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Únicamente 38 de los 1.309 empleados públicos que recibieron el bono Proteger devolvieron el dinero a las arcas del Estado. Es decir, solo el 2% del total que debía hacerlo, según un nuevo informe emitido, este viernes, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El pasado 15 de junio, el Gobierno comunicó que estos funcionarios tenían un mes para devolver, en conjunto, ¢158 millones que obtuvieron gracias a ese subsidio, el cual no podían recibir, pues no formaban parte del grupo de personas a quienes se les suspendió los contratos laborales, o bien, se les redujo las jornadas de trabajo durante la primera etapa de la pandemia.
Hasta el momento, el Estado solo ha recuperado ¢5,7 millones, o sea, el 3,6% del monto total desembolsado.
Los requisitos para optar por el bono Proteger eran tener el contrato de trabajo suspendido, la jornada laboral reducida, haber sido despedido o ser un trabajador independiente o temporal afectado por la covid-19.
Solamente estos ciudadanos podían recibir el bono y su condición la informaban en una declaración jurada, con la que el Gobierno debía corroborar los datos para saber si la persona calificaba o no. Las ayudas consistían en giros de ¢62.000 o de ¢125.000 mensuales, por un lapso de tres meses.
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No obstante, de acuerdo con el reporte de Trabajo, los funcionarios que recibieron la ayuda se encontraban activos al momento de realizar la solicitud o de recibir el monto e, incluso, les alcanzaba el deber de probidad, por lo que no se les tuvo que haber aprobado su petición, ni mucho menos depositado el dinero.
“Tras el hallazgo, la jerarca de Trabajo solicitó a 107 instituciones del Estado el apoyo necesario para facilitar la gestión de cobro, para determinar si se efectuaron procedimientos disciplinarios en contra de los funcionarios que recibieron este beneficio. Luego de cumplirse el plazo fijado, el Ministerio de Trabajo emitió un informe con el estado actual de la gestión de cobro del Bono Proteger”, se consignó en el informe.
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Desconocimiento
El Ministerio reconoció que no sabe si esta fue la cantidad real de funcionarios que recibió el bono Proteger, ya que el dato de que fueron 1.309 “provenía de filtros realizados por la anterior administración y la actual no contaba con las bases de datos originales para verificar la exactitud de estos números”.
Sumado a ello, en el 2021, se solicitó a las instituciones certificar si las personas indicadas eran realmente trabajadores públicos, pero 23 no respondieron, “por lo que la administración anterior decidió interpretar ese silencio como positivo y los contabilizó como tales”.
“A partir de la información que se tenía disponible, entre los meses de junio y julio, la administración actual logró recuperar un monto total de ¢5,7 millones, según informó la Tesorería Nacional, de 38 funcionarios que atendieron en tiempo la solicitud del Gobierno de la República.
“Del mismo modo, el informe reportó que nueve instituciones iniciarían con procedimientos disciplinarios, para colaborar con la gestión de cobro de 88 funcionarios públicos que, a la fecha, no han realizado las devoluciones, lo que significaría una recuperación de ¢11,7 millones adicionales”, agregó el MTSS.
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El informe señaló que 17 entidades declararon que, en la lista de funcionarios que recibieron el bono indebidamente, hay 99 individuos que ya no se encuentran laborando para el Estado, por lo que fueron reportados como exfuncionarios y serán comunicados al órgano recuperador para la gestión de cobro.
También hubo instituciones que alegaron que “no era de su competencia” realizar dichos cobros, por lo que se tuvo que trasladar a 78 trabajadores de esa lista al órgano recuperador.
“Asimismo, a pesar de los esfuerzos realizados para contactar y obtener respuesta de todas las instituciones involucradas, más de la mitad hizo caso omiso a las solicitudes de este ministerio, por lo que la gestión de cobro se tendrá que realizar por la vía ordinaria.
“Finalmente, se solicitó a la Dirección Jurídica de este ministerio que se derogue el actual ‘Procedimiento de Recuperación de Sumas’ y que, en su lugar, se redacte un nuevo instrumento que tenga como base el procedimiento sumario conforme a la Ley General de Administración Pública”, destacó Trabajo en el documento emitido.
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Cuentas olvidadas
La cartera añadió que coordinó con el Banco Popular para recuperar ¢2,4 millones que se encontraban depositados en cuentas de esa entidad desde el año 2020, y que no habían sido retiradas por las personas que en su momento habían gestionado el subsidio.
El dinero se depositó en cuentas de la Tesorería Nacional y, según la institución, será decisión del Consejo de Gobierno definir el uso que se le dará a esos recursos.
Por último, el MTTS adelantó algunas de las acciones que inició por las irregularidades ocurridas con el programa social creado por la administración de Carlos Alvarado.
“En cuanto a las posibles implicaciones legales que podrían desprenderse producto de la mala gestión de este bono, el Ministerio de Trabajo consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si existía alguna responsabilidad civil o penal del representante legal de la empresa Continum Data Center, por consecuencia de los fallos que presentó la plataforma en la entrega de los subsidios. Al respecto, el abogado del Estado dictaminó que esta consulta debe atenderla la Contraloría General de la República (CGR), por ser el ente competente en materia de recursos públicos.
“A partir de la respuesta dada por el órgano superior consultivo, el Ministerio envió el día de hoy (viernes para el lector) a la CGR el oficio MTSS-DMT-OF-1049-2022, para que sea esta la que defina si se debe proceder con acciones legales en contra de dicha empresa y si existen un posible conflicto de intereses, por la participación del señor Lachner Castro, titular de la empresa que donó la plataforma, en el programa Empléate, donde también figura como representante de otras empresas inscritas como centros de formación”, concluyó el ministerio.
