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Generadores privados a los que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había dejado de comprar energía, vuelven a encender turbinas. Ya suman tres las empresas que renovaron contrato con la entidad pública.
Esta reactivación se ampara en el decreto ejecutivo No. 43.700, publicado el 29 de setiembre en el alcance 208 del diario oficial La Gaceta, mediante el cual el Gobierno autorizó al ICE a restablecer a conveniencia contratos para adquirir la electricidad limpia y barata de esos productores, cuyos anteriores convenios empezaron a vencer a partir del 2020.
Este 14 de febrero, el Instituto reanudó vínculos con las plantas hidroeléctricas Don Pedro y Río Volcán, ambas en Alajuela. Las instalaciones son propiedad de la compañía ENEL Costa Rica, filial del Grupo ENEL del Gobierno italiano.
Ambos contratos regirán por cinco años, prorrogables por un periodo igual, informó el ICE en un comunicado.
Con esas renovaciones, agregó el Instituto, también se suscribió un acuerdo que da por concluido un proceso de arbitraje (caso CIADI N.º ARB/21/49) que mantenía ENEL Costa Rica y ENEL Colombia contra el Estado costarricense.
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Las filiales activaron este proceso en octubre del 2021, al atribuir al Instituto una “expropiación indirecta” de sus plantas hídricas cuando les dejó de comprar electricidad.
Con el retiro del proceso de arbitraje, informó el ICE, se ahorrarán “recursos cuantiosos al país” al evitarse el pago de los costos legales asociados.
Más barata
El Instituto también dio a conocer este jueves que la electricidad que le comprarán a las plantas será más barata, casi 59% menos por kilovatio hora en comparación con los anteriores acuerdos. El ICE no detalló en su comunicado los montos convenidos.
El acuerdo contempla la compra de electricidad con un compromiso mensual firme y una capacidad máxima de 14.000 Kilovatios (kW) para Don Pedro y 17.000 kW para Río Volcán; una energía capaz de satisfacer la demanda de unos 42.000 hogares, afirmó el ICE.
“Los nuevos compromisos con las empresas de generación privada le brindan al país la posibilidad de tomar mayores previsiones para la época seca, buscan asegurar una estabilidad en las tarifas y permite al ICE comprar energía a precios justos, lo que beneficia a todos los clientes del servicio eléctrico del país”, declaró en un comunicado Roberto Quirós, gerente de Electricidad de la empresa pública.
El 31 de enero pasado, el Instituto también suscribió acuerdo de renovación con la hidroeléctrica Tapezco, que operaba desde el año 1990 en el cantón de Zarcero. En este caso, la compra de su energía se extenderá por los próximos seis años.
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Mario Alvarado Mora, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), indicó que otras plantas a las que se dejó sin contrato aún mantienen conversaciones bilaterales con el ICE sobre las condiciones contractuales.
“La negociación aún no ha concluido, y esperamos que termine pronto para que los contratos puedan ser suscritos. Como hemos comentado anteriormente ,deseamos que se puedan construir condiciones para que ganen todas las partes a la mayor brevedad”, solicitó.
Para el vocero, es un buen augurio, porque los nuevos contratos favorecen a los usuarios del sector eléctrico, permite el ICE atender las necesidades energéticas y permite a plantas desconectadas volver a producir energía limpia y barata.
En noviembre anterior, el Instituto sacó del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la hidroeléctrica El Embalse, localizada en San Carlos (Alajuela), al expirar su contrato con la empresa pública, pese a que el decreto ejecutivo No. 43.700 había sido emitido poco antes.
Solo durante el segundo semestre del 2020, la decisión del ICE de no comprar más energía a plantas privadas obligó al apagado de nueve instalaciones, todas basadas en fuentes de generación limpia y de menor costo, las cuales representan inversiones de $47 millones y 60 Megavatios de potencia de generación instalada, entre ocho hidroeléctricas y una planta eólica.
Sin el cambio establecido en el decreto de setiembre, otras cinco plantas iban a correr la misma suerte hacia el 2025, pues la ley No. 7.200, que autoriza a privados la producción de energía, es restrictiva ya que solo le pueden vender electricidad al ICE y este tiene control sobre los contratos de compra.
