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Hermenegildo Ismael González Álvarez, el hombre que aparece junto a los líderes de los bloqueos en carreteras como un supuesto garante de los Derechos Humanos, fue condenado el 21 de diciembre de 2001 a 10 años de prisión por tráfico internacional de drogas.
La pena consta en la sentencia 878-01 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, correspondiente al expediente 00-001996-0647-PE y fue ratificada por la Sala Tercera por medio de la resolución Nº 01105-2002 en noviembre de 2002.
De acuerdo con la sentencia, la investigación demostró que González Álvarez formaba parte de “una organización criminal compleja” que enviaba cocaína a Europa a través de “burros”, como se le conoce a las personas contratadas para llevar estupefacientes en sus maletas o cuerpos.
Según comprobaron las autoridades judiciales, González Álvarez, periodista mexicano de 69 años, se encargaba de conseguir los burros y contactarlos con Hugo Armando Valencia Restrepo, colombiano líder de la banda.
Precisamente, González Álvarez fue detenido junto a Valencia Restrepo y otro colombiano de apellidos Higuita Osorio, el 14 de agosto del 2000, por intentar trasegar cocaína a Roma, Italia.
Según la sentencia, tras la detención de dos guatemaltecos que intentaban sacar cocaína por el aeropuerto Juan Santamaría, se logró comprobar su conexión con la organización integrada por el mexicano y los dos colombianos.
La captura de Hermenegildo y sus cómplices ocurrió el 14 de agosto del 2000.
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“Se estableció que el coimputado Hermenegildo González Álvarez era el encargado de establecer contactos a nivel internacional con la finalidad de suplir los nombres de las personas que servirían de “burros” para el transporte de droga y además proporcionaba la logística necesaria aprovechándose de su estatus de periodista y representante de agencias noticiosas”, señalaron los magistrados en la resolución que dejó en firme la sentencia contra los tres extranjeros.
La figura del mexicano, quien años después adquirió la nacionalidad costarricense, tomó relevancia en las últimas semanas al aparecer junto al excandidato presidencial José Miguel Corrales y el exdiputado Célimo Guido en conferencias de prensa del Movimiento Rescate Nacional, coordinador de los cierres de vías que afectan al país desde el 30 de setiembre.
Además, el pasado lunes 12 de octubre estuvo en la protesta realizada en las afueras de Casa Presidencial, en Zapote, San José, para oponerse a la imposición de nuevos tributos y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ese día, González Álvarez solicitó, en declaraciones dadas a varios medios de comunicación, la renuncia del gabinete debido a lo que él califica como represión policial y negativa del Estado a dialogar con los manifestantes.
Tanto en los bloqueos como en la manifestación del lunes pasado se registraron actos de violencia como enfrentamientos con oficiales de la Fuerza Pública.
La Nación intentó conversar con González Álvarez sobre este tema, pero no respondieron las llamadas en la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización creada por él mismo en 2007.
También se enviaron correos a la dirección electrónica de la Fundación, pero no respondieron.
Este diario llamó en varias oportunidades a Corrales para consultarle si tenía conocimiento de estos hechos, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.
Corrales denunció el 6 de octubre la penetración del narcotráfico en los bloqueos. Desde aquel momento se apartó del movimiento.
La mampara
La pesquisa judicial comprobó que la banda con la que se vinculó González intentó usar la V Jornada Mundial de Laicos, en Roma, Italia, como mampara para traficar la droga.
A los guatemaltecos detenidos en el aeropuerto se les decomisaron supuestos gafetes para ese evento.
En los registros judiciales puede verificarse que al mexicano, autodenominado, en la actualidad, defensor de los Derechos Humanos, se le decomisó en el sitio de su detención, “profilácticos de color amarillo, afiches de la V Jornada Mundial de Laicos y una emplasticadora de carnés”.
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Esos elementos, más las escuchas telefónicas, según los jueces, permitieron establecer con certeza el rol de González Álvarez dentro de la organización delictiva.
“(...) quien proveía los nombres y forma de contactarlos era precisamente Hermenegildo González Álvarez. El elemento lógico que brinda cohesión a la prueba indiciaria es proveído por las escuchas telefónicas”, enfatizaron los magistrados en su resolución.
“Respecto a la argumentación ofrecida por la defensa en torno a los gafetes falsos de la Jornada Mundial de Laicos que llevaban los transportistas, cabe indicar que si bien no se pueden equiparar dichos documentos a pasaportes con inmunidad diplomática por ejemplo, al menos proveían a los porteadores de una excusa comprobable, ya que efectivamente para esos días se celebraba en Roma dicho evento, por lo que de alguna manera facilitaba el ingreso al viejo continente y en todo caso les permitía una explicación plausible del motivo del viaje”, añadió el documento.
Las indagaciones judiciales comprobaron en las escuchas telefónicas, que la voz correspondía al mexicano.
“Hermenegildo Ismael González Álvarez se encargó de buscar información por Internet de la citada actividad, a la vez que le suministró al cabecilla Valencia Restrepo, los nombres de dos ciudadanos guatemaltecos que podrían llevar a cabo el plan trazado (...) una vez hecha la amalgama de la voz con la identidad de la persona, quien escucha únicamente requiere del sentido auditivo para saber que se trata del sujeto investigado”, declararon los altos jueces en el análisis de las apelaciones presentada por la defensa de los imputados.
Ciudadano costarricense
En el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), González Álvarez aparece como ciudadano costarricense por naturalización, casado en 2007, año en que salió de prisión. Se divorció en el año 2010.
El matrimonio se concretó el 25 de mayo de 2007, momento en el que aún estaba en prisión, a pocos meses de cumplir su condena.
De hecho, de acuerdo con un recurso de amparo presentado, el 28 de junio de 2007, por González Álvarez, uso su boda como un elemento para tratar de conseguir un beneficio en la ejecución de la pena.
Dicha gestión fue rechazada por la Sala Constitucional, como consta en la resolución N.º 2007009261.
“Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala en la que se ha determinado que, como regla general, todo lo concerniente al traslado o ubicación de privados de libertad en los distintos centros penales es competencia exclusiva de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de la pena, así como que cualquier queja al respecto es de conocimiento del Juez de Ejecución de la Pena correspondiente. No podría esta Sala sustituir a la administración penitenciaria en sus funciones”, declaró la Sala IV.
La oficina de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería informó que González Álvarez había gestionado una “solicitud de permanencia legal”, pero fue rechazada por contar con antecedentes penales. No obstante, esa entidad no precisó los detalles del caso.
Se quedó en el país al conseguir la naturalización.
Durante su estancia en prisión, el sujeto presentó varios recursos de amparo que fueron rechazados por los magistrados, entre ellos objetó la medida tomada por el Ministerio de Justicia y Paz para alertar a la población cuando recibe una llamada desde un centro penitenciario.
Como consta en el expediente 05-003392-0007-CO, en el recurso de amparo alegó que una grabación que alerte de llamadas desde la cárcel violenta su derecho a la privacidad.
