Escuchar
¿Compra tiempos? ¿De la Junta de Protección Social o de las variedades extranjeras, como los panameños y dominicanos?
Si prefiere los segundos, contribuye a un negocio que cada año mueve unos ¢100.000 millones, mucho más de lo que logra obtener el juego oficial, según las últimas estimaciones de la Junta de Protección Social (JPS).
El año pasado, esa entidad ganó ¢60.000 millones con los tiempos electrónicos.
Claudio Madrigal, gerente de Comercialización de la institución, reconoce que están en amplia desventaja, y que es muy poco lo que pueden hacer para reducir esa brecha.
La dinámica de los sorteos de tiempos es sencilla: todos los días, el comprador puede escoger un número e invertir en él la cantidad de dinero que quiera. Si resulta ganador, el premio multiplicará lo que haya apostado.
La Junta de Protección Social paga 70 veces el monto de la apuesta, mientras que en el mercado ilegítimo, esa cifra crece 80, 85 o hasta 91 veces.
Es decir, si usted apuesta ¢1.000 y gana, la Junta le otorgará ¢70.000, mientras que en un puesto clandestino podrían darle hasta ¢91.000.
Esa diferencia hace mucho más atractivo el producto ilegal y a la vez explica los inmensos capitales que mueve.
“Creo que con el paso del tiempo, los clandestinos podrían desplazar a la Junta, si no crea una fórmula que le resulte atractiva a los jugadores”, afirma Bryan Sequeira, taxista de Ciudad Quesada y jugador de tiempos.
¿Quiénes son los “bancos” detrás de ese millonario negocio? La JPS no lo sabe, pero sí sospecha de que hay grupos que acaparan miles de millones, no pagan impuestos, no cotizan a la seguridad social y absorben mercado.
“Lo que se ve es una persona que vende un producto de ¢1.000 o ¢2.000. ¿Dónde se deposita ese dinero? ¿Quién paga los premios? Ellos tienen toda una estructura financiera, probablemente hasta de sistemas informáticos. Este proceso llega a ciertas cúpulas que son las que se ven beneficiadas”, afirmó Madrigal.
Según dice, podría haber vínculos con el narcotráfico, legitimación de capitales y otros delitos. No obstante, la gente no cree que vaya a causar ningún daño por hacer un par de apuestas.
A pesar de estas sospechas, el Ministerio Público informó de que no hay ninguna investigación abierta en las fiscalías de delitos económicos, crimen organizado o lavado de dinero, vinculadas a estos juegos de azar.
¿Y quiénes son los compradores? Un vendedor limonense, por ejemplo, afirma que entre su clientela tiene hasta maestros y policías.
El principal problema, para Madrigal, es que estos juegos ya se ven con normalidad, por lo que los compradores no se dan cuenta del daño que generan.
Pocas alternativas. La ley de rifas y loterías establece multas de ¢100.000 y penas de hasta seis meses de cárcel para quienes realicen sorteos clandestinos. No obstante, en la práctica, tales castigos no se aplican.
“El costo de abrir un proceso en la Fiscalía supera bastante más el monto de las eventuales apuestas que la gente presenta como prueba”, explicó Madrigal.
De manera inmediata, lo único que podría hacer la JPS es cerrar los puestos ilegales, pero hasta eso le resulta difícil.
Para concretar esa medida, un inspector debe reunir fotografías, videos y hacer compras encubiertas para obtener la evidencia necesaria. La Junta alega que tiene pocos inspectores.
La labor se realiza junto con las municipalidades, las cuales proceden al cierre de los locales en los casos en que se logra comprobar la actividad ilegal.
Jorge Rojas, coordinador tributario de la Municipalidad de Tibás, precisó que el año pasado se cerraron dos locales. En su opinión, ese número es bajo, dada la cantidad de puestos que ha identificado en la zona.
En el cantón de Goicoechea, la situación es similar. En un recorrido por el centro de la ciudad se observan múltiples ventanas que ofrecen abiertamente “panameña” y “dominicana”.
Emanuel Chavarría, oficial de cobro del ayuntamiento, explicó que no pueden hacer siquiera una advertencia hasta tener el visto bueno de la JPS.
Según la Junta, para poder actuar, se necesitan medidas más eficientes a fin de sancionar a quienes distribuyan sorteos clandestinos.
La Nación intentó conversar con vendedores de puestos en Tibás y Guadalupe, pero ninguno accedió. Uno, incluso bajó las cortinas metálicas del local. Colaboró el corresponsal en San Carlos Carlos Hernández
