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Eugenio Vargas Leitón se cansó de esperar. Acudió este 25 de marzo a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con la esperanza de que sean los magistrados quienes obliguen al Ministerio de Hacienda a trasladar las cuotas que le retienen en el régimen de reparto y con las cuales él se podría pensionar en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El recurso de Vargas, que se tramita bajo el expediente 22-006497-0007-CO, fue acogido para estudio. En su planteamiento ante los magistrados, alega falta de planificación presupuestaria en Hacienda, califica de vergonzosa la deuda del Estado con la seguridad social y de excesivo el tiempo que se ha tardado para trasladar sus aportaciones. Reprocha la existencia de complejos requisitos y burocracia de procedimientos en ese ministerio, y afirma que esta situación ha vulnerado su derecho a la pensión, a una vida digna, a la salud y a los beneficios de las garantías sociales que forman parte de la Constitución Política.
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Como parte del proceso, los magistrados pidieron un informe al gerente de Pensiones, el director de Administración de Pensiones y el jefe de la subárea de Administración de Cuenta Individual de la Caja; al director de Asuntos Jurídicos y al viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, y al presidente de la Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). Ese informe deben entregarlo en un máximo de tres días hábiles después de que se les notifique la resolución, que fue emitia el mismo 25 de marzo.
Vargas Leitón, vecino de Monteverde, en Puntarenas, es uno de los 2.766 trabajadores que esperan jubilarse algún día luego de décadas de trabajo. Esto, siempre y cuando Hacienda encuentre los fondos para garantizar el traspaso de cotizaciones hechas en diferentes regímenes y que, por diferentes circunstancias, quedaron ahí varadas. El adulto mayor espera que su gestión también beneficie a estos cientos de personas en su misma situación.
Según cálculos de ese ministerio, los fondos pendientes a trasladar superan los ¢5.520 millones. De ellos, más de ¢4.897 millones son dineros que Hacienda debe pasar al seguro de pensiones de la CCSS. Otra cifra, que supera los ¢622 millones, se le debe trasladar a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema).
Este recurso de amparo no es el primero contra Hacienda por la misma causa. El 26 de noviembre del año pasado, los magistrados constitucionales habían declarado con lugar otra gestión de un trabajador y le ordenaron al viceministro de Hacienda, Isaac Castro Esquivel, girar los fondos al IVM de la CCSS.
El funcionario incumplió la orden por lo que los magistrados le llamaron la atención al resolver una gestión de desobediencia en la resolución 2022003953, del 18 de febrero anterior: “Se reitera al viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda el cumplimiento inmediato a lo dispuesto en la sentencia 021-026640. Lo anterior se dicta bajo el apercibimiento de que se ordene la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere”.
Problema añejo
Desde el año pasado, Eugenio Vargas comenzó un intenso peregrinar entre oficinas públicas en busca de su merecida pensión. Tiene 63 años y ha trabajado desde que era un adolescente. Durante su vida laboral, cotizó para tres regímenes diferentes. A sus 63 años, hubiera podido pensionarse anticipadamente por vejez en el 2021 si las veinte cuotas que aportó en los años 80, cuando trabajó como docente interino, hubieran sido trasladadas por Hacienda a la Caja.
“El año pasado, empecé a llenar papeles y a hacer llamadas y visitas a oficinas de San José para avanzar en mi solicitud de pensión. Mi vida ha sido una de muchos años de trabajo. Desde los diez años ya sabía usar el hacha para picar la leña que mamá ocupaba en la cocina todos los días. Sabía usar un balde para ordeñar una o dos vacas de la familia o de mi abuelo, que nos prestaba una vaca para nuestros chupones o para el aguadulce, y sabía ponerme un canasto para acompañar a papá a coger café después de clases o en vacaciones.
“Cuando me di cuenta que mi derecho a pensión sería optar por el IVM, que es donde tengo la mayor cantidad de aportaciones, entendí que tenía que trasladar 70 cotizaciones de Jupema al IVM. Al mismo tiempo, las del régimen de reparto. Si eso se hubiera realizado ágilmente, con rapidez, desde el año pasado habría más que cumplido con el requisito de aportaciones para el IVM. Desde el año pasado lo hubiera logrado.
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Desde el 2017, incluso antes, se conocen los vacíos legales para resolver los problemas operativos para obstruyen el traslado de cuotas de trabajadores que cotizaron en diferentes regímenes.
El director de pensiones de la CCSS, Ubaldo Carrillo, confirmó que la institución reformó el artículo 46 del Reglamento al IVM para facilitar el traslado de cuotas de otros regímenes a la CCSS y viceversa. La reforma también permite consolidar el beneficio, para mejorarlo en algunos casos.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), reconoció en febrero la fragmentación del sistema nacional de pensiones que está detrás de historias como la de Vargas. Atribuyó a la Asamblea Legislativa la responsabilidad para realizar las modificaciones legales que le permitan a la Supén una mejor supervisión del sistema y que coadyuven con una adecuada gestión de las cotizaciones de los afiliados a todos los regímenes básicos de pensiones.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, presentó una propuesta a la CCSS, que en estos momentos está en análisis de la Gerencia de Pensiones, según informó Jaime Barrantes, jerarca de ese despacho. La oferta de convenio consiste en hacer pagos cada tres meses y usar para ello recursos de préstamos internacionales.
La Nación consultó a Hacienda cuántos, cómo y de dónde sacarán los fondos para financiar esa iniciativa, pero a la fecha no ha respondido.
