Unidades cada vez más viejas, con desperfectos mecánicos y largos tiempos de espera entre un bus y otro, que luego se convierten en un viaje repleto de usuarios cansados de esperar décadas por una mejora en el transporte público, que pareciera se quedó varada en el tiempo.
A esas realidades se enfrentan los casi 2 millones de ticos que viajan a diario en autobús y mientras eso ocurre, los planes del Gobierno para llevar adelante la sectorización aguardan una vez más por nuevos estudios, al tiempo que los empresarios esperan se apruebe la iniciativa de ley que extendería la vida útil de las unidades y les permitiría acceder a préstamos para renovar flotillas.
El Intendente de Transportes, Edward Araya, agregó que adicional a estas dos iniciativas, desde el 2021 debían incluirse en los contratos las normas de calidad que ya fueron homologadas y aprobadas, pero eso tampoco ha ocurrido.
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Según Araya, ya no hay justificación para mantener fuera de las condiciones de los operadores dichos parámetros de servicio, pues las demandas ya se han recuperado en 80% respecto a los datos que se tenían antes de la pandemia.
De acuerdo con el representante de la Aresep, a la fecha solo han llegado a ese ente 19 contratos, de los poco más de 350 acuerdos de concesión que se debían haber comenzado a firmar desde octubre del 2021, pero en dichos contratos el Consejo de Transporte Público, tampoco ha incorporado esta condición pues depende de la modificación de una norma, la cual debe ser aprobada por el mismo Consejo.
La inclusión de las normas de calidad permitiría al ente regulador realizar inspecciones para verificar que las empresas cumplan con estándares adecuados y que estos también puedan ser conocidos y exigidos por los mismos usuarios.
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Flotilla vieja
El pasado jueves 27 de abril, el CTP ordenó sacar de circulación 182 autobuses porque su vida útil sobrepasó el límite de 15 años permitido por la legislación.
Las empresas habían sido advertidas en enero anterior, de que tenían un plazo de tres meses para desinscribir estos autobuses modelo 2007 que ya no debían circular. Ese período venció el pasado 19 de abril.
De acuerdo con los datos del CTP, en total 350 unidades debían salir de las calles desde enero, pero para ese mes aún había 200 en servicio.
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Actualmente, los diputados discuten un proyecto de ley para aumentar la antigüedad a los buses cuyo plazo de operación venció en diciembre del 2020.
El planteamiento consiste en que sigan en operación hasta diciembre del 2024, con lo cual se permitiría el uso de vehículos con 19 años en uso.
El texto plantea que la ampliación beneficiaría a micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas. Quedarían por fuera las autobuseras grandes, las cuales sí estaban consideradas en la propuesta original que, en diciembre, el presidente Rodrigo Chaves, incluyó en la agenda legislativa y que fue modificada.
Para la directora de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, el espíritu de la ley no radica en la ampliación del plazo, pues este sería transitorio.
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Según dijo, la apuesta es que en ese período de dos años, el Poder Ejecutivo impulse mecanismos de financiamiento y coordine con entidades bancarias para que las empresas puedan acceder a créditos, debido a que actualmente la mayoría no califican pues arrastran entre sus estados financieros los efectos de pandemia.
“Si se dan las condiciones y aún así no sustituyen (las unidades), ya el Consejo tiene que tomar la decisión de si cancela la ruta o qué medidas toma”, agregó.
Bolaños aseguró que ven con buenos ojos las acciones del Ejecutivo hasta ahora, pero sostiene que mucho del esfuerzo está dirigido a buses eléctricos, lo cual no solucionaría el problema en todo el país.
Días atrás, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador aseguró al medio digital ameliarueda.com que mientras no se apruebe la iniciativa de ley, no “tenemos más que seguir lo que establece la ley y cancelar (el permiso)”, pero advirtió de que es preferible “pasar el proyecto de ley para que el bus siga llegando aunque sea un bus viejo” y no afectar a los usuarios teniendo que cancelar las rutas.
Por su parte, el intendente agregó que desde el ente regulador no se opusieron a que esta fuera una norma transitoria en el 2021 cuando aún persistían los impactos producto de las reducciones de demanda por la pandemia, no obstante, el escenario actual es distinto y las demandas ya se han ido recuperando.
“Los legisladores tienen que valorar la situación actual, y otra cosa que nos preocupa es que el MOPT debe de actualizar los esquemas operativos, no podemos seguir con los mismos buses en las rutas, al actualizar el esquema se tiene un servicio acorde a las necesidades de usuarios y los costos no aumentan (...), el MOPT tiene un trabajo que hacer que nos ha quedado debiendo”, enfatizó.
La directora de Canatrans afirmó que la actualización de esquemas responde solo a una parte de los problemas asociados con la frecuencia del servicio, aunque reconoció la necesidad de realizar dichas actualizaciones en los esquemas de operación.
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No obstante, agregó que la frecuencia además se asocia a factores exógenos que deben ser atendidos de forma integral. Citó, por ejemplo, que a la fecha no hay medidas efectivas para priorizar el transporte público o mejorar la infraestructura vial en muchas zonas, lo cual hace difícil la recuperación de unidades entre un viaje y otro, pues estas se ven atrapadas al igual que el resto de usuarios en congestionamientos o vías en mal estado, cerradas o en reparación.
Otro ejemplo que mencionó es el caso de buses como los de Cartago, donde los usuarios frecuentemente se quejan del tiempo que deben esperar por un viaje, pero por otro lado las unidades realizan un recorrido de hasta dos horas en ir y volver a la capital, pues deben atravesar dos zonas donde se realizan intervenciones viales.
El intendente de Transportes refirió en esa línea que una de las herramientas que permitirá tomar mejores decisiones en la parte operativa es precisamente el pago electrónico, pues les daría con detalle el origen y destino de los usuarios, así como las horas de viajes, con lo cual podrían ajustar los planes a esas realidades.
Actualmente la modalidad de pago electrónico se ha ido habilitando de forma muy limitada en algunas de las rutas de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Quejas frecuentes
Erick Ulate, representante de los usuarios ante el Consejo de Transporte Público, aseguró que las quejas relacionadas con las frecuencias e incumplimientos de horario son las principales razones de inconformidad entre quienes usan este medio de transporte.
A esto se suman las unidades en mal estado, hacinamiento o inadecuado aseo.
Ulate dijo que precisamente en cuestiones de servicio, la clave debería estar en crear contralorías dentro de las empresas que realmente atiendan las quejas e inquietudes de los usuarios, y evitarles así entrabados procesos que en muchos casos no terminan en nada.
“El sistema tiene que mejorar, los consumidores estamos muy perdidos en un sistema donde hay que presentar quejas en diversas instancias, dependiendo del tipo de situación, cada una con requisitos diferentes”, lamentó.
Un sondeo realizado por este medio entre varios usuarios de buses en el centro de San José, encontró precisamente como factor común que muchas personas prefieren no externar sus molestias, pues consideran que al final esto no servirá de nada.
Elvecia Cascante, quien viaja en buses de Hatillo, comentó que el principal problema lo tienen quienes deben salir a trabajar en la mañana, pues las unidades pasan llenas o duran mucho tiempo en salir.
Según relató, en muchas ocasiones deben salir de su casa a las 5 de la mañana para lograr estar a tiempo a citas o al trabajo en el caso de sus hijos.
Carmen Calvo, vecina de Montecillos de Alajuela, detalló que si bien en su caso los buses que la trasladan de la capital al centro de esa provincia tienen frecuencias aceptables, el aseo no es el mejor, pero en el caso de las unidades que la llevan hasta Montecillos, las unidades y la frecuencia obtienen la calificación de “muy mala”, pues normalmente deberían pasar cada 15 minutos y en ocasiones demoran hasta media hora.
Sectorización y 20 años de espera
El plan de sectorización por el cual los usuarios han esperado más de 20 años, sigue varado entre estudios y rediseños y actualmente no hay una fecha concreta para que comience a ser realidad.
En setiembre del año pasado, la entonces viceministra de Transportes, Laura Ulloa, anunció que la propuesta para ordenar las rutas de buses que ingresan a San José, ya no se comenzaría a implementar en octubre de ese año sino hasta junio de este 2023, pues era necesario actualizar datos y esquemas operativos, ya que la iniciativa se creó con base a información del 2019.
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Tras la salida de Ulloa, se desconocen los avances que se han tenido en esos estudios, así como los cronogramas actuales para la implementación del modelo.
La Nación, intentó conversar con el actual viceministro de Transportes Carlos Ávila, para conocer dichos avances, pero no fue posible concretar una entrevista, debido a temas de agenda.
En relación con el tema de la sectorización, la representante de Canatrans estimó que paralelo al avance que se lleve en ese plan, debe priorizarse una mejora en el servicio.
A su criterio, sí era necesario realizar nuevos estudios y actualizar los modelos de demanda, pues al proyectar demandas superiores se impactarían las tarifas. Sin embargo, apunta a que es necesario ver el tema de la modernización de forma integral y no solo centrarse en el ordenamiento de las rutas.
“No podemos exigir que el transporte sea moderno sino hay condiciones para que pueda acceder a los créditos y en los años de vigencia de las concesiones, no lo podemos ver como tema aislado porque cada quien va a jalar para lo suyo, tenemos que verlo de forma integral y sentar a todos en la mesa, para buscar primero resolver el problema de servicio y vamos avanzando paralelo en la sectorización”, enfatizó.