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La comercialización de lotería ilegal o juegos de azar clandestinos se castigará con penas de cárcel de entre tres y seis años en caso de que se apruebe un proyecto de ley presentado este lunes por autoridades de la Junta de Protección Social (JPS).
La iniciativa busca prohibir desde el financiamiento y administración de las loterías clandestinas hasta la realización y venta de rifas. Además, incluye sanciones para quienes compren este tipo de productos no autorizados por la Junta e incluso a los que reciban y transmitan los informes relacionados con estos sorteos y aquellos que impriman cualquier cosa que se considere lotería ilegal.
Una de las penas más fuertes (hasta ocho años de cárcel) es la que pretende sancionar el financiamiento, administración, venta y comercialización de lotería extranjera.
La misma pena aplica para quienes financien o administren juegos de azar ilegales y de tres a seis años de prisión para quienes comercialicen loterías ilegales o juegos de azar no aprobados.
En el caso de las rifas se establecen multas de dos salarios base para quienes vendan este tipo de sorteos o promulguen listas de premios de rifas clandestinas.
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Antecedentes. De acuerdo con la presidenta de la JPS, Delia Villalobos, han identificado la venta de loterías de Panamá y República Dominicana, incluso estas y otros sorteos ilegales se venden en puestos autorizados o sitios que utilizan logos falsos de la Junta.
Villalobos aseguró que entre el 2015 y 2016 realizaron intervenciones con ayuda de la Fuerza Pública y la Fiscalía, las cuales dejaron como saldo la apertura de 25 procedimientos administrativos a vendedores autorizados en el 2015 y nueve en lo que va del año. Además, se trasladaron 67 denuncias a instancias judiciales en el 2014.
"En este año estamos impulsando un estudio a nivel nacional que nos permita conocer dónde están y cuáles son las ventas ilegales", añadió.
Según datos de la Junta, se estima que las loterías ilegales generan alrededor de ¢100.000 millones de ganancias al año, mientras que las utilidades de la entidad rondan los ¢26.000 millones anuales.
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Asimismo, se estima que existen cerca de 7.500 vendedores de lotería ilegal, frente a los poco más de 3.000 vendedores y puntos de venta autorizados que tiene la entidad.
Marcela Sánchez, asesora jurídica de esa institución, explicó que la necesidad de una ley responde a que la normativa actual no llena las necesidades de la institución para combatir la lotería ilegal, pues la ley vigente data de 1951 y tiene deficiencias de aplicación y remite la lotería clandestina a un delito de estafa, además las penas que estipula son muy bajas.
El proyecto recibió la firma de 41 diputados, sin embargo, eso no significa que tiene el camino allanado en el Congreso.
Según el congresista de la Unidad Social Cristiana, Luis Váquez, el proyecto podría quedarse varado si no se establecen mecanismos para incentivar que las personas que dependen de este negocio, encuentren mejores formas de subsistir.
"Es un paso importantísimo de mucha responsabilidad, pero me parece que va a quedar por ahí mientras no se resuelva algo que hay por el fondo y es cómo incentivar a las familias que por muchos años han vivido de la lotería clandestina. Si la Junta no asume un compromiso fuerte donde los invite a participar de un nuevo programa de asistencia social para que dejen la parte clandestina y se vengan a la parte legal, lo que va a hacer es que se aumenten los montos y hacer el problema más grande", indicó Váquez.
Sobre este punto, la presidenta de la JPS argumentó que ya existen decenas de programas de ayuda social y opciones de empleo para quienes quieren vivir de la lotería de una forma legal.
"La JPS tiene 11 giros directos y también la atención de 430 programas sociales y eso significa muchas poblaciones, ya la estructura no aguanta más sectores, lo que sí ofrecemos son posibilidades de trabajo, cada cierto tiempo la JPS genera empleos, ellos podrían optar por ser vendedores oficiales de la Junta de Protección Social", indicó Villalobos.
