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Luego de que La Nación expusiera la polémica guía del Gobierno que advertía a las turistas extranjeras cuidar su forma de vestir para evitar agresiones sexuales, colectivos de mujeres de todo el país repudiaron la situación por considerar que con el documento el Estado culpabilizaba a las víctimas por este tipo de violencia, al trasladarles la responsabilidad de los delitos a ellas y no a agresores.
Una de esas críticas fue la directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Montserrat Sagot Rodríguez, para quien las propuestas gubernamentales iban en contra de todo lo que han defendido por décadas, debido a que prácticamente le indicaban a la viajera internacional que “si no quiere ser violada, mejor quédese en su casa”.
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La socióloga también fustigó la “aclaración” que emitió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) luego de la publicación de este diario. “Lastimosamente no rectifican, no se disculpan y no reconocen el grave error. ¡Muy mal! Ignoran más de 30 años de estudios, de datos de activismo y el propio trabajo del Inamu en materia de prevención de la violencia sexual. Es que ni siquiera intentan sacar la pata!”, escribió Sagot en su Twitter.
A petición de este diario, la especialista enumeró siete acciones que debería tomar en cuenta el Gobierno para, efectivamente, combatir las agresiones sexuales. Están dirigidas especialmente al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Comisión Nacional de Seguridad Turística (Consetur) y el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
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1. En primer lugar, declarar el problema como de incumbencia nacional para que todas las instituciones del Estado asuman responsabilidades en su prevención, atención y sanción. Una vez declarado como problema de interés nacional, se debe dotar de recursos económicos, materiales y humanos a las instituciones para su atención específica. Las declaraciones de buena voluntad no son suficientes para enfrentar el problema.
2. La prevención debe ir enfocada en reducir todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas, no únicamente las dirigidas a turistas, ya que una sociedad con altos niveles de violencia sexual se convierte en una sociedad peligrosa para las mujeres en general.
3. Una tarea fundamental es promover normas sociales que protegen contra esta forma de violencia. Con este fin se requiere en desarrollo de campañas que rechacen la construcción de la masculinidad violenta; es decir, la que asocia masculinidad con control sobre las mujeres. Para esto es necesario involucrar a los propios hombres y también iniciar procesos desde la infancia con niños y niñas. Estudios realizados en diversas partes del mundo han demostrado que si se logra disminuir la “pedagogía de la violencia” también se disminuye el ejercicio de esta y su normalización. Está demostrado que la tolerancia social frente a la violencia que sufren las mujeres es uno de los factores que más peso tiene en la incidencia.
4. Es necesario crear espacios seguros en los que se involucre a toda la comunidad: las escuelas, los negocios, las y los vecinos, las organizaciones comunales, y, por supuesto, la Policía y las otras instituciones estatales.
5. Las comunidades tienen que estar al tanto de los riesgos y ayudar en la garantía de espacios seguros para mujeres, niñas y toda la población.
6. La aceptación social de la violencia masculina debe ser enfrentada, desarticulada y sustituida por respuestas sociales sensibles y enfáticas frente a las víctimas: instituciones que responden rápidamente, campañas nacionales y locales de repudio a la violencia sexual, difusión de los derechos de las mujeres, vecinos, vecinas que actúan de manera decidida para proteger y apoyar a las víctimas, así como señalamiento negativo a los agresores y vigilancia de los mismos.
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7. Finalmente, está demostrado que las sociedades más igualitarias, tanto en términos socioeconómicos, raciales, así como de género, tienen menores niveles de violencia en general y de violencia contra las mujeres en particular. En ese sentido, es necesario reducir las desigualdades y fomentar el bienestar de las comunidades ya que a más desigualdad social, más violencia.
La experta recordó que, dado que la violencia sexual es un problema multicausal, las acciones para su prevención deben darse en diferentes niveles y tienen que ser el resultado del trabajo conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad civil.
“Son muy importantes las respuestas de las instituciones. Los espacios que revictimizan a las mujeres, en lugar de ayudar en la solución del problema, más bien incrementan los riesgos y se convierten en parte del engranaje social que fomenta la violencia”, concluyó Sagot.
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Compartimos de nuevo esta publicación con algunos consejos Anti-violación https://t.co/LSQIFcLXQP
— Ni una menos-CR (@niunamenoscr) January 17, 2022
