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Desde que falleció su esposo, el exprocurador general adjunto de la República, Farid Beirute Brenes, el pasado 5 de setiembre, Jeannette Brealey Sánchez ha tenido que recurrir a ahorros y préstamos familiares para vivir debido al atraso de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) en traspasar la pensión que Beirute recibía en vida y que, por derecho, le corresponde a ella como su viuda.
El abogado, quien laboró 36 años en la Procuraduría General de la República (fue procurador de 1972 a 1988 y procurador general adjunto durante 20 años, de 1989 al 2009), murió repentinamente de un infarto en setiembre del 2021, a los 71 años.
La noticia conmovió al país, pues Beirute tuvo una destacada carrera en la función pública. Él recibía una pensión del Régimen de Hacienda, administrado por la DNP. Al trascender su muerte, la Dirección frenó inmediatamente el pago de la pensión que Beirute devengaba en vida.
La rapidez de ese trámite contrasta con la lentitud de la misma oficina para trasladar el beneficio a la viuda.
Los tres hijos de la pareja han realizado las gestiones para que Brealey Sánchez goce de la pensión en el tiempo que establece la ley.
“Mi mamá dependía económicamente de mi papá. Ella no cuenta con pensión ni con ningún otro ingreso. Al día de hoy, 19 de mayo de 2022, no se ha recibido un solo colón por concepto de la pensión. Lo que significa que, desde el fallecimiento de mi padre, en setiembre de 2021, han transcurrido casi nueve meses en que mi mamá, adulta mayor, ha tenido que recurrir a préstamos familiares para poder costear sus gastos básicos de alimentación y hogar.
“Ello pese a que está en su derecho de recibir el monto de la pensión que le otorga la Ley para estos casos (un 70%)”, reclamó Tatiana Beirute Brealey, hija de la pareja.
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La mujer asegura que el caso de su mamá no es aislado: “Existe una Asociación de Pensionados de Hacienda y el Poder Legislativo que se ha encargado de asesorar y apoyar legalmente a quienes heredan pensiones de este régimen y sufren este mismo abuso por parte de la Dirección Nacional de Pensiones. Nosotros encontramos este apoyo, pero sabemos de personas que no lo conocen y el calvario es peor”.
Una de las mayores dificultades que ha enfrentado la señora Brealey Sánchez es la falta de cobertura de seguro con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que la tendría si ya tuviera acceso a la pensión. Uno de sus hijos tuvo que asegurarla para que pudiera seguir con sus tratamientos como adulta mayor.
La situación, dijo Beirute Brealey, se complicó con el hackeo al Ministerio de Hacienda, en abril. Según les han dicho, esta es la nueva excusa de la DNP para no proceder con los pagos, que los hace Hacienda por medio de la Tesorería Nacional.
Beirute explicó que usan una planilla espejo, o antigua, y que su madre no está incluida en ella.
Además, dijo, les advirtieron de que el día en que finalmente depositen la pensión, esta solo cubrirá el 2022. Los pagos del 2021 tendrán que pelearlos en vía judicial, dijo Beirute.
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“¿Por qué tenemos que gastar en un proceso judicial para que mi mamá reciba el dinero que le corresponde por ley y que Hacienda está reteniendo de manera ilegal? ¿Por qué todos los costarricenses tenemos que pagar con nuestros impuestos un proceso judicial por la negligencia de Hacienda? ¿Qué gana Hacienda reteniendo la plata de los pensionados por unos meses mientras que retrasa los procesos?
“En nuestro caso, mis hermanos y yo hemos costeado los gastos de mi mamá durante todos estos meses, pero ¿qué sucede con las personas que no cuenten con una red de apoyo para ayudarles? Pienso en el caso hipotético de una mujer viuda con hijos pequeños a cargo. ¿Cómo hace para vivir nueve meses sin recibir el monto de la pensión a la que tiene derecho, pero que Hacienda negligentemente no le deposita?”, cuestiona Beirute Brealey.
Traspasos de pensión son prioritarios
La nueva directora nacional de Pensiones, Elizabeth Molina Soto, reconoce que plazos prolongados como los vividos por la viuda de Beirute Brenes no deberían darse. Esta Dirección está adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Actualmente, hay 67 beneficiarios nuevos que no se incluyeron en los pagos y debían estar en los de mayo. De ellos, 52 corresponden a traspasos por temas de viudez, incluida Brealey Sánchez.
“No debe ser la norma y por supuesto que la Dirección debe abocarse a resolver en el plazo. Lo que pasa es que hay justificaciones con relación a los mismos problemas que hemos tenido con los sistemas. Problemas técnicos que han impedido dar el seguimiento correspondiente en unos casos. En otros, ha sido el volumen de solicitudes y que la capacidad instalada del momento no dio para resolver en ese plazo.
“Estamos buscando hacer planes de mejora, y lo estábamos haciendo cuando se nos vino el hackeo y se nos puso verdaderamente difícil. Asumí la Dirección en mayo, y he indicado algunas mejoras a ver si ese cuello de botella que se hace ahí se elimina tomando algunas medidas en el proceso de trabajo”, afirmó Molina, para quien los traspasos de pensión como en el caso de Brealey Sánchez “deben ser prioridad porque las viudas necesitan de esos recursos”.
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“Es una gran preocupación que tenemos en la Dirección. No obstante, a veces se tarda un promedio entre cinco y seis meses por ese volumen que se tiene, por los controles que se hacen y porque los sistemas se vuelven difíciles a veces: se caen, ha habido problemas con el sistema donde están los expedientes digitales y donde está la información que requieren los abogados para resolver y declarar o no el derecho de la pensión”, agregó.
Hackeo afectó servicio
Esteban Soto, jefe del departamento de Gestión de Pagos de la DNP, confirmó las dificultades por el hackeo de abril, que también perjudicó, dijo, a la DNP.
“Se hicieron todos los esfuerzos por restablecer este sistema para hacer la planilla de mayo, pero se nos informó de parte del departamento de Tecnología de la Información de que tenían que realizar muchos procesos de seguridad y cuarentena de los equipos. Fue hasta el 10 de mayo que nos habilitaron el sistema integrado de pensiones: el que utilizamos para elaborar cada propuesta de pago”, explicó.
Usualmente, dijo Soto, la Dirección invierte tres semanas en hacer una propuesta de pago, o planilla, para enviar a la Tesorería Nacional, en el Ministerio de Hacienda, donde se ejecutan los pagos. La de mayo se tenía que enviar el 12 de mayo.
“¿Qué hicimos? El 10 de mayo nos habilitan el sistema, y uno de los dos días disponibles (antes de enviar la información a Hacienda) lo dedicamos a pruebas para asegurar que ningún dato de algún pensionado fue alterado. Pasó todas las pruebas y permitió, por lo menos, enviar la propuesta ordinaria a Hacienda, que es enviar lo mismo que se pagó en abril, sin hacer ninguna modificación porque en un día no podíamos cumplir con el control interno que permitiera tan siquiera incluir un caso. Esta decisión fue comunicada a los altos jerarcas al ser una situación que se sale de nuestras manos”, dijo Soto.
El funcionario agregó que el departamento de Tecnologías de la Información trabaja en el restablecimiento de los demás sistemas: “Tenemos la esperanza de que estos (nuevos) casos puedan incorporarse en la planilla de junio, pero al día de hoy algunos sistemas de los que ocupamos no están restablecidos”.
La directora de Pensiones agregó, sin precisar la cantidad de casos: “Hay muchas personas afectadas porque no hemos estado resolviendo los trámites, no solo del traspaso sino de las otras solicitudes. Toda la parte de apoyo tecnológico está trabajando para habilitar este sistema para ver los expedientes digitales y resolver los trámites pendientes”.
Por su parte, Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, dijo por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda de que, si bien para el pago de pensionados de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) y la DNP de abril se aplicó un espejo de lo pagado en marzo, en mayo se implementó un ambiente donde se pueden cargar y emitir los pagos de salarios y pensiones con la información que brindan las instituciones.
“La DNP y Jupema presentaron sus propuestas de pagos en las cuales podían incluir casos de pensionados nuevos o excluir otros. El pago de pensiones se efectuó el 18 de mayo, tal y como estaba calendarizado”, afirmó Arroyo.
