Niños más sanos. Melissa Flores, impulsora del plan y madre de gemelos de nueve meses, recordó la importancia de garantizarle la leche materna al niño en los primeros seis meses de vida.
Al dejar los bebés a los tres meses para volver al trabajo, disminuye la producción de leche materna porque gran parte se produce por estimulación y esto obliga a las madres a acudir a la fórmula como sustituto. Quienes no pueden pagar el producto le dan otras bebidas y terminan con los niños en el hospital.
Niños alimentados con leche materna, agregó, son más sanos y eso es un ahorro para la Caja.
Según Bartels, los beneficios de la lactancia materna son indiscutibles, pero en su opinión, se debe acudir a otros mecanismos para facilitar a la madre trabajadora el amamantamiento del niño.
Pese a su entusiasmo, Flores reconoce que el financiamiento es una gran barrera por vencer.
“La idea nuestra no es que este dinero salga de la Caja porque estamos conscientes de que no está en condición de asumirlo y tampoco los empresarios porque la mayoría son pequeñas y medianas empresas”, aseguró. El reto, dijo, es buscar recursos en otras fuentes.
El diputado de Frente Amplio, José María Villalta, quien se ha comprometido a colaborar con el proyecto en el Congreso, cree que se debe buscar un sistema solidario donde la Caja, los patronos y el trabajador aporten una parte. El camino será empinado. Otras 17 iniciativas de ley con fines similares han sido archivadas.
