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El proyecto para que el canon que pagan todos los proveedores de servicios públicos caiga en una sola bolsa para hacer frente indemnizaciones a autobuseros que demandan a Aresep, tiene el apoyo del regulador general, Roberto Jiménez.
Se trata de la reforma a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) propuesta por el diputado Luis Ramón Carranza Cascante, del Partido Acción Ciudadana (expediente 22.064), y la cual ya se encuentra en la agenda del plenario legislativo.
El cambio elimina la recaudación del canon de regulación en forma individual por sector regulado para crear un fondo único donde se juntaría el canon al margen del sector del cual proceda el recaudo.
La modificación al artículo 82 establece en forma expresa que estos dineros también se utilizarían para costear el pago de indemnizaciones por demandas contra la Aresep.
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Eventualmente, podría implicar aumento en las tarifas que pagan los usuarios de todos los servicios, sin relación con autobuses.
Para el regulador Jiménez, el ajuste del artículo 82 “traerá una mayor justicia distributiva en la carga del canon de regulación entre todos los regulados”, el cual sale de las tarifas que pagan los usuarios de los servicios públicos; agregó el funcionario.
En su criterio, “no tiene que ver con favorecer a ningún prestador”, pues a su juicio el plan de ley no se refiere a un sector en particular sino a todos.
“Cualquier reforma al artículo 82 de la Ley 7593 no tiene que ver con favorecer a ningún prestador; en primer lugar, porque no se refiere a un sector en particular sino a todos y, en segundo, porque, como ya se explicó, el canon de regulación no lo paga el prestador de sus propios recursos, sino que se traslada a la tarifa, lo pagan los usuarios de los servicios públicos”, manifestó.
De acuerdo con el jerarca, los legisladores más bien aplican principios de solidaridad, equidad, igualdad y proporcionalidad en la distribución de las cargas.
¿Por qué? Según señala Jiménez, por el efecto que tendrá en las tarifas que pagan los usuarios de cada servicio.
“El impacto es ínfimo; en ocasiones imperceptible. Mientras que si se carga al propio sector y subsector el impacto es mayor”, dice.
Insistió, además, en que si se cargara al sector transporte público, afectaría a la población más pobre del país.
“¿Sabía usted que mientras que entre los usuarios del servicio de agua y energía eléctrica hay ricos y pobres y los consumidores del servicio de combustible gozan de mayor solvencia, los usuarios del transporte público son por el contrario la población trabajadora, la población más pobre?”, argumentó.
Otros de los aspectos que cita Jiménez para defender el proyecto, es que la reforma del artículo 82 no afectaría la actividad de regulación de ningún sector.
Para el jerarca, la Aresep es una única institución y no un ente fragmentado. Al ser así, una entidad de regulación multisectorial, opina que se debe ver como tal en todas las dimensiones, incluida una reforma por la cual todos los sectores financiarían el pago de indemnizaciones originadas en un único sector regulado.
“Lamentablemente, las posibles indemnizaciones afectan un sector específico por decisiones pasadas que es necesario asumir ahora”, manifestó.
Sin embargo, la carga “la deben soportar todos los regulados”.
El regulador considera que sería importante que el Poder Judicial comprenda las implicaciones de decisiones ligadas a los juicios contra la Aresep pues, para él, tales decisiones en los tribunales “muchas veces son tomadas sin un suficiente argumento técnico y sin medir las consecuencias sobre los usuarios de los servicios públicos”.
