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La pesca de arrastre es una práctica que puede arrancar sedimentos y destruir hábitats naturales, con lo cual se altera el lecho marino. El daño que causa se ha comparado con la tala de bosques. Fotografía: Cortesía.
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo acogió por segunda ocasión un pedido de medida cautelar de la Fundación MarViva, por lo que nuevamente queda suspendido el estudio sobre pesca de arrastre promovido por el Gobierno.
La primera gestión había sido acogida el 13 de noviembre, por considerarse que el plan impulsado podría representar un peligro inminente de difícil reparación para los ecosistemas marinos.
Contra esa decisión, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón presentaron recursos de nulidad. Estas objeciones fueron aceptadas el 9 de febrero pasado mediante el voto 049-2024-1 del Tribunal de Apelaciones, porque se había omitido a la Asociación en su condición de tercera parte afectada en el proceso.
A principios de esta semana, la Fundación presentó por segunda vez la solicitud de medida cautelar en la que subsanó el error de procedimiento, y de nuevo, el Tribunal Contencioso decidió suspender el estudio mientras se resuelve por el fondo el expediente 23-002732-1027-CA-4, mediante el cual MarViva busca detener por completo el plan del Ejecutivo para reactivar la pesca de arrastre de camarón en mares costarricenses.
“En criterio de este despacho, la prueba aportada a los autos contiene evidencias de una situación de extrema urgencia, vinculada con la tutela del ambiente y los derechos fundamentales consagrados en el numeral 50 de la Constitución Política”, indica el juez tramitador José Roberto Brenes Chinchilla en la resolución emitida el 13 de febrero.
La orden judicial
La resolución ordena suspender por completo las faenas de pesca y cualquier otro acto conexo realizado por Incopesca que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca; esto hasta que se resuelva por el fondo la demanda presentada.
“Por segunda ocasión los tribunales nos dan la razón, este es un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias”, declaró Katherine Arroyo, directora ejecutiva de MarViva.
Según ella, la iniciativa contiene inconsistencias, carece de transparencia y no posee fundamento técnico y metodológico; todo lo cual supone un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas.
La pesca de camarón por técnica de arrastre en el suelo marino está prohibida debido al grave daño que provoca a otras especies, según un fallo de la Sala Constitucional del año 2013. Desde entonces, quedaron suspendidas las licencias a los camaroneros, aunque el fallo dejó la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demuestra una salida sostenible.
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