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Luego de permanecer tres meses en prisión preventiva, el sacerdote Jorge Arturo Morales Salazar quedó en arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones que se le siguen por los delitos de abuso sexual y tentativa de violación en perjuicio de un menor de edad.
El cambio de medida cautelar para los próximos seis meses fue ordenado por el Juzgado Penal de San José, el 19 de junio, debido a las condiciones de salud que el cura alegó sufrir.
Morales, de 55 años, presentó como prueba un dictamen emitido por el Departamento de Medicatura Forense del Poder Judicial, según el cual, el imputado tiene un padecimiento de salud, mismo que no puede ser revelado por las autoridades.
“El Juzgado ordenó el arresto domiciliario con monitoreo de Fuerza Pública las 24 horas, medida que regirá por los próximos seis meses. En caso de que exista inconveniencia para ejecutar lo resuelto, se señalará nuevamente una audiencia para valorar un cambio o imposición de más medidas cautelares”, señaló la Fiscalía de Género.
El religioso fue detenido el 21 de marzo, cuando se disponía a abandonar el país por la frontera sur. De ahí fue trasladado vía aérea hasta el aeropuerto Tobías Bolaños para luego ser puesto a las órdenes de la Fiscalía que pidió la prisión preventiva.
La solicitud fue acogida por el Juzgado Penal, y ahora modificada ante la gestión del reo.
La causa judicial se inició con la denuncia presentada por un hombre, por hechos que habrían ocurrido entre 2009 y 2011 en la casa cural de la parroquia del Perpetuo Socorro, en Sabana. Para ese tiempo, la presunta víctima era menor de edad.
Ese caso se tramita bajo el expediente 19-000192-0994-PE.
El mismo denunciante interpuso un proceso canónico contra Morales, la cual fue tramitada por la Iglesia católica. Aunque el Vaticano resolvió ese caso en octubre del año pasado, el Tribunal Eclesiástico de la Conferencia Episcopal de Costa Rica apeló la sentencia, sin que las autoridades religiosas dieran a conocer el contenido de la misma.
Según había comunicado la curia metropolitana, el sacerdote Morales no tenía oficios parroquiales y su ejercicio se limitaba a ofrecer misas en un monasterio de monjas contemplativas en Guadalupe, Goicoechea. Esa medida la tomaron a raíz de la denuncia canónica contra el cura.
Otros procesos
La denuncia contra Jorge Arturo Morales es una de las tres investigaciones que el Ministerio Público tiene abiertas contra sacerdotes costarricenses por supuestos delitos sexuales contra menores de edad.
El caso más antiguo es el que se sigue contra Mauricio Víquez Lizano bajo el expediente 18-000854-0994-PE. El Vaticano lo encontró culpable de dos delitos sexuales contra menores de edad, por lo que resolvió expulsarlo del estado clerical, el pasado 25 de febrero.
Pocos días antes, Mauricio Víquez salió del país rumbo a Panamá. Esos hechos ocurrieron el pasado 7 de enero y desde entonces las autoridades desconocen el paradero del excura. Incluso giraron la orden de captura internacional mediante la Interpol, sin que hasta ahora se ubique al religioso.
Este caso prescribirá en setiembre próximo, cuando la persona denunciante cumpla 28 años, pues no le aplica la nueva legislación que establece una prescripción de 25 años luego de las víctimas menores cumplan la mayoría de edad, es decir, hasta que lleguen a los 43 años.
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Las autoridades también investigan al cura Manuel Antonio Guevara Fonseca, bajo el expediente 19-000569-0175, por presunto abuso sexual contra un menor de edad.
Guevara se desempeñaba como párroco de la iglesia de Santo Domingo de Padua, en Heredia. El cura fue removido de sus ejercicios días antes de que trascendiera la denuncia en contra suya.
Dos personas elevaron denuncias al Vaticano contra el cura Guevara Fonseca, sin que hasta ahora se hayan resuelto.
Por las denuncias contra Guevara Fonseca y Víquez Lizano, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial allanaron la Conferencia Episcopal, sede la organización religiosa en Costa Rica, el 7 de marzo.
Las autoridades confiscaron cientos de papeles que resguardaba el Tribunal Eclesiástico, ente encargado de tramitar las denuncias canónicas contra sacerdotes y miembros de la Iglesia.
La Fiscalía Adjunta de Género confirmó a La Nación, que hasta el momento no ha abierto otra investigación como resultado de la inspección de los archivos confiscados.
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