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Otra hecho grave pone en la mira al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Dos funcionarias de un albergue del Patronato en Cartago figuran como sospechosas de maltrato físico y psicológico contra nueve menores a su cargo, de entre 7 y 12 años.
Son dos trabajadoras de las llamadas “tías” de apellidos López Castillo y Cruz Ruiz, quienes ahora enfrentan una investigación por la presunta comisión de los delitos de abuso o incumplimiento de patria potestad.
La tarde de este viernes, la Fiscalía Adjunta de Cartago logró que se ordenaran medidas cautelares contra las sospechosas. Así, por mandato del Juzgado Penal, ellas no podrán acercarse a las víctimas ni al albergue, además no podrán ser reinstaladas en ninguna otro casa de cuido del PANI, durante todo el tiempo que se alargue la investigación.
El caso se tramita bajo el expediente 20-000327-0058-PE.
Los hechos fueron descubiertos en una inspección sorpresa de la Defensoría de los Habitantes en uno de esos centros hogares temporales en Cartago. La visita tenía la intención de verificar las condiciones y la atención a los menores.
En esa gestión, personal de la Defensoría entrevistó a niños quienes revelaron los presuntos maltratos e incluso pidieron a los visitantes no dejarlos solos.
De inmediato, se informó al Ministerio Público desde donde se solicitó asistencia de agentes del Organismo de Investigación Judicial para las diligencias que culminaron con las detenciones y la apertura de la causa judicial.
"Ese día nos dijeron ‘no nos dejen solos aquí’. Cuando preguntamos por qué, respondieron: ‘es que aquí nos pegan’, relató la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, durante una conferencia de prensa este viernes, en compañía de la fiscala general, Emilia Navas.
“Inmediatamente llamé a la fiscala general. No los dejamos solos, nos quedamos ahí hasta que llegó la Fiscalía y hasta que llegaron las tías nuevas que mandó el PANI”, añadió Crespo.
Los menores también relataron que por castigo los dejaban sin merendar o sin comer, y los mandaban a dormir temprano, incluso, durante el día.
Crespo narró que las funcionarias no mostraron ninguna sorpresa con la inspección, pues aparentemente había un WhatsApp mediante el cual les informaron que el personal de la Defensoría llegaría a los albergues y “de alguna forma, estaban preparadas”.
La inspección se prolongó por entre seis y siete horas.
Ante el caso, el PANI aseguró que tomó acciones en favor de los niños para “garantizar su protección y darles el acompañamiento y contención necesaria”.
Contra las funcionarias, ordenó la apertura de un proceso disciplinario y el dictado de medidas cautelares vía administrativa, al tiempo que garantizó acompañamiento y colaboración con las autoridades judiciales.
“Vamos a ser enérgicos y actuar con la firmeza que se requiere para erradicar cualquier tipo de agresión hacia la niñez y la adolescencia, y mucho menos, permitir que a lo interno se den estas situaciones, donde no tiene cabida ningún tipo de violencia o trato degradante contra nuestra población. He dado órdenes para iniciar el proceso administrativo y facilitar el proceso judicial”, informó en un comunicado la nueva presidenta ejecutiva del PANI, Gladdys Jiménez, quien asumió apenas el martes.
Oportuna denuncia
La defensora explicó que el caso se detectó gracias a una denuncia anónima en relación a este albergue que es uno de 30 propios del PANI (hay alrededor de otros 130 a cargo de entidades no gubernamentales).
El miércoles en la tarde se recibió en la Defensoría la denuncia por lo cual se hizo la visita el jueves cuando se halló el problema.
“Había conocimiento de esa informante sobre los hechos. Nosotros hicimos una visita según un protocolo y, los niños llegaron a pedirnos que no nos fuéramos. Fueron ellos quienes al preguntarles porqué, empezaron a decir que les pegaban, que les gritaban”, explicó Crespo.
La denuncia se da en la misma semana en que el Patronato estrena jerarca. Se trata de Gladys Jiménez, abogada y educadora quien llega a ocupar el puesto que dejó Patricia Vega, desde el 16 de enero, en medio de muchas críticas y cuestionamientos a la institución.
La defensora lanzó un vehemente llamado a la población a denunciar cualquier situación sospechosa de violencia contra niños.
“No dejen de llamarnos a nosotros u otra autoridad, es importante y las denuncias sí tienen un efecto claro. Esta persona sí sabía que estábamos haciendo inspecciones y tuvo la confianza de alertarnos. Por favor, acudan a la Fiscalía, a la Defensoría, a la Policía u otro ente de confianza a denunciar”, insistió Crespo.
La defensora ya solicitó al PANI explicaciones sobre cuáles son los mecanismos de supervisión para verificar cómo se atiende y trata a los menores bajo su protección. También pregunto si en el caso de Cartago existen referencias sobre lo que allí podía estar pasando a nivel de abusos y medidas previstas para garantizar protección a los menores mientras transcurre la investigación interna en esa entidad.
Nueva fiscalía especializada
Navas Aparicio, por su parte, anunció una nueva fiscalía adjunta para atender casos de maltrato contra menores ante lo que calificó como un agravamiento del fenómeno en últimos años.
“A lo largo de todos mis años de trabajo en el Ministerio Público, he visto casos similares, parecidos o más graves, pero lo que impresiona son los niveles de violencia y número de casos que han tenido lugar en los últimos cinco años, en particular en el 2019”, explicó.
La reacción del Ministerio Público, agregó, es la creación desde el 6 de enero de una Fiscalía Adjunta para atender de manera prioritaria y particular este tipo de fenómeno criminal.
“Estoy impulsando ya todas las gestiones ante la Unidad Administrativa del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para que se empiece a trabajar el próximo 10 de abril”, recalcó.
La creación de esa fiscalía adjunta sobrevino luego de una actualización de datos estadísticos de maltrato a menores recabados por la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías.
Esos datos revelan que, desde el año 2014, en todo Costa Rica se atendieron 8.300 casos de agresiones contra menores.
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Entre las cifras de maltrato a menores del Ministerio Público figura la muerte de una niña en Tuetal de Alajuela, luego de un aparente mal manejo de una denuncia por parte del PANI, según afirmó la propia Vega.
Este hecho terminó por exacerbar el ambiente en el PANI y condujo a la partida de Vega.
Sin embargo, ya desde el año pasado el PANI estuvo en el ojo público luego de la muerte de otro niño, también en Alajuela, caso que fue denunciado sin que personal de la entidad diera con la vivienda.
Asimismo, la propia Auditoría Interna manifestó en una comisión de la Asamblea Legislativa que el Patronato fallaba en todo el proceso de atención de casos reportados por aparente maltrato o riesgo de menores.
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