Escuchar
Cinco instituciones públicas contrataron al bufete de abogados BDS Asesores para que las apoyen en el proceso de renegociación de convenciones colectivas.
Las convenciones colectivas son acuerdos firmados entre el patrono y los sindicatos de las instituciones para ampliar los beneficios laborales establecidos en el Código de Trabajo. Sin embargo, en los últimos años han sido cuestionadas al punto de que la Sala Constitucional ha eliminado en múltiples ocasiones, cláusulas consideradas como abusivas o desproporcionadas.
El 2 de noviembre, La Nación informó de que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) adjudicaron a esa firma contratos de asesoría jurídica por ¢75 millones.
A esas entidades se suman la Municipalidad de San José, Correos de Costa Rica y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Esas cinco instituciones estatales otorgaron, entre setiembre de 2019 y abril de 2020, contratos por ¢139 millones a BDS para asesoría legal y asistencia durante el proceso de renegociación de las convenciones colectivas con sus trabajadores.
Entre las razones que argumentan para buscar la asesoría es que sus abogados se benefician del acuerdo laboral, por lo cual, legalmente no pueden negociarla. Además, las entidades procuran asegurarse de que el nuevo texto atienda las regulaciones de la Reforma Procesal Laboral, que rige desde julio de 2017, y de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en vigor desde diciembre de 2018.
En cuatro de los cinco concursos para realizar la contratación, BDS Asesores fue la única empresa que presentó ofertas.
LEA MÁS: Abogado constitucionalista: Convenciones colectivas deben prohibirse en ley de empleo público
La firma aseguró que, en todos los casos, definió los precios de acuerdo con las tarifas fijadas por el Colegio de Abogados de Costa Rica. La hora para abogacía y notariado tiene un costo de ¢90.750.
“Es una firma especializada en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Brindamos asesoría a todo tipo de empleadores, sean del sector público o privado, conforme las necesidades de cada organización; lo cual comprende el servicio de negociación de una eventual convención colectiva”, comentó la compañía vía correo electrónico.
Marco Durante, uno de los representantes de los patronos en el Consejo Nacional de Salarios, es el director de BDS Asesores.
La última adjudicación a favor de BDS Asesores ocurrió el 14 de abril anterior por ¢30 millones para orientar a la Municipalidad de San José en la firma de la nueva convención colectiva.
La licitación abreviada fue publicada en el Sistema Único de Compras Públicas (SICOP) el 2 de marzo de 2020; el Ayuntamiento estableció que el bufete interesado debía tener, al menos, tres abogados con cinco años de experiencia.
Además, determinó que otorgaría puntos adicionales en la evaluación de ofertas si los tres profesionales contaban con maestrías en derecho laboral.
También exigió, entre los requisitos, demostrar experiencia de cinco años en la asesoría de instituciones públicas, haber negociado por lo menos tres convenciones colectivas después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tener un área especializada en litigio laboral que haya asumido la representación legal de nueve entes públicos en los últimos cinco años y demostrar experiencia en la elaboración de normativa interna para el sector público.
En esa última condición, el municipio subrayó que debían haber dirigido, como mínimo, nueve proyectos de ese tipo en los últimos cinco años.
Enviamos a la oficina de prensa de la Municipalidad consultas relacionadas con dicha contratación, con el costo anual de la convención colectiva y la cantidad de empleados incluidos, así como la vigencia del acuerdo y los periodos de negociación, pero no contestaron al cierre de esta información.
Correos de Costa Rica
El 14 de octubre del año anterior, Correos de Costa Rica también seleccionó a BDS Asesores como asistentes legales; lo hizo por medio de una contratación especial para servicios jurídicos por demanda por un monto de ¢22 millones.
Kattia Bryan Cerdas, gerente de Recursos Humanos de Correos de Costa Rica, explicó que se gestionó esa contratación porque los abogados de la Dirección Jurídica están incluidos dentro de la convención y no podrían participar del proceso de diálogo, pues, representaría un conflicto de interés.
De acuerdo con la información disponible en Sicop, el contrato de BDS Asesores es por un año prorrogable hasta por cuatro.
La convención colectiva de esa entidad fue firmada en 2006. Desde entonces se ha renovado automáticamente, es decir, es la primera vez que se plantea una renegociación para ajustar los beneficios a la situación fiscal que enfrenta el país.
El acuerdo firmado entre los 1.880 trabajadores y Correos de Costa Rica implica una erogación anual de ¢600 millones, aproximadamente.
La planilla de la empresa pública es de ¢1.238 millones mensuales en salarios.
En el pacto se acordó conceder permisos con goce de salario para que la dirigencia sindical atienda actividades propias de su cargo.
Por ejemplo, se da un día libre con goce de salario por quincena para un líder de cada sindicato para actividades propias de la organización, como proselitismo.
En Correos de Costa Rica participan la Asociación Nacional de Trabajadores y Pensionados de Telecomunicaciones, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Asociación Nacional de Radio Operadores y el Sindicato Nacional de Trabajadores Industriales y Eléctricos.
También entregan permisos con goce de salario para cursos, capacitaciones o seminarios sindicales.
En lo que tiene que ver con el pago de cesantía, el documento fija un tope de 12 años; el Código de Trabajo determina ocho.
Bryan manifestó que aún no puede señalar cuándo se firmará la nueva convención colectiva.
Sin respuesta en el INA
Unos días antes de la adjudicación de Correos de Costa Rica, el 3 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Aprendizaje contrató a BDS Asesores para la renegociación de la convención colectiva.
El presupuesto para ese objetivo es de ¢12 millones.
Este diario remitió, el 13 de noviembre, preguntas al INA sobre esta contratación y sobre el proceso de negociación, pero no dieron respuesta.
