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El Consejo de Transporte Público entregó la operación del servicio de autobuses de la ruta 400 BS, de San José a Heredia, a Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (Tuasa). Antes, ese servicio lo operaba la compañía Busetas Heredianas.
Dicho proveedor ha estado envuelto, en los últimos años, en un conflicto de socios que derivó en una condena por tentativa de homicidio para su anterior presidente, de apellido Ramírez.
La Junta Directiva del CTP tomó la decisión el 19 de abril pasado, pero la divulgó el jueves 27, cuando se notificó a ambas sociedades. La medida se tomó debido a una serie de faltas detalladas en el oficio CTP-AJ-OF-0423-2023 citado en el documento del acuerdo, en poder de este diario.
Según este, Busetas Heredianas no cumplió con el número de unidades establecido para trasladar pasajeros y, en consecuencia, irrespetó los horarios y frecuencias estipuladas. Además, se determinó que tiene deudas con la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) por ¢1,8 millones correspondientes a cuotas obreros-patronales.
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“Ellos (Busetas Heredianas) no se han acercado a hacer ninguna gestión dentro del procedimiento para evidenciar o hacer valer su derecho de defensa y este en ese sentido, se recomienda cancelar el permiso de la empresa”, indicó Laura Sánchez Navarro, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos del CTP, citada en el texto.
El acuerdo aclara que el CTP debe fijar la fecha para el cambio de operador, pero estima que sería un sábado o domingo, cuando se prevé una menor afectación para los usuarios.
Al retirarle la operación a ese operador, la Junta Directiva también acogió la recomendación del Departamento de Inspección y Control de darle esa actividad a Tuasa, que hoy ya opera la ruta 200 entre San José y Alajuela.
El acuerdo menciona la apertura de una audiencia (no cita cuándo se realizó) para atraer interesados en la ruta 400 BS a la cual se habría invitado a cinco posibles proveedores. Sin embargo, dice el escrito, solo Tuasa respondió.
La empresa alajuelense ofreció para hacer el recorrido una flotilla de 20 autobuses modelo 2020 por inscribir ante el CTP, otras tres unidades modelo 2016 y 11 fabricadas en el 2014. A estos se agregarían 14 vehículos de este año.
La resolución añade que Tuasa podría asumir en unos 20 días hábiles, lo cual sitúa la sustitución para inicios de junio. El transportista iniciaría con 34 unidades (71% del total previsto) y sumaría 14 unidades al mes y medio para un total de 48.
La Nación consultó a Marco Vinicio Herrera Alvarado, socio de Tuasa, sobre las previsiones al asumir la ruta, pero declinó brindar declaraciones.
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Acusaciones y violencia
El relevo llega luego de una serie de conflictos en Busetas Heredianas, incluida una sentencia de 18 años de prisión dictada en setiembre del 2021 contra su expresidente, Óscar Ramírez Jiménez, por intentar asesinar a su socio, Minor Garita Soto.
La sentencia del Tribunal Penal de Heredia detalla que todo empezó en 1996 cuando Garita denunció a Ramírez por administración fraudulenta. Esto derivó en una condena de seis años de prisión de los que descontó solo ocho meses gracias a un beneficio que lo dejó en libertad.
Luego de la condena, Garita inició un proceso civil para cobrar daños y perjuicios. Esto habría llevado a Ramírez a idear un plan para matarlo el cual, agregó el Tribunal, se concretó el 10 de febrero del 2014 cerca del Liceo de Heredia, cuando Garita conducía su vehículo. En esa ocasión, resultó herido.
El ataque desencadenó el proceso penal.
Otro hecho que evidenció las graves diferencias en la empresa se registró el 29 de agosto de 2021, un mes antes de que se diera la sentencia. En esa ocasión, varios hombres armados ingresaron al plantel de Busetas Heredianas, donde golpearon a trabajadores y revisaron las instalaciones, ubicadas cerca del centro comercial Paseo de las Flores.
Según dijo entonces José Pablo Badilla, abogado de Busetas Heredianas, aquella acción que llamó “cuasi militar” fue liderada por otros socios para tomar control de la compañía y sacar a Ramírez de la presidencia que ocupó por 15 años. En ese periodo también fue el administrador.
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“Entre Ramírez y este grupo de socios ha habido denuncias penales en uno y otro sentido. Básicamente esos socios acusan o accionan a Ramírez porque dicen que él se ha dejado la empresa y que tiene menos acciones que el resto (...) Esas denuncias están pendientes ante la Corte”, declaró Badilla a La Nación en setiembre del 2021.
Al año siguiente, el 13 setiembre del 2022, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron el plantel de la empresa para que una nueva junta pudiera tomar posesión.
El 20 de junio del año pasado, el Tribunal Colegiado Civil de Heredia ordenó la inscripción de una nueva junta directiva en Busetas Heredianas que permanecía entonces sin iniciar labores.
La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que aquel allanamiento fue parte de una denuncia interpuesta por parte de un socio de apellido Víquez por una supuesta usurpación pues la anterior junta directiva había impedido a los nuevos dirigentes entrar a las instalaciones, informó entonces la oficina de prensa del Ministerio Público.
