EscucharEl Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una solicitud de medida cautelar presentada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para frenar el pago de multas impuestas por incumplir los plazos en la entrega de proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), destinados a cerrar la brecha digital.
En la resolución 2024003785 del 13 de junio, el despacho judicial también revocó una medida cautelar provisionalísima que había conseguido el Instituto el 6 de abril, en su disputa contra el Fideicomiso Fonatel que administra el Banco de Costa Rica, órgano que impuso las multas. El caso se tramita bajo el expediente judicial 24-002202-1027-CA-9.
El Fideicomiso reclama al ICE el pago de cinco multas por un total de $1,8 millones, que se determinaron mediante procedimientos administrativos, cuyas decisiones se notificaron al Instituto entre enero y febrero de este año.
Las faltas consistieron en atrasos de hasta 485 días en la entrega de servicios de Internet para comunidades rurales de Guanacaste y Puntarenas.
En todos los procesos, el ICE interpuso recursos de revocatoria contra las resoluciones.
Como parte de su defensa, el Instituto alegó ante el Fideicomiso condiciones de “extrema dificultad”, como falta de líneas eléctricas y problemas de acceso, los cuales le impidieron asegurar la totalidad del alcance con radiobases de telecomunicaciones para los puntos incluidos en los proyectos.
En 2023, el Fideicomiso determinó que se debían subsanar los problemas, pero el ICE insistió en que los plazos estipulados no le resultaban factibles porque implicaban realizar nuevos diseños técnicos y más gasto.
“Con la medida cautelar, el ICE busca evitar el daño a la ejecución sostenible de los proyectos. El cobro de la multa y las inversiones adicionales aumentarían el desequilibrio financiero del programa y, en consecuencia, se afectaría el interés público”, declaró el Instituto en un comunicado del 9 de abril.
En su resolución, el Contencioso rechazó el argumento del ICE y declaró sin lugar el pedido de medida cautelar.
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Razonamiento de la jueza
El Instituto advirtió al Tribunal de que sufriría un daño a sus finanzas si no se suspendía el cobro de la sanción contemplada en la cláusula penal de cada contrato con Fonatel. Incluso, afirmó que pagar la multa le causaría una lesión a su equilibrio financiero en la debida ejecución de los proyectos, según se consigna en la resolución judicial.
Sin embargo, la jueza tramitadora, Godelieve López Salas, indicó que el ICE no logró acreditar cómo un pago por $1,8 millones implicaría un daño de tal gravedad que comprometería su operación, ni tampoco aportó pruebas de falta de liquidez suficiente para afrontarla.
“Lo que deberá afrontar hasta que se resuelva el proceso es la erogación de un monto que, aunque puede considerarse un daño, no alcanza a acreditarse como grave”, explicó la jueza.
La jueza recordó que el ICE cerró con un flujo de efectivo equivalente a $938 millones el año pasado.
Para la juzgadora, sí reviste de interés público la ejecución de los contratos, incluyendo la aplicación de eventuales cláusulas penales, las cuales pueden disuadir al ICE de incumplir la ejecución contractual de proveer acceso a Internet a regiones en condición de vulnerabilidad.
