La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) activará sus pólizas de seguro para cubrir los daños por sabotaje contra sus instalaciones ocurridos durante la huelga contra la reforma fiscal.

La aclaración trasciende este lunes, luego de que el jerarca de la empresa anunciara, la semana pasada, que acudiría a un alza de precios para cubrir los gastos ligados a los ataques y pérdidas relacionadas con la protesta que comenzó el 10 de setiembre contra la reforma fiscal.

Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, manifestó el martes 2 de octubre a Radio Columbia que Recope solicitaría un alza de precios en combustibles para atender los daños al poliducto y otras pérdidas por atrasos en la venta de combustibles.

Ante consultas de este diario sobre qué tipo de seguros tiene y si correspondía activarlos, la entidad aclaró que sí las utilizará para cubrir ¢4.600 millones en daños al plantel en Moín, Limón. Sin embargo, a este monto, explicó la empresa, deben sumarte el resto de afectaciones en sus demás instalaciones y en el poliducto.

Los costos pormenorizados se tendrán oficialmente en los próximos días, cuando Recope envíe el reporte correspondiente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como para la posible aplicación de los seguros.

“Muchos de los costos tendrán que ser trasladados a las tarifas porque no corresponden directamente al daño físico, sino que son resultado de medidas tomadas para enfrentar la paralización del servicio y la habilitación de operaciones”, aseguró el área de prensa de Recope.

Para el cobro de seguros o el trámite de estudios tarifarios, aclaró la empresa pública, falta finalizar los avalúos de los peritos, así como la elaboración de estudios técnicos detallados para determinar cuánto se recupera por medio de seguros y cuánto corresponde a costos que no cubren estos; por los cuales también hay que considerar el pago de los deducibles correspondientes; explicó Recope.

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La Nación también consultó qué tipo de pólizas y coberturas contrata Recope para sus instalaciones.

Según Recope, la empresa cuenta con la póliza de todo riesgo contratada con el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la misma cubre “todas las instalaciones, incluyendo el poliducto, esferas de gas, tanques de almacenamiento, edificaciones, y todos los componentes del Sistema Nacional de Combustibles”.

Esta póliza, aseguró Recope, cubre daños físicos por motín, huelga, conmoción civil y daño malicioso en cualquiera de esas instalaciones, y el deducible mínimo por concepto de cualquier daño derivado de esos conceptos es de $250.000 por evento.

Elian Rodríguez, presidente ejecutivo del INS, recordó que todas las instituciones de Estado realizan un análisis de riesgo muy profundo y, cuando adquieren seguros, toman aquellos centrados en cuál es su función y las instalaciones ligadas a esa labor.

En caso de infraestructura de servicios públicos, aseguró, los riesgos son mayores aunque aclara que en Costa Rica están bien aseguradas las entidades respectivas.

“Incluso, cuando nos damos cuenta de algún accidente o siniestro; vamos de oficio a ver qué ha pasado. Hace unos días de hecho fuimos a atender un tema ligado a un siniestro en una institución y pero, llegados al sitio, descubrimos que las personas en esa entidad ligadas al tema de las pólizas estaban en huelga”, explicó Villegas quien evitó detallar el caso.

Recope puede solicitar cada segundo viernes de mes un aumento extraordinario en los precios de los carburantes en Costa Rica cuando variables como el tipo de cambio del dólar o alzas de precio internacional de los productos importados así lo impongan.

El próximo pedido será este viernes 12 de octubre pero, por ahora, no está claro si la entidad pedirá un alza ese día por afectaciones derivadas de la huelga o si lo hará en su solicitud de ajuste ordinario (que se plantea una vez al año solamente), la cual Recope aún está pendiente de remitir a la Aresep para cubrir sus actividades en el 2019.

Daños

Entre las afectaciones sufridas por Recope, producto de la huelga, hay varias actividades ilícitas bajo investigación judicial.

Por ejemplo, el 17 de setiembre alguien abrió un orificio con broca en el poliducto, lo cual ocasionó un derrame de diésel sobre la Ruta 1 (Bernardo Soto) en El Coyol de Alajuela. Recope sospecha de personal de esa entidad, debido a que el ataque requiere de conocimiento especializado de esa infraestructura.

Además, el 12 de setiembre, personal de la institución rompió el panel eléctrico para el control de las esferas de gas licuado petróleo GLP (localizadas en el plantel de Moín), y removió de piezas de su sistema hidraúlico. Un funcionario de Recope enfrenta un juicio por este caso.

Respecto a las calderas de asfalto, también en Moín, alguien las apagó (algo que nunca se hace), lo cual hizo que el producto se endureciera dentro de estas al punto que se interrumpió su suministro por tres semanas.

Esto, según la Cámara Costarricense de la Construcción, provocó el despido de 300 personas por parte de empresas dedicadas a obras viales que, sin asfalto disponible, detuvieron labores.

A eso se suman gastos adicionales de Recope por medidas de contingencia y tardanzas en el suministro de carburantes. Esto porque durante al menos 10 días, la entidad sólo vendió combustibles en el plantel de El Alto (Ochomogo), mientras los huelguistas mantenían bloqueos en los planteles de Barranca (Puntarenas) y La Garita (Alajuela).

La presencia de manifestantes en estos lugares afectó la distribución de combustible a las estaciones de servicio, especialmente en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas.