EscucharEl bono Proteger, creado en 2020 para ayudar a trabajadores afectados por el impacto económico de la pandemia, se entregó a cientos de personas que reconocieron no cumplir los requisitos para el subsidio, pero que igualmente hicieron la solicitud y recibieron el dinero, según detectó una investigación realizada por la Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Los requisitos eran tener el contrato de trabajo suspendido, la jornada laboral reducida, haber sido despedido o ser un trabajador independiente o temporal afectado por la covid-19. La condición se informaba en una declaración jurada, con la que el Gobierno debía corroborar los datos para saber si la persona calificaba o no.
Sin embargo, la Auditoría determinó que el Estado nunca tuvo acceso a tales declaraciones y ni siquiera se percató de que muchos ciudadanos indicaron en esos documentos que no cumplían con los requisitos.
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“Originalmente, el sistema presentó errores en la programación de los puntajes de los criterios para la priorización de asignación de recursos y la base de datos de los documentos de respaldo aportados por las personas solicitantes del beneficio no pudo ser consultada por ninguna instancia, lo que imposibilitó validar las solicitudes versus los respaldos aportados.
“La Administración nunca consultó el contenido del campo de observaciones del formulario para detectar errores en los beneficiarios seleccionados, ya que en estos campos se detectaron cientos de casos de personas solicitantes que indicaban que sabían que no cumplían con los requisitos pero que necesitaban el beneficio”, concluyó la investigación, al agregar que tampoco se ejecutaron verificaciones presenciales.
Aunque la Auditoría no detalló cuántas personas que reconocían no cumplir los requisitos recibieron el dinero, la ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, mencionó que hubo error en la entrega de más de 38.000 bonos. Estas ayudas consistían en giros de ¢62.000 o de ¢125.000 mensuales, por un lapso de tres meses.
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De acuerdo con la institución, el problema radicó en que la empresa encargada de administrar los datos del programa no dio acceso para verificar tales falencias.
“En lo que respecta a la trazabilidad, la base de datos, que contiene la documentación soporte para validar la idoneidad del beneficiario, nunca fue accesible para su verificación por parte de la Administración, de la Contraloría General de la República (CGR) o de esta Dirección General de Auditoría, por cuanto la empresa Continum Data Center nunca desarrolló la aplicación que se requería para esta funcionalidad”, aseveró.
Al final, según la investigación, el bono se entregó con base en las verificaciones automáticas que realizaba el sistema contra las bases de datos externas autorizadas, “sin embargo, debido a que no era materialmente posible acceder a la base de datos que contenía los documentos de respaldo de cada solicitud, como se explicó en el punto anterior, nunca se realizaron verificaciones de las solicitudes contra sus respaldos”.
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Con plazo de devolución
La semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció que 1.309 funcionarios públicos que recibieron irregularmente el bono tienen como máximo un mes de tiempo para devolver el total acumulado de ¢158 millones.
De acuerdo con la Auditoría, los empleados que recibieron el subsidio fueron trabajadores temporales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Se detectó que el sistema, desde su inicio, presentó problemas en la selección de beneficiarios, incluidos funcionarios públicos, ya que en dichos reportes se observaba claramente que el sistema seleccionaba beneficiarios a pesar de que las bases de datos externas consultadas los reportaban como funcionarios públicos, pensionados, privados de libertad o que ya disfrutaban de otro beneficio.
“Si bien en informes posteriores, la Administración detectó que muchos de esos beneficiarios marcados como funcionarios públicos correspondían en algunos casos a personas que habían laborado solo un corto periodo de tiempo en alguna institución, tal era el caso de funcionarios temporales del ICE, del MEP o de la CCSS; lo cierto es que el sistema no debió de haber seleccionado estas personas”, finalizó el estudio.
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