Escuchar
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) es vulnerable a actos de corrupción en el otorgamiento de permisos ambientales para proyectos constructivos, según descubrió una auditoría sobre manejo de riesgos que hizo la Contraloría General de la República, divulgada este martes.
Para el órgano contralor, Setena nunca consideró el riesgo de corrupción que, de materializarse, permitiría obtener o conceder beneficios particulares. Además, dijo, no cuenta con un Plan Estratégico actualizado (el último abarcó del 2015 al 2018).
“Al respecto, es importante considerar la existencia de prácticas poco adecuadas, pues en algunos casos la Comisión Plenaria (uno de los órganos de autoridad) designa como revisor de un expediente por parte de esta Comisión, al representante de la misma institución que solicita la viabilidad ambiental, y concentra en algunos funcionarios la revisión técnica de expedientes de un mismo desarrollador, lo que a su vez impide la separación de funciones incompatibles y la rotación sistemática de labores”, dice textualmente el documento DFOE-SOS-IF-00008-2022, del pasado 25 de agosto.
La Nación envió consultas a Ulises Álvarez Acosta, secretario general de la Setena, sobre los hallazgos de la Contraloría y qué tan vulnerable está la entidad a la comisión de actos de corrupción. Se está a la espera de respuestas.
La CGR advirtió también de la necesidad de corregir, modernizar y mejorar deficiencias administrativas y de organización como, por ejemplo, exceso en los plazos en la mayoría de los trámites y la existencia de denuncias e investigaciones en sede judicial en contra de funcionarios de la la entidad “por presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones”.
LEA MÁS: Trámite de 16.000 casos ambientales empantana obras en Setena
Igualmente, el órgano contralor señala que el sistema de control de riesgos de Setena está desactualizado e incompleto e insistió en que nunca consideró el riesgo de corrupción u otros para el proceso de evaluación ambiental.
Para la Contraloría, hay ausencia de separación de funciones incompatibles y tampoco existe rotación sistemática de labores, autoevaluación periódica del personal y, además, existen estructuras paralelas.
‘Ejercicio compartido’
Como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría cuenta con una organización compuesta por una Comisión Plenaria, un Secretario General y una Dirección General denominada Unidad Técnica-Administrativa para armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos mediante el otorgamiento o rechazo de permisos.
Sin embargo, dice la CGR, a lo largo de casi dos décadas ha estado sujeta al ejercicio compartido o sustituido de sus funciones debido a prerrogativas otorgadas al menos a ocho organizaciones (siete comisiones y un equipo técnico), mediante diferentes decretos ejecutivos emitidos en ese período.
“Lo anterior, sin que en los considerandos de dichos decretos ejecutivos consten los estudios que determinen su necesidad y formas de seguimiento y evaluación”, dice el documento.
