Un grupo de 15 adultos mayores que residían en un albergue de Oreamuno de Cartago, donde presuntamente sufrían abusos sexuales, estafas y abandono fueron reubicados en otro establecimiento.

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) confirmó que el pasado 10 de diciembre se trasladó a la mayoría de los residentes del Centro Diurno y Albergue San Rafael.

Conapam detalló que las diligencias fueron realizadas ante la inminente clausura del local, la cual supuestamente se iba a realizar este martes 15 de diciembre, pero que al final no se ejecutó.

El Ministerio de Salud explicó que el establecimiento no sería cerrado aún, pues hay nueve adultos mayores residiendo allí.

El pasado mes de noviembre, dicha cartera confirmó que había presentado una denuncia penal por presuntos delitos cometidos contra los residentes del albergue.

La denuncia señala la supuesta existencia de “abusos y agresiones físicas, sexuales y psicológicas”, así como de “hostigamiento sexual, extorsión y abuso patrimonial”.

Edgar Muñoz, director técnico de Conapam, explicó que ellos deberán estar presentes en día en que finalmente se cierre el hogar para brindar transporte y reubicar a los adultos mayores que no quisieron irse el 10 de diciembre.

“El día que el Ministerio de Salud diga que va a poner los sellos amarillos vamos a estar ahí presentes con las busetas ofreciéndole el hogar de ancianos al adulto mayor. Si no quiere el hogar de ancianos, ya no podemos hacer nada”, dijo Muñoz.

Indicó que el prime grupo de residentes fue trasladado a dos hogares en Desamparados y Aserrí. Para ellos se contó con la aprobación tanto de ellos como de sus familiares.

“Los demás, no quisieron salir (...). Pero el Ministerio de Salud es quien tiene que cerrar, no nosotros; entonces, en el momento en que ellos cierren, deben de salir. Si ellos no cierran, permanecerán ahí adentro”, alertó.

El director técnico de Conapam agregó que para poder reubicar a los residentes se realizó un esfuerzo que tomó tiempo, pues debían realizarles pruebas de covid-19 a los adultos mayores antes de efectuar el traslado.

Muñoz relató que como todos dieron negativo, se procedió a su traslad. Las pruebas, las busetas y ambulancias utilizadas en el proceso fueron brindadas por la Red de Cuido de adultos mayores de Curridabat.

Según indicó Salud días atrás, el “abandono” de estas personas les llevó a ordenar al Conapam reubicar de inmediato a los 24 residentes del Centro.

Este martes ,La Nación visitó el Centro ubicado en San Rafael de Oreamuno, y pudo comprobar la presencia de adultos mayores en las instalaciones, incluso un grupo de personas estaba realizando actividades navideñas con los residentes.

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Caso fue elevado a tribunales de justicia

Salud denunció penalmente a la representante legal del centro, de apellidos Quirós Masís, y a la directora del albergue, de apellidos Granados Jiménez, desde el 31 de julio pasado.

La denuncia planteada ante el Ministerio Público también habla de los supuestos delitos de “estafa, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos”, confirmó Salud a La Nación.

La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó que, ante una denuncia interpuesta por el Ministerio de Salud, se abrió una investigación en contra de las dos mujeres.

El caso, que se tramita bajo el expediente 20-001947-0345-PE, está en una fase que es privada.

Este martes, cuando La Nación visitó el centro se intentó hablar la mujer de apellido Quirós, sin embargo, esta indicó que su abogado le recomendó guardar silencio.

El 29 de julio del 2020, tan solo dos días antes de acudir a la Fiscalía, Salud denunció la situación ante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Luego, el 18 de agosto, las autoridades del Misterio le giraron una orden sanitaria a Emiliana Rivera Meza, directora ejecutiva del Conapam, ordenando la reubicación inmediata de la totalidad de los adultos mayores del centro.

Al Consejo se le advirtió de que, en caso de incumplimiento, se procedería a elevar el caso ante los Tribunales de Justicia, por desacato a una ordenanza de Salud.

Según reconoció la directora ejecutiva del Conapam este 2 de diciembre, además de la acusación que les envió Salud, ya contaban con más denuncias de otras personas. Sin embargo, Rivera afirmó que no existían pruebas.

“Las denuncias que se habían recibido del centro, efectivamente fueron verificadas, pero no se tuvo una evidencia clara. Para poder elevar una denuncia a las instituciones correspondientes, usted tiene que tener una evidencia clara de que se está cometiendo un ilícito”, expresó en esta ocasión.

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