EscucharAnte la necesidad de tener la licencia de conducir B1 por razones laborales, un hombre acudió a la Sala Constitucional para pedir su intervención con el fin de conseguir un cupo para realizar la prueba de manejo en un plazo razonable.
Los magistrados le dieron la razón mediante sentencia No 04506-2023, del 24 de febrero pasado, al considerar que recibir un buen servicio público es un derecho fundamental, en este caso el trámite para obtener la licencia de conductir. Eso incluye que se otorgue en un tiempo razonable pues de no ser así es una disfunción administrativa.
El quejoso, según informó la Sala en su resolución, alegó que el 26 de enero hizo la gestión para realizar el examen práctico en la sede de la Dirección de Educación Vial de Guápiles, en Pococí de Limón. Sin embargo, le otorgaron un espacio para el 13 de noviembre, unos 10 meses después.
“Expresa que, debido a su trabajo, se debe desplazar a diferentes partes del país, incluso, a lugares que no cuentan con transporte público”, manifestó el recurrente.
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La Sala ordenó a la Dirección de Educación Vial, órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), girar las instrucciones que correspondan para que
“1) en la próxima habilitación de citas de pruebas prácticas para la licencia, se garantice el funcionamiento eficaz y eficiente de los medios previstos para el otorgamiento de estas.
2) para que a la parte recurrente se le otorgue cita para la prueba práctica de manejo en un plazo no mayor a UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, siempre y cuando la parte interesada cumpla con todos los requisitos”.
Los altos jueces, en el voto de mayoría, fueron claros en que existe un derecho fundamental de los ciudadanos al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos.
‘Disfunción administrativa’
Recuerda además que la obtención de la licencia de conducir es un requisito estipulado por ley, pues de no poseerla, los conductores se exponen a infracciones también establecidas en la normativa o bien, no poseerla, los limita en la realización de una serie de actividades, sean económicas o de otra índole.
“En ese orden, es comprensible que la verificación de los requisitos relacionados a la obtención de una licencia de conducir dice de una tarea de fiscalización y de control administrativo que requiere de un espacio temporal debido. Empero, cuando ese ámbito temporal es desproporcionado, se torna en una disfunción administrativa que evidencia un alto grado de ilegitimidad, en la medida en que, se insiste, expone a las personas administradas a una negación directa a concretar sus derechos de actividad económica. Se trata por ende de una patología administrativa que, en esa medida, merece de ser tutelada en esta sede”, dijeron.
El lunes 13 de marzo, la Dirección de Educación Vial dijo a La Nación que no quedaban cupos para prueba de manejo en el resto del año, aunque había 40.000 solicitantes en espera. Dos días después, el 15 de marzo, informaron de la habilitación de 20.000 espacios, los cuales fueron detectados después de realizar “mejoras en el sistema” y aprovechar las citas a las que los usuarios no se presentaron.
