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Los sindicatos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) temen que de ser aprobado el proyecto de ley para la transferencia de competencias a municipalidades, un sector de sus empleados sean despedidos.
El proyecto de ley busca que las municipalidades sean las encargadas de dar la cobertura a la red vial cantonal, la cual en este momento es injerencia del MOPT, pues el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se encarga de las rutas nacionales.
La molestia de los sindicalistas radica en el transitorio IV de la iniciativa de ley el cual señala que en el plazo de nueve meses contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, el MOPT deberá ajustar su estructura acordes con la reducción de competencias que estableció esa legislación.
"En virtud de lo anterior, queda autorizado para cesar y trasladar personal, ya sea a lo interno, hacia las municipalidades o hacia federaciones o confederaciones municipales, respetando el marco jurídico aplicable y los derechos laborales de los funcionarios afectados", añade.
Este proyecto, impulsado por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Michael Arce y Juan Marín, fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, en agosto.
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"Queremos que nos expliquen como van a hacer con 1.300 trabajadores que están bajo la custodia de Obras Públicas. Con esta nueva ley le van a pasar todas las potestades a las municipalidades, eso significa que hay un grupo grande de trabajadores que se va a quedar sin funciones", explicó Juan Carlos Calderón, secretario de la Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (Unatropyt).
Dentro de esos 1.300 puestos, hay trabajadores de cuadrillas del MOPT, sumado a personal de oficina y administrativos. En esta institución trabajan 5.000 personas, por lo cual esos 1.300 colaboradores significan el 26%.
Las preocupaciones de Unatropyt radica en que dentro de los empleados que peligrarían en su puesto hay personas con una baja escolaridad y con edades de hasta 50 años, lo cual les podría generar problemas para encontrar empleo, aún más ante las condiciones del mercado laboral del país.
Unatropyt pidió al ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, que les explique los alcances de este proyecto de ley, pero a la fecha no han recibido respuesta.
Los dirigentes gremiales adviertieron de que la próxima semana estarán en las barras de la Asamblea Legislativa para exigir que no se apruebe el proyecto en el segundo debate. Además, amenazan con paralizar las operaciones de todo el Ministerio, además de medidas en los aeropuertos y muelles del país.
Para el diputado liberacionista Juan Marín, este proyecto no busca que haya despidos en el MOPT, si no que las municipalidades se vean fortalecidas con el traslado de personal con experiencia en el manejo de la red vial y su mantenimiento.
"El transitorio IV es una autorización. Hay cinco sindicatos en el MOPT, no creo que a un ministro se le ocurra oponerse a cinco sindicatos. No es cierto que se van a despedir a 1.300 trabajadores como lo dicen los diputados del Frente Amplio", explicó Marín.
La Nación intentó conocer la versión del MOPT, pero no fue posible obtenerla.
