Muchos Javieres dejaron de ser Anas en la cédula; o alguna Victorias ya no tienen documentos a nombre de Carlos.

Dos años han pasado desde que los costarricenses tienen la posibilidad de cambiar su nombre por aquel adecuado al género con el cual se identifican.

Ese derecho se concretó con la reforma al Reglamento del Registro del Estado Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aprobada un 14 de mayo y publicado tres días después en el diario oficial La Gaceta.

Desde entonces, 508 personas han realizado el trámite de cambio de nombre por género autopercibido, confirmó Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor del Tribunal.

Para el cambio no se requiere ni la decisión de un juez ni tampoco certificados médicos o psicológicos. No hay publicación de edictos ni audiencias con el Minsterio de Seguridad Pública o la Fiscalía, como pudo haber ocurrido tiempo atrás.

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“Toda persona mayor de edad que desee cambiar su nombre por considerar que no corresponde con su identidad de género autopercibida podrá, por una única vez y a través del procedimiento de ocurso, solicitarlo a la Sección de Actos Jurídicos del Registro Civil. Para ello, deberá hacer la petición por escrito y presentarla personalmente o por intermedio de un tercero, pero en este último caso el documento deberá estar autenticado por un profesional en Derecho”, dice el artículo 52 del Reglamento.

Esta modificación fue el fruto más inmediato de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en enero de 2018.

Para cuando la reforma entró en vigor, ya había más de 150 solicitantes en espera, pero debieron esperar unos días más para que se realizaran algunos ajustes en los sistemas.

Previamente, en 2015 y 2016 al menos tres personas trans habían logrado el cambio de nombre, pero luego de pasar por un proceso judicial y conseguir la aprobación de un juez civil.

Con la decisión de la Corte IDH ,el trámite dejó de ser judicial y se convirtió en un asunto administrativo que empieza y termina en el Registro Civil.

Eso sí, las peticiones de cambio de nombre que no obedezcan a la identidad de género autopercibida sí se mantienen en los juzgados civiles.

Como ratificó Chinchilla, el TSE fue pionero en esos cambios, pues comenzó permitiendo que la imagen de la cédula de la población trans fuera acorde con el género con que se identifican.

Más tarde, permitió eliminar el “conocido como” a las personas que lograran el cambio de nombre; finalmente se modificó el Reglamento para agilizar el trámite.

En mayo de 2018 también se realizó una reforma al Reglamento de Cédula, el cual eliminó del dorso (o reverso) del documento de identidad la indicación del sexo de la persona.

56 matrimonios en inscripción

Otro resultado de la Opinión Consultiva de la Corte IDH fue el matrimonio igualitario, que tuvo que esperar 25 meses para que quedara sin efecto la prohibición incluida en el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia.

A partir de este martes 26 de mayo, esas uniones son legales en Costa Rica.

De acuerdo con Chinchilla, desde ese mismo día comenzaron a darle trámite a 55 gestiones que estaban en espera de inscripción. Cada una debe ser sometida a estudio para determinar si cumple los requisitos.

Ese mismo día, se recibió una solicitud de inscripción más de otro matrimonio entre personas del mismo sexo realizado en Estados Unidos.

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“Nosotros esperamos que estas inscripciones estén procesadas e inscritas en un plazo de 10 a 15 días hábiles”, explicó Chinchilla.

A este miércoles, no se había presentado para la inscripción ninguno de los matrimonios realizados el 26 de mayo al amparo de la ley que entraba en vigor.

Normalmente, el proceso en Registro tiene una duración de cinco a ocho días, pero dadas las restricciones aplicadas para evitar la propagación de covid-19, hay empleados con factores de riesgo que están de vacaciones.

De esta forma, hay menos personal para realizar trámites y eso ha impactado en los plazos.

Según el oficial mayor del TSE, todos los trabajadores que atienden estas gestiones recibieron capacitación y sensibilización sobre el tema, pues ninguno podría negarse a realizarlo dado que no existe la objeción de conciencia.

“Como funcionarios públicos y, según la Ley de Administración Pública, estamos compelidos a ejecutar toda las actuaciones que están reglamentadas. Esta es una de ellas, como funcionarios no podríamos alegarlo (objeción de conciencia)”, aclaró.