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300.000
Empleados que cobija la Administración Pública del país. De ellos, unos 116.000 están en el régimen de Servicio Civil.
79
Despidos sin responsabilidad gestionados ante el Tribunal del Servicio Civil, hasta setiembre del 2014. El año pasado fueron 112.
25%
Denuncias se han declarado sin lugar en los últimos dos años. Patronos fallan en el debido proceso y en argumentación.
Un ministro podría desgastarse la mitad de su gestión tratando de despedir a un mal funcionario público.
La existencia de diferentes regímenes, la protección sindical, la amplia posibilidad de presentar objeciones e incluso el temor de los jerarcas son algunas de las posibles razones de la prolongación de estos procesos.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es donde un trámite de despido podría tardar más: hasta dos años.
Ese es el tiempo máximo estimado por el Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP, entidad con una planilla de 75.000 empleados.
“Es un proceso largo y siempre hay apelaciones. La mayor causa de despido en el MEP es el ausentismo injustificado de los docentes y las denuncias se incrementan cada año”, reconoció, Zeidy Palma, jefa de Asuntos Disciplinarios .
En las instituciones públicas adscritas al Servicio Civil (Poder Ejecutivo, con 116.000 plazas), el plazo para resolver una gestión de despido sin responsabilidad patronal podría requerir hasta 160 días hábiles, cerca de medio año.
De ese periodo, 60 días son para levantar el expediente y 40 días más para fallar el caso.
Luego, se dan 60 días para que un tribunal administrativo escuche y resuelva las apelaciones del funcionario.
Aparte del procedimiento del MEP y del Régimen del Servicio Civil, la Ley General de la Administración Pública también provee reglas para destituir a un funcionario. Esas son aplicables para el resto de instituciones del Estado.
La duración del procedimiento, sin embargo, podría ser aún más largo que con las otras normativas, reconoció Gerardo Bogantes, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En todos los asuntos se debe respetar el debido proceso; luego hay casos que se siguen por la vía civil y otros por la laboral por lo que varían los plazos.
Según Bogantes, se suma el hecho de que algunas instituciones tienen juntas de relaciones laborales que emiten criterio antes del despido.
Para el director del Servicio Civil, Hernán Rojas, la diferencia de reglas y los instrumentos de defensa no son los principales obstáculos para despedir a un mal servidor. A su juicio, el problema es que los jerarcas desconocen cómo aplicar las reglas.
“Ese desconocimiento se mezcla con la cultura de que el empleado público se cree inamovible y el patrono evita gestionar el despido”, añadió.
Roberto Gallardo, exministro de Planificación, cree, por el contrario, que los procedimientos sí complican estas medidas.
“Despedir a un mal funcionario público es una tarea titánica. Es muy engorroso y entran en juego el fuero sindical, convenciones colectivas, apelaciones”.
Según el Tribunal de Servicio Civil, a setiembre se han declarado con lugar 79 de 98 gestiones de despido sin responsabilidad patronal en ese régimen.
Las causas principales son faltas disciplinarias como calumnias en el trabajo, agresión contra compañeros o contra el jerarca, poner en riesgo la seguridad de la institución o dejar de asistir al trabajo sin permiso.
Cambio. El director de Servicio Civil cree que la situación obliga a replantear el aparato estatal para darles sentido a evaluaciones de desempeño y a procesos disciplinarios contra los funcionarios que irrespeten las normas.
En este momento, por ejemplo, 99% de los 300.000 empleados del sector público recibe nota “muy buena o excelente” en su evaluación de desempeño.
Además, un estudio del 2013 del Ministerio de Planificación, destaca que el salario mensual promedio del sector público es más del doble del sueldo promedio en el sector privado.
Albino Vargas, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reconoce que el sector público necesita un nuevo instrumento para medir el desempeño de los funcionarios.
“Nosotros abogamos por un cambio en la forma de medir la eficiencia y la eficacia de un funcionario público, que sirva para desterrar la mediocridad y destacar la excelencia”, dijo.
Según Vargas, con ese fin formaron la denominada coalición Patria Justa y están en conversaciones con la Universidad de Costa Rica para proponer un nuevo modelo de calificación del sector público, más estricto y riguroso. La idea es que el instrumento rija en el primer trimestre del 2015.
Patria Justa la forman la ANEP, y sindicatos de entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap).
