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La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organización con 600 afiliados en la Municipalidad de San José, cuestionó el pago de dietas millonarias a once dirigentes de otros sindicatos de ese ayuntamiento por participar en las sesiones de la Junta de Relaciones Laborales.
“Ese pago es absolutamente desproporcionado e irracional. Es cierto que es legal porque está fijado en la convención colectiva, pero no es moral ni es ético. Ese pago ha sido utilizado por la Municipalidad para lograr la complicidad de los sindicatos que las perciben”, expresó Susan Quirós, dirigente de la UTN.
La Nación reveló esta semana que líderes de seis sindicatos del ayuntamiento capitalino cobran dietas que oscilan entre ¢92.000 y ¢183.000 por acudir a sesiones que no tardan más de 30 minutos, las cuales se realizan seis veces al mes y dejan a algunos de ellos hasta ¢12,6 millones al año.
“Consideramos que a los representantes sindicales no se les debería pagar una dieta por ir a representar a los trabajadores en la Junta de Relaciones Laborales, porque eso es parte de las funciones de un líder sindical, es parte de los compromisos que asume cuando acepta el cargo. Entonces no se les debería pagar”, aseveró Quirós.
La UNT es el segundo sindicato con más afiliados en ese gobierno local. Sin embargo, no es firmante de la convención colectiva que creó, hace 20 años, tanto la Junta de Relaciones Laborales como el pago de la dieta, pues comenzó a afiliar empleados municipales apenas en 2018.
Quirós recordó que en el 2020, se tomó un acuerdo para hacerle un ajuste salarial del 0,10% a todos los funcionarios delan del ayuntamiento, pero los miembros de la Junta de Relaciones Laborales, argumentando que la Municipalidad estaba enfrentando una crisis, pidieron dejar sin efecto el ajuste.
“Yo me pregunto ¿por qué piden renunciar al ajuste salarial de 0,50% y no renunciar al pago de dietas? ¿Por qué renunciar al ajuste salarial y no al aumento en el pago de las dietas?”, cuestionó Quirós.
Acudirá a la Sala IV
Con una acción de inconstitucionalidad, el regidor josefino Luis Diego Miranda, confía en ponerle freno al pago de las dietas que reciben los dirigentes sindicales que integran la Junta de Relaciones Laborales de ese ayuntamiento.
Miranda aseguró que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el artículo ocho de la convención colectiva, el cual permite el pago de las jugosas dietas.
“Nos parece que es un artículo abusivo, que ha tenido la complacencia de la Administración, porque ese artículo ha estado presente durante 30 años, porque esa convención colectiva se firmó desde los años noventa. Además, no es casual que, entre tanta corrupción que se ha ventilado en la Municipalidad de San José, los sindicatos nunca hayan denunciado sobre la corrupción”, comentó Miranda.
Para el regidor, no tiene sentido pagarle a los sindicalistas por representar a los trabajadores en la Junta de Relaciones Laborales, porque ya gozan de licencias sindicales para realizar sus labores como dirigentes gremiales.
“Es un hecho que vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad, muy probablemente la presentaremos después de Semana Santa”, declaró.
Igualmente, Andrea Rudín, también regidora municipal, expuso a este medio su malestar por el uso de fondos públicos para costear privilegios para una cúpula sindical.
La Junta de Relaciones Laborales está integrada por representantes de los sindicatos, la Alcaldía y el Concejo Municipal. Entre sus funciones están atender inconformidades de los trabajadores, resolver asuntos disciplinarios como amonestaciones, suspensiones y despidos sin responsabilidad patronal y renegociar la convención colectiva. Por cada sesión, los miembros suplentes reciben ¢183.000 y los suplentes ¢92.000.
De acuerdo con datos suministrados por el Ayuntamiento capitalino, solo el año pasado pagó ¢12,6 millones a varios sindicalistas por su asistencia a las reuniones de la Junta de Relaciones Laborales. Una de las personas que recibió esa cifra fue Leonardo Araya Montero, jefe de la Plataforma de Servicios del Ayuntamiento y representante del Sindicato de Trabajadores Municipales. Adicional a los ¢12,6 millones anuales en dietas, Araya Montero cobró ¢2,9 millones al mes como salario bruto.
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Para dimensionar el desembolso, un representante sindical con cargo de titular en la Junta de Relaciones Laborales gana ¢183.000 por sesión; eso es más de lo que recibe un trabajador no calificado por quincena, según la escala salarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Además, los ¢107 millones transferidos a los 11 sindicalistas en 2021 son ¢47 millones más de la suma que la Municipalidad presupuestó en el 2022 para mejorar sedes policiales e instalar cámaras de vigilancia en espacios públicos. También es ¢57 millones mayor a lo destinado para el alcantarillado pluvial de Bella Vista, en Pavas, y supera en ¢77 millones a lo reservado para “fomento de la educación y capacitación de jóvenes”.
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Son abundantes los fallos de la Sala Constitucional que han eliminado beneficios de las convenciones colectivas por considerarlos irracionales o desproporcionados. Por ejemplo, en mayo de 2019, los magistrados reiteraron que el tope por auxilio de cesantía no puede superar los 12 años. Por muchos años, algunas entidades estatales pagaron hasta 20 años de cesantía.
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