Sutel aprueba 98 informes para prórrogas en frecuencias de radio y TV

En un comunicado, la Sutel afirmó que se analizó la condición de 24 concesionarios de televisión y 74 de radio. De estos últimos, 25 tienen su frecuencia en AM y 49 en FM. La prórroga se aprobó en la sesión 006-2024, realizada este 13 de mayo.

LEA MÁS: No habrá apagón de frecuencias de radio y TV, asegura ministra del Micitt

Entre otras cosas, la Superintendencia validó la antelación de 18 meses para la presentación de la solicitud de prórroga, que hubiera sido presentada por el titular concesionario ―de conformidad con el Registro Nacional de Telecomunicaciones― y que el uso de las frecuencias corresponda al definido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) vigente.

Ahora, estos informes serán remitidos al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), para que determine si procede o no la prórroga de la concesión. Será esta cartera la que tome la decisión definitiva del futuro de estas frecuencias.

Frecuencias han sido centro de polémica

El futuro de las frecuencias de radio y televisión son motivo de polémica entre la Sutel y el Poder Ejecutivo. El pasado 3 de abril, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, insinuó la existencia de irregularidades en el accionar del ente regulador para favorecer a empresas de radio y televisión.

Un día después, Sutel negó toda posibilidad: “Estas afirmaciones son completamente falsas. El accionar de la Sutel se ampara en la técnica, la evidencia y en apego a lo establecido en la ley. En la Sutel no tenemos problema en rendir cuentas de forma transparente a la ciudadanía o ante cualquier instancia”.

Chaves también señaló que esa entidad interviene en el proceso de definición de los montos que pagan las radioemisoras y televisoras por el uso de esas frecuencias. Esto también fue negado por la Sutel, que subrayó que el impuesto de radiodifusión que pagan los medios lo define el artículo 18 de la Ley de Radio N° 1758 de 1954, y corresponde al Gobierno de la República presentar ante la Asamblea Legislativa una reforma a dicha legislación para ajustar estos montos a valor presente.