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San José.
Un técnico de la Setena invierte casi medio año en la valoración de obras de bajo impacto ambiental para dar o rechazar el permiso de viabilidad y, si se trata de proyectos o construcciones de mayor tamaño, se puede tomar hasta un año en dar el veredicto.
La carga de trabajo ahoga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que acumula 16.000 expedientes pero solo dispone de 80 funcionarios para deshacer el atasco, lo cual traba la fluidez de las construcciones en el país.
Marco Arroyo, director de la Setena desde hace poco más de un año, es el primero en admitir las dificultades. "Tenemos que darle seguimiento, al menos, a 13.500 ya procesados por algún tipo de asunto pendiente y, del 2011 a la fecha, acumulamos unos 2.400 nuevos pedidos de viabilidad. Dígame, ¿con qué capacidad material podríamos hacer verificaciones en el terreno ante esta cantidad de expedientes? Es imposible".
Por la Secretaría Técnica Ambiental pasan permisos de industrias, comercios, hoteles, residencias, iglesias, granjas avícolas, torres de telecomunicaciones y hasta de puentes, carreteras, puertos y aeropuertos.
A cada uno se le tramita un expediente para medir su impacto en el medio ambiente. Pero no todo termina allí. El mayor desafío de la entidad es darle seguimiento a cada proyecto que tenga el visto bueno.
Otra dificultad admitida por Arroyo es que la abundancia de expedientes en papel aún en era digital. Desde la creación de Setena en 1995 hasta hoy, registra 42.000 expedientes. De ellos, solo están digitalizados 13.500 (32%).
De los digitalizados, hay 2.500 esperando trámite pero Setena admite desconocer con exactitud cuántos en papel esperan proceso. En entrevista con este diario, Arroyo estimó que pueden ser "entre 30.000 o 40.000".
Según la Cámara Costarricense de la Construcción, el manejo del impacto ambiental es clave pero resulta también uno de los procesos más complicados que enfrenta un desarrollor por la inseguridad de no saber cuándo podría arrancar un proyecto mientras Setena resuelve.
"Un inversionista extranjero viene a hacer un centro comercial o un hotel a este país y, como es práctica internacional, busca períodos de temporada alta turística o de compras para hacerlo. Lógicamente. Eso en Costa Rica eso es imposible de programar en buena parte por Setena", se lamentó Rándal Murillo, director ejecutivo de la Cámara.
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El Vigesimosegundo Informe Estado de la Nación, publicado el año anterior, revisó una muestra de 2.288 casos ingresados a Setena en el 2014 y halló que sobresalen dos grandes categorías de actividades: construcción, con 1.111 solicitudes (48,5% del total de expedientes recibidos ese año) y acceso a servicios básicos como electricidad, gas y agua, con 623 casos (27,2%).
Las demás tienen participaciones menores al 10% centradas en servicios comunitarios, comercio y permisos de operación para asuntos diversos.
Uno escollo que enfrenta Setena, según el informe, es su inadecuada evaluación del impacto ambiental cuando arriban los casos por cómo filtra las solicitudes según la magnitud del impacto.
El Estado de la Nación halló que la recepción y análisis de expedientes de bajo impacto generan altas cargas de trabajo al personal evaluador lo cual retarda la atención de proyectos de mayor envergadura. Un técnico de Setena, indica esa investigación, consume 168 días promedio valorando obras de bajo impacto, es decir, aquellas que afectan un área superior a 300 metros cuadrados.
El informe agrega que los procesos son un "mal filtro" para la prevención de daños ambientales por su incapacidad de prever impactos acumulativos con el tiempo y el contexto adecuado de los proyectos en el entorno.
A ello se suma la escasez de herramientas y personal para verificar en el terreno si los proyectos cumplieron o no los compromisos cuando ya recibieron autorización.
"Ante la comisión, las autoridades de Setena nos han dicho que resuelven casos según su antigüedad y urgencia. Eso los expone a un traslape de expedientes por la gran discrecionalidad al elegir qué va primero. Presiones externas a Setena, como ocurrió en el caso de la ruta 32 a Limón, pueden distorsionar el sentido de urgencia y afectar a otras solicitudes en fila", afirma el diputado Abelino Esquivel, del partido evangélico Renovación Costarricense y presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
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Promesa de cambio. Arroyo promete que en el segundo semestre de este año habrán cambios al reglamento de operación para simplificar el trámite de viabilidad ambiental el cual él mismo calificó de "complejo". La meta es disminuir la resolución de estudios de alto impacto en solo cinco meses en vez de entre 6 y 12 meses como hoy.
Según el jerarca, la reforma incluirá el concepto de "umbrales ambientales" que definiría una serie de categorías o criterios para diferenciar y agrupar análisis de proyectos.
"No es lo mismo evaluar un pozo que una torre de telecomunicaciones ouna porqueriza. Aspiramos a crear una serie de categorías de actividades de evaluación pero que, según sus impactos, puedan recibir evaluaciones distintas para así darle más resguardo a los proyectos de mayor impacto", comentó e directivo quien además anuncia la apertura de 20 plazas en la entidad centradas en seguimiento de expedientes y análisis.
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La reforma al reglamento también incluirá solicitar acreditaciones mínimas a los consultores ambientales responsables de elaborar los estudios de impacto presentados a Setena.
"Queremos poner un piso inicial para que todos, los consultores y nosotros, podamos conversar en el mismo lenguaje sin desgastarnos nosotros detectando omisiones. Hoy aceptamos consultores siguiendo reglas muy elementales, y la experiencia prueba que eso causa interferencias. Necesitamos crear cierto estándar para los consultores o regentes de proyectos", explicó Arroyo.
Las faenas de Setena
Aparte de analizar estudios de impactos ambiental, Setena debe atender e investigar denuncias que reciba por daño ambiental. Estas son otras de sus actividades.
- Realizar inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.
- Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo.
- Elaborar guías para actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental y divulgarlas.
- Recomendar al Consejo de Gobierno políticas y proyectos de ley sobre el ambiente.
- Fijar montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales de los desarrolladores de proyectos.
