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Desde diciembre del 2020, el regidor Diego Miranda Méndez envió un oficio al Concejo Municipal de San José en el que advirtió sobre presuntos nombramientos irregulares en juntas de educación de jardines de niños, escuelas y colegios del cantón capitalino.
Esos órganos son los encargados de manejar miles de millones de colones que el Ministerio de Educación Pública (MEP) y otras entidades transfieren todos los años a los centros educativos para el pago de servicios públicos, mantenimiento, transporte, suministros de oficinas, alimentación, limpieza y otros.
De acuerdo con la normativa vigente, los regidores deben nombrar los integrantes de las juntas con base en las ternas enviadas por los directores y profesores de cada institución educativa. Sin embargo, desde octubre del 2020, el Concejo Municipal capitalino obvió la legislación y realizó 61 nombramientos ajenos a las ternas enviadas por 17 centros educativos.
“De la manera más respetuosa, las líneas anteriores tienen como intención concluir y recomendar a las y los ediles que se deje de utilizar la figura de las “ternas comunales” en el nombramiento de las Juntas de Educación y Juntas Administrativa, ya que dicha figura no existe legalmente y al utilizarla se está violentando la normativa que como funcionarios públicos debemos respetar y cumplir”, dijo Miranda en el oficio JSJO-MSJ-023-2020, del 4 de diciembre de 2020, el cual no fue respondido por el Concejo Municipal. La Nación tiene copia de esa nota.
“Por otra parte, recomiendo encontrar el vehículo legal para subsanar todos los nombramientos realizados bajo esa figura de “terna comunal” o de propuestas de nombramientos al margen de las ternas oficiales, pues dichos acuerdos podrían tener algún grado de nulidad”, agregó el regidor, electo por la Coalición Juntos San José. Su petición fue ignorada por sus compañeros.
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Según Miranda, el Concejo Municipal no respondió nada ante sus observaciones y peticiones. Los regidores josefinos son los encargados de nombrar a los integrantes de las juntas de educación de más de 100 centros educativos en el cantón.
Frente al silencio de sus compañeros, Miranda presentó en abril pasado una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el presunto delito de nombramientos ilegales. El caso, según confirmó el Ministerio Público, se tramita bajo el expediente N.° 22-000122-1218-PE.
Descubrimientos
En algunos casos, el Concejo Municipal capitalino colocó a miembros de una misma familia en una misma junta de educación, lo cual infringe el artículo 13 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. En total, el ayuntamiento designó 15 personas de seis familias en 16 jardines de niños, escuelas y colegios de San José.
Una de las juntas electas utilizando “ternas comunales” sin especificar quién o cómo hizo la postularon, es la del Liceo de Costa Rica. Allí, según las actas de la organización, contrataron 60 desayunos por casi ¢1 millón, en agosto de 2021, a una empresa de familiares de la secretaria de la Junta, Alejandra Madrigal Fernández. También realizaron otras compras por ¢6,8 millones a empresas de otros allegados.
El 25 de abril, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que abrió una causa judicial relacionada con las compras en el Liceo de Costa Rica por el presunto delito de peculado.
“Es inaceptable que este Concejo Municipal siga violentando el cuerpo normativo y se atribuya potestades que no le han sido otorgadas, que si bien es cierto somos nosotros como cuerpo colegiado quienes nombramos a las juntas de educación y juntas administrativas de conformidad con el numeral 13 del Código Municipal, debemos seguir los preceptos plasmados en la Ley Fundamental de Educación y en el Decreto 38.249-MEP”, concluyó el regidor de la Coalición Juntos San José.
Semanas atrás, Ulises Alexánder Cano Castro, de 54 años, regidor del PLN y presidente del Concejo Municipal de San José durante el periodo que se realizaron los supuestos nombramientos ilegales, declaró en una entrevista con este diario que ellos corrigieron la forma de elegir a los integrantes luego de conocer un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
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En este gráfico interactivo los puntos de color azul representan personas y los puntos de color anaranjado representan centros educativos. Cuanto más grande sea el punto, más conexiones tiene la persona/centro educativo. De clic en los puntos para obtener información adicional.
