EscucharLa empresa Riteve, encargada de realizar la revisión técnica de vehículos, envió consultas a la Contraloría General de la República en las cuales cuestiona el cartel y el modelo anunciado por el Gobierno para dar continuidad a ese servicio que es requisito de ley para todo automotor.
El contrato con Riteve vence el 15 de julio a las 4 p. m. tras 20 años de operación como concesionario en los cuales, financiado por la tarifa, compró tierras, construyó edificios para revisión y compró equipos, los cuales, ahora, pasarán a ser propiedad del Estado.
La semana pasada, el presidente Rodrigo Chaves anunció que no daría más extensiones de contrato a la empresa para operar en el país y más bien declaró que su Gobierno abrirá un nuevo concurso para dar la operación mediante un permiso de uso en precario a una empresa por elegir. Agregó que Riteve SyC puede participar en el concurso, pero, como otro más.
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Este martes, Riteve SyC anunció que detectó “una serie de vacíos, contradicciones y posibles inconsistencias legales que no permiten tener claro el panorama de la propuesta”, situación que les impide tomar la decisión sobre si participar o no en el concurso anunciado por el mandatario.
“Para cualquier empresa ética y responsable es indispensable tener claros los detalles y estar seguros de que el concurso cumple con una base legal sólida y que en efecto vaya a llegar a buen término”, comentó Jennifer Hidalgo, subgerente de Comunicación de Riteve.
A partir del 16 de julio y hasta el 15 de setiembre, la revisión técnica vehicular en el país se suspende. Durante ese tiempo, el Gobierno evaluará propuestas de empresas y concederá el permiso. Los propietarios de vehículos con placas 7, 8 y 9, que deben someterse en ese lapso a revisión para obtener el permiso de circulación, podrán transitar en esos dos meses sin problema.
Aunque el Gobierno presupuestó una baja en tarifas, inicialmente, en setiembre, serán las mismas que ahora: ¢16.481 para autos particulares. En caso de no pasar en la primera prueba, la reinspección tiene un costo de ¢8.240.
Los puntos que Riteve cuestiona del cartel y la propuesta del Gobierno son los siguientes:
- Legalidad del uso de la figura de “Permiso en Precario” para un servicio público de esta magnitud respecto a la Ley de Tránsito y la Constitución Política.
- Legalidad de la omisión de requisitos que aseguran calidad del servicio, específicamente lo relacionado con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), como requisito de ley.
- Inconsistencias respecto a las tarifas que se planean ofertar, las vigentes y las determinadas por la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), ante una posible incompatibilidad legal del uso de estas.
- No se detallan las situaciones operativas con respecto a la cantidad de líneas que deben ofertarse.
- Falta de publicación del pliego de condiciones en los medios oficiales (diario oficial La Gaceta o Sistema Integrado de Compras Públicas).
- Ausencia de detalles respecto a las condiciones de sustitución y adquisición de equipos.
- Plazos de difícil o imposible cumplimiento ante documentación extranjera que requiere ser presentada como requisito de oferta, afectando la posibilidad de participación de los oferentes (11 días hábiles para presentación de documentos consularizados o apostillados).
- Aclaración sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas y preocupación ante la falta de proporcionalidad entre la experiencia requerida y el flujo real del servicio en la actualidad. (Se solicita una experiencia de 2 millones de revisiones de vehículos en 10 años, cantidad que representa apenas poco más de lo que se inspecciona en Costa Rica en un año).
- Ausencia de información para calcular la inversión necesaria a la operación.
- Ausencia de garantías que permitan asegurar una participación de oferentes de calidad.
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Riteve inició operaciones en el país en el 2002, inicialmente por un período de 10 años, que según el contrato solo podía ser prorrogado una única vez por un lapso igual. Esa situación fue la que llevó a la empresa a mantenerse a cargo del servicio hasta este año.
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Desde inicios del 2021, la Contraloría General de la República venía realizando varias advertencias sobre la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación, así como las gestiones necesarias para el cierre contractual y el traslado de activos a manos de Gobierno. Sin embargo, no se avanzó en esa línea y más bien las anteriores autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), recibieron llamadas de atención por no acatar de las disposiciones del ente contralor.
La administración de Carlos Alvarado presentó, en abril pasado, una solicitud de prórroga ante la Contraloría, pero esa petición fue rechazada pues carecía de información técnica, por ejemplo, los detalles sobre el modelo a seguir, el mecanismo tarifario y los términos de la nueva licitación.
