Los jefes de fracción de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio y el Bloque Nueva República expresaron su oposición al plan del Gobierno de mantener seis años más en el cargo al actual regulador de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez.
Aunque la bancada de Liberación Nacional no ha manifestado una posición oficial, al menos ocho verdiblancos confirmaron a La Nación que también se oponen a prorrogar el nombramiento.
La continuidad de Jiménez deberá discutirse a más tardar el 14 de enero, cuando se cumplen los 30 días que tiene la Asamblea Legislativa para objetar los nombramientos propuestos por el Consejo de Gobierno, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ley 7593.
Desde el 14 de diciembre, el Gobierno propuso a Jiménez para un nuevo periodo. El actual vence el 8 de mayo, por lo que de continuar, quedaría nombrado hasta el 2028, y acumularía 12 años en el puesto. Actualmente, devenga un salario de ¢7 millones.
Si pasados los 30 días no hubiera objeción a la propuesta, se tendrán por ratificados los nombres propuestos tanto para el cargo de regulador como de otros puestos de la Junta Directiva de la Aresep. No obstante, si hay objeción, el Consejo de Gobierno deberá presentar otra propuesta que será sometida al mismo procedimiento.
Silvia Hernández Sánchez, presidenta de la Asamblea Legislativa, indicó este miércoles que en el caso de Jiménez Gómez, el asunto sometido a conocimiento de los congresistas es la ratificación, para lo cual se celebrará una votación antes del 14 de enero o ese mismo día.
“En caso de que la Asamblea Legislativa por mayoría simple decida no ratificar u objetar el nombramiento, el Consejo de Gobierno deberá realizar una nueva designación y por consiguiente enviarlo a la Asamblea Legislativa nuevamente”, confirmó la legisladora.
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La mayoría simple es la mitad más uno de los legisladores presentes en esa sesión.
‘Una maniobra’
Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del PUSC, adelantó que su bancada se opondrá a la continuidad del regulador.
“Nos parece que fue una estrategia del Gobierno, que supuso que habría receso legislativo este mes y la reelección se daría de forma automática. Nos parece una irresponsabilidad que pretenda esto si ni siquiera ha logrado integrar la Junta Directiva de la Aresep donde hay dos plazas vacantes todavía. Y, encima, mandan esta reelección faltando meses para el vencimiento del puesto. Realmente es una treta de mal gusto”, aseveró Abarca este miércoles.
También José María Villalta, diputado del Frente Amplio, calificó de “maniobra del Gobierno” pretender la reelección de Jiménez por el simple paso del tiempo al calcular que la Asamblea Legislativa iba a estar en receso durante enero, según lo declaró durante su intervención este martes en el plenario legislativo.
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“Ojalá que no permitamos eso, que por el simple paso del tiempo e inacción, se dé una ratificación automática, una reelección. Y si quieren reelegir al actual regulador, que se levanten en este plenario y nos expliquen cuáles son sus bondades y el éxito de su trabajo. No permitamos esto compañeros y compañeras. A mí me preocupa mucho este tema”, declaró Villalta.
Jonathan Prendas, del bloque Nueva República Nueva República, confirmó que no solo se opone a la reelección de Jiménez, sino que también su grupo plantea transformaciones en la Aresep para que se tomen decisiones “sin que pesen los cálculos políticos”.
“Evitar la reelección del regulador tiene como propósito promover un cambio de timón, provocar acciones para que todos los costarricenses tengamos mejores servicios públicos y calidad de vida”, declaró.
Diputados verdiblancos
En el caso del Partido Liberación Nacional, la jefa de fracción legislativa, María José Corrales, aclaró que aún no hay una posición definida. Según dijo, la bancada discutió el tema el martes, pero por razones de tiempo no pudieron concluir el asunto.
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No obstante, siete legisladores confirmaron a La Nación, avanzada la tarde del miércoles, que votaran en contra de mantener a Jiménez en el cargo. Es el caso de Paola Valladares, Carlos Ricardo Benavides, Luis Antonio Aiza, Luis Fernando Chacón, Ana Lucía Delgado, Wagner Jiménez, David Gourzong y la propia presidenta legislativa.
“No debe avanzar. Me opongo completamente a la reelección del regulador general porque me parece que el país apuesta y debe ajustarse a una serie de tecnologías disruptivas donde rse equiere un regulador más fortalecido. En la actualidad, este ha quedado debiendo en muchos de los servicios públicos donde el mayor afectado ha sido el usuario final. La Aresep le sigue debiendo al abonado”, aseguró Valladares.
Por su parte, Silvia Hernández recordó que hace cinco años el gobierno de Luis Guillermo Solís envió el nombramiento del regulador al Congreso previo a Semana Santa y, en esta ocasión, el gobierno de Carlos Alvarado lo envió días antes del receso de Navidad, lo que, en su criterio, denota una estrategia para estrechar el plazo que la Asamblea Legislativa tiene para votar.
La legisladora agregó que para la Presidencia Legislativa es una prioridad que el plenario tenga la oportunidad de ejercer su derecho a pronunciarse y votar la ratificación con el tiempo necesario.
“Por ello, buscaré que desde mañana (jueves) nos dediquemos a discutir el nombramiento propuesto, el cual, personalmente votaré en contra. La ratificación del regulador general es un asunto del máximo interés público pues el puesto es determinante para la efectiva fijación de precios de servicios públicos que todas las personas utilizamos. Es decir, tiene una relación directa con el costo de vida”, enfatizó.
Por su parte, Benavides afirmó estar seguro de que el el Gobierno “actuó de un manera irregular” al enviar el nombre justo cuando se conocía que varias fracciones conversaban la posibilidad de un receso durante el mes de enero, lo que hubiera permitido que el regulador quedara ratificado de manera automática y sin votación.
“Creo que hay un conflicto a lo interno de la Junta Directiva de la Aresep que ha ido creciendo y creciendo donde el señor regulador ha tenido un papel preponderante que daña la institucionalidad de la Autoridad y me han convencido los argumentos del compañero diputado Luis Fernando Chacón que es una convicción negativa a la reelección, por lo tanto yo votaré en contra”, concluyó el liberacionista.