EscucharLa Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo interpuesto por la compañía Huawei Technologies Costa Rica S. A. contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por excluirla como posible proveedora de redes y soluciones de tecnología 5G en Costa Rica, con base en un decreto del mandatario Rodrigo Chaves.
La gestión fue presentada por Yang Peng, gerente general con facultades de representante general sin límite de suma de la empresa, el 28 de setiembre, y se tramita bajo el expediente 23-023887-0007-CO.
El amparo fue cursado, confirmó la oficina de prensa del tribunal constitucional.
Según el reclamo, las acciones del ICE basadas en la decisión del Gobierno de dejar por fuera a empresas chinas para el desarrollo de 5G, representan “amenazas inminentes” contra Huawei, las cuales de materializarse violarían gravemente sus “derechos fundamentales”.
Entre esos derechos amenazados, citó el representante, están el de libre competencia y el derecho de participación igualitaria en licitaciones públicas.
En el amparo, el representante chino alega que Huawei está dispuesta a participar en el concurso público que abrirá el ICE para implementar y operar tecnología 5G en sus redes.
No obstante, el 31 de agosto el Poder Ejecutivo promulgó y publicó en La Gaceta el “Reglamento sobre Medidas Cibernéticas aplicables a Servicios de Telecomunicaciones Basados en Tecnologías de la Información de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”, que contiene disposiciones que impiden expresamente a Huawei participar en esa licitación pública.
En efecto, el decreto Nº 44196-MSP-MICITT impone que en Costa Rica solo se podrán adquirir equipos o programas para servicios de 5G de empresas que provengan de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001. China no lo firmó.
Estados Unidos y otros 65 países han firmado el convenio, lo que significa que las empresas provenientes de estos países pueden participar.
Yang Peng afirmó que tanto el presidente Rodrigo Chaves como Marco Acuña Mora, jerarca del ICE, y Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, han manifestado públicamente que la promulgación del reglamento se hizo con la razón específica de impedir la participación de empresas de diversas nacionalidades, especialmente las de origen chino.
”Además, y como prueba fehaciente y absoluta del riesgo” que existe para esa empresa, dice textualmente el amparo, el representante indicó a los magistrados constitucionales que el 5 de setiembre recibió un correo electrónico de la administración del ICE con un cuestionario indagando sobre el cumplimiento del reglamento.
El correo indicó que Huawei contaba con cuatro días hábiles para responder.
Solicita suspender licitación
“Dado que estamos ante un caso excepcional, si la ejecución del acto futuro lesivo de nuestros derechos fundamentales y que está casi en fase de ejecución no se suspende, el daño (para Huwaei) sería irreparable e irreversible ya que no sería capaz de participar en el citado concurso público”, indica el recurso de amparo.
Para dar una idea de la irreparabilidad e irreversibilidad de la decisión del Gobierno, señala que las operaciones de Huawei con el ICE representan 60% de su negocio en Costa Rica.
De impedirse a la firma asiática participar, advierte el amparo, 80 empleados en Costa Rica perderían sus puestos, aparte de causar pérdidas económicas a la empresa.
Por esta razón, Huawei solicitó a la Sala que como medida cautelar suspenda la publicación de cualquier pliego o, en caso de que ya esté publicado, congelar cualquier proceso de licitación por parte del ICE en el que se aplique el reglamento mientras la Sala se pronuncia sobre el fondo del recurso de amparo.
Además, en caso de que el ICE notifique a Huawei la imposibilidad de brindar 5G en Costa Rica, pidió a los magistrados constitucionales convertir el recurso de amparo en una acción de inconstitucionalidad con el fin de que varias partes del reglamento impugnado sean eliminadas del ordenamiento jurídico y no puedan aplicarse.
