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A cambio de que finalmente se pongan reglas a las empresas de plataforma de transporte (EPT), como Uber, los taxistas estarían dispuestos a renunciar a cualquier compensación económica.
Rubén Vargas, vocero de la Unión de Taxistas Costarricense, confirmó que el gremio de choferes de taxis rojos estaría a favor de eliminar la posibilidad de cobros de resarcimiento contemplada en el proyecto de ley Reforma al Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de Transportes.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ante la Asamblea Legislativa, el 23 de enero. Desde entonces, el trámite permanece sin avance en la Comisión de Asuntos Económicos.
El proyecto propone que Uber pague al Estado ¢8.299 millones por el registro de su operación. Además, las EPT que ingresen al mercado con la nueva legislación, pagarían ¢44,6 millones y ¢22,3 millones al renovar la inscripción.
Además, Uber y similares pagarían 3% adicional sobre cada servicio, recursos que alimentarían un fondo para modernizar el transporte público mediante la compra de taxis nuevos.
“Nosotros renunciamos a cualquier compensación o ayuda que venga del proyecto de ley. Es más, no queremos que le cobren nada a Uber si eso ayuda a que el proyecto se apruebe y finalmente tengamos la regulación que necesitamos”, confirmó Vargas.
El ofrecimiento llega dos días después de que el Gobierno avalara que los taxistas y sus familiares reciban una compensación económica si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto para regular esas plataformas digitales de transporte.
Esto lo acordó el martes el Poder Ejecutivo junto a representante de los taxistas, luego de una reunión de más de dos horas en Casa Presidencial, liderada por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
Sin embargo, ahora los taxistas prefieren renunciar a esa eventual compensación con tal de acelerar el trámite del proyecto de ley.
Sin viabilidad
Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, confirmó que el plan de ley está “políticamente muerto” tal y como lo planteó el Gobierno, precisamente, debido a esos cobros iniciales para Uber.
“Ni los propios diputados de Acción Ciudadana apoyan el plan como está porque esos cobros a Uber han metido mucho ruido en la discusión. La propia contralora general (Marta Acosta) y el procurador general han planteado una serie de problemas que impiden su avance”, explicó Thompson.
El 5 de marzo anterior, el procurador general, Julio Jurado, informó a los diputados de esa Comisión de roces de inconstitucionalidad en el proyecto, porque los montos que el Ejecutivo pretende cobrarles a Uber y demás compañías carecen de sustento técnico.
Poco después, el 2 de abril, fue Marta Acosta Zúñiga, contralora general, quien precisó a los diputados omisiones en el plan de ley como por ejemplo, la imposición a los usuarios de Uber y sus homólogos del costo de un fondo para modernizar taxis, sin que tenga fundamento técnico o jurídico.
Según el diputado verdiblanco, de eliminarse del plan original esas cobranzas a Uber, la Comisión podría dictaminar el proyecto la otra semana, cuando los miembros de la Comisión ofrecieron presentar un texto modificado, en un intento por hacer viable políticamente el plan de ley.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, afirmó que el Gobierno no tiene ningún problema en apoyar el pedido de los taxistas de eliminar compensaciones.
“Cuando presentamos el plan de ley, quisimos poner en la mesa un documento que sirviera de punto de partida. Si una de las partes, además una afectada por Uber, prefiere facilitar el debate para aprobar, nosotros lo apoyamos”, señaló Morales.
El ministro dijo valorar mucho la disposición de la dirigencia de los taxistas para facilitar la construcción de un nuevo texto de ley, pero cree prudente esperar que llegue la próxima semana la nueva propuesta de la Comisión.
