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El plan para que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) industrialice y distribuya energías alternativas podría tropezar a falta de un manual de puestos para la nueva estructura y alertas internas de más análisis por posibles demandas del personal que resulte despedido o con menos remuneración debido a los cambios.
La iniciativa pretende que Recope investigue, industrialice y distribuya energías alternativas con lo cual se diversificaría su actividad actual basada en importación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ya aprobó la reorganización que le presentó en diciembre Alejandro Muñoz, jerarca de Recope, según el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0088-2020 del 21 de enero anterior.
En su respuesta, Garrido señala que Recope perdió enfoque en procesos, padece duplicación de funciones e incluso sus gerencias y áreas tienen dificultades para idear y ejecutar planes.
“El mantenimiento de instalaciones presenta descoordinación y falta de estandarización de procesos porque hoy tres gerencias desarrollan esas labores”, cita el oficio el cual, en otro punto, añade que “los servicios de recursos humanos son inefectivos, lentos, burocráticos y no resuelven las necesidades de forma oportuna”.
El plan propuesto eliminaría los problemas al transformar toda la estructura gerencial y operativa, con lo cual se afectarían plazas, perfiles profesionales, actividades y remuneraciones de los 1.700 trabajadores, quienes recibieron ¢33.7333 millones en remuneraciones (¢19,8 millones por trabajador en promedio) en el 2019.
Tan profundo es el cambio planteado que desaparecen las actuales gerencias de Ventas y Distribución, por lo que la importación de combustibles y su distribución las asumiría la Gerencia de Operaciones ya existente.
La Gerencia de Desarrollo se elimina y se crea la Gerencia de Servicios Técnicos que vería todo el mantenimiento de instalaciones, gestión ambiental y de calidad y prevención de riesgos. Se crea la Gerencia de Innovación para labores de investigación y nuevos planes la cual, absorbería las direcciones de Tecnología y Diseño de Soluciones.
Se elimina el Departamento de Formulación de Proyectos y todas sus actividades pasarían al Departamento de Planificación Empresarial.
Además, se suprime a nivel de la alta gerencia administrativa la Contraloría de Servicios y el área de Comunicación y Relaciones Públicas hoy adscritas la Presidencia ya que la Gerencia de Innovación las absorbería.
Actualización. Sin embargo, Recope primero debe actualizar su manual descriptivo de puestos; labor en donde acumula ya dos pifias en los últimos años en intentos de actualizar su manual vigente.
Ese documento es la referencia ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda que precisa perfiles laborales, funciones del personal y remuneraciones del personal de la empresa.
Un informe del área jurídica y de recursos humanos de Recope del 14 de febrero pasado, recuerda que la entidad gestionó ante la STAP un estudio integral de puestos entre los años 2007 y 2008.
Antes de ese intento, la última actualización de puestos y funciones que aprobó STAP a Recope fue en junio del 2000.
La institución gastó ¢93 millones en ese proyecto el cual, al final, se declaró fallido, indica el informe. Este añade que lo mismo le pasó con una iniciativa similar entre los años 2012 y 2017 cuando Recope contrató por ¢109 millones al Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica.
La empresa no se dio por vencida y, entre mayo y noviembre del 2018, creó otro manual de puestos que sometió a aprobación de la STAP, que a la fecha continuaba con el envío de observaciones a Recope.
La propia STAP comunicó a Recope que iba a interrumpir ese seguimiento porque conocía de la aprobación del Mideplán para una nueva estructura, revela el oficio STAP-0192-2020 del 14 de febrero dirigido a Muñoz.
En el mensaje, la STAP aclara a Recope que debe así presentar otro manual de puestos para la futura estructura, el cual se revisará antes de una eventual aprobación con fines de asignación presupuestaria.
La STAP incluso solicita a Muñoz aclarar a qué corresponde el supuesto costo de implementar la nueva estructura organizacional por ¢1.200 millones y en qué consiste un supuesto ahorro de ¢1.400 millones “que genera una diferencia positiva de ¢200 millones”.
Demandas en el horizonte
El informe de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos lanza otras advertencias como, por ejemplo, que Recope debería elaborar un estudio técnico calificado en términos técnicos, económicos, legales y jurisprudenciales que cumpla “elementos esenciales que el ordenamiento jurídico ha definido a fin de afrontar de manera eficaz los posibles procesos judiciales que pudieran plantearse a futuro con ocasión del proceso de reorganización”.
También cree necesario que la dirigencia de Recope se asesore con una firma externa acreditada en temas de reorganización de entidades públicas “dada la especialidad de la materia que se trata y la complejidad que ello involucra”.
El reporte concluye necesaria esa asesoría para minimizar “riesgos desde el punto de vista judicial, económico, imagen pública y de organización interna que pudieran derivarse de un proceso como este”.
Inclusive, advierte de que existe una “duda razonable” por la posible indemnización que pudiera ofrecer Recope por la reorganización a parte de su personal, “sea porque sus plazas no se requieren dentro de la nueva estructura orgánica o porque estos no acepten la reducción subsecuente de sus salario debido a reasignaciones de plazas”.
Legalidad por bandera
Ante consultas de La Nación sobre este tema, el área de prensa de Recope informó de que la reorganización administrativa tiene como objetivo generar una mejora en la gestión institucional y que se refleje en una mejora del servicio público pero, aclaró, resguardando el principio de legalidad en cada paso.
Según el área de prensa, Recope sí elaboró un estudio técnico de la nueva estructura organizacional el cual presentó a Mideplán.
La empresa también afirma que ya realizó estimaciones para indemnizar al personal afectado por los cambios. Estas proyectan “un eventual rubro de indemnizaciones de ¢328 millones, monto que se compensará con los eventuales ahorros que se deriven de la nueva estructura. Esta suma resulta preliminar y podría disminuir en la etapa de implementación”.
También se le consultó cómo se resguardará al principio de legalidad ante alertas de su área jurídica que sugiere buscar asesoría externa.
“El nivel de resguardo se realiza al amparo del principio de legalidad en cumplimiento con la normativa que regula los procesos de reorganización administrativa en todas las etapas del proceso. Así lo confirma Mideplán, que aprobó en primera instancia la propuesta de reorganización administrativa planteada por Recope”.
Sobre contratar asesoría externa para analizar los cambios y minimizar riesgos por demandas u otras afectaciones, declaró que es una facultad que tiene la cual a la fecha no se descarta.
