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El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, sostuvo que la huelga convocada para este lunes pretende obligar al Gobierno a que convoque a una mesa de diálogo nacional sobre el plan de reforma fiscal que se tramita en el Congreso.
El movimiento centra su molestia sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual es impulsado por el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, al ser consultado esta mañana por teléfono, Cascante, líder del llamado Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), declinó detallar las objeciones puntuales del movimiento sindical a la iniciativa ni sus sugerencias específicas de cambios.
Eso sí, recalcó que la única razón para este movimiento de presión es obligar a la convocatoria de una mesa de diálogo con el Gobierno.
"Nosotros presentamos propuestas específicas y ellos no se han querido sentar a revisarlas", se limitó a responder Cascante.
Sin embargo, el área de prensa del Ministerio de Trabajo confirmó sí se han realizado tres reuniones del Gobierno con varios líderes sindicales; incluido Cascante quien acudió a dos de las citas.
Los encuentros se realizaron el 25 de mayo, 8 de junio y 22 de junio en la sede de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
No obstante, según Cascante, el "paquete fiscal" que impulsa la administración Alvarado no reunirá el dinero necesario para resolver el problema del déficit fiscal que atraviesa el país y que, debido a ello, habrá nuevas medidas fiscales en los próximos años.
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Consultado también por teléfono, Albino Vargas, secretario general de a Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), declinó especificar propuestas de cambio al plan de ley o razones para ir a huelga y solicitó pedir declaraciones al respecto a Cascante.
El pasado domingo, Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, sostuvo que la huelga era por completo injustificada.
"El presidente de la República y la administración Alvarado Quesada tiene y tendrá siempre total apertura para dialogar con todos los sectores para escuchar con atención las preocupaciones ciudadanas. El movimiento es injustificado, no abona al diálogo y afecta los derechos de las personas", señaló Piza en cadena nacional.
El ministro, por otra parte, advirtió que el Gobierno tomará las medidas que el marco legal le faculte para garantizar los derechos ciudadanos.
Piza también detalló este domingo que en el último mes, tanto él como el segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez; y el ministro de Trabajo, Steven Núñez; se reunieron tres veces con los líderes sindicales.
"En estos espacios hemos hecho una escucha activa de sus posiciones, pero al día de hoy no hemos recibido un pliego de demandas o propuestas concretas del sector sindical. Los reconocemos como un interlocutor válido para el diálogo y los hemos convocado a una mesa de diálogo, con agenda y sin condiciones, sobre los temas fiscales", aseguró.
