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Recope admitió que ha cargado al precio de los combustibles algunos costos de su convención colectiva, pese a que la ley de la Aresep lo impide.
De esa forma, los consumidores de gasolina, diésel, gas de cocinar, búnker y otros han costeado el fondo de ahorro de los trabajadores, préstamos, el servicio de soda, así como útiles y becas a los hijos, entre otros beneficios que solo en el 2013 significaron ¢25.700 millones para 1.800 empleados.
Apenas la semana pasada, por primera vez, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rechazó trasladar a las tarifas de combustibles ¢5.000 millones por concepto de la convención colectiva, en una solicitud de ajuste planteada por la empresa estatal.
Por ello, aunque Recope solicitó un aumento de 6,3% en los hidrocarburos, lo cual implicaba un incremento promedio de ¢9, Aresep aprobó solo ¢3 en los litros de gasolinas regular y súper, y de ¢2 en el diésel.
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Los beneficios laborales que quería financiar Recope también incluían gastos en servicios de salud (trabajo social, psicología, odontología y ginecología, entre otros), dijo Aresep.
La Ley N.° 7.593 obliga a la Autoridad Reguladora a respetar el principio de servicio al costo, base para fijar tarifas y precios de los servicios públicos.
Tal principio dicta contemplar solo costos ligados a la prestación del servicio y obliga a excluir erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación de este.
No obstante, ante consulta de este diario, Recope admitió que incluye gastos de su convención en solicitudes de ajuste ordinario de precios de los combustibles.
“Tanto en la resolución RIE-055-2013 (fijación ordinaria de precios 2013), como en la RIE-014-2014 (fijación ordinaria de precios 2014), dichos gastos formaron parte de la fijación de precios que realizó Aresep. De igual forma, dichos gastos también formaron parte de fijaciones de precios anteriores”, indicó un breve mensaje de su oficina de prensa enviado a este periódico.
Datos depurados. La Nación consultó a Aresep si estaba al tanto de la inclusión de subsidios a la convención de Recope y por qué hasta este año la excluyeron por primera vez de las tarifas.
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Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de Aresep, argumentó que apenas hace año y medio empezaron a solicitar datos mucho más detallados de los costos operativos de Recope.
Agregó que se basaron en una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo a favor de Aresep, ligada a un recurso de revocatoria que interpuso la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) contra Aresep, por excluir gastos de su convención colectiva en un ajuste en tarifas de puertos.
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Según Quesada, el expediente N.° 94-2013-I de agosto del 2013, confirma la competencia de Aresep para excluir costos ajenos a la prestación del servicio público.
A partir de esto, agregó, pidieron a Recope datos de sus costos por más de un año, y en múltiples ocasiones, hasta tener claridad de cuáles rubros eran admisibles o no en ajustes. Por eso, afirmó, es hasta ahora que eliminan el apartado de la convención colectiva.
Según la resolución RIE-91-2015 de Aresep, que rechazó incluir los ¢5.000 millones de la convención en tarifas, “de reconocer y considerar todos los costos de la convención colectiva y permitir así que se trasladen indiscriminadamente a las tarifas, se estaría incumpliendo con el mandato que, por ley, tiene la Autoridad Reguladora y se condenaría a los usuarios a absorber la carga de ineficiencia que aquellos contienen”.
Y agregó: “Si bien la convención colectiva suscrita entre Recope y el sindicato de trabajadores es un contrato jurídicamente válido al tenor de lo dispone los artículos 62 de la Constitución Política, 1.022 del Código Civil, 54 del Código de Trabajo, contiene cláusulas que entran en abierta oposición al principio de servicio al costo y al principio de equilibrio financiero. Se revisó la imputación de costos asociados de dicha convención colectiva a fin de excluir las erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del servicio público”.
Recope y Japdeva analizan rebajar el peso de sus convenciones colectivas para asegurar su estabilidad financiera.
