Gobierno echará mano a base de datos de pobreza para evitar abusos en solicitudes de bono Proteger

La base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) será el primer gran filtro que deberán pasar los trabajadores independientes e informales para acceder al bono Proteger, un subsidio del Estado para las personas afectadas económicamente a causa de la pandemia de covid-19.

A esos dos grupos, la plataforma únicamente les pide como requisito firmar una declaración jurada y aportar la cédula.

¿Cómo evitar que esos requisitos se conviertan en un portillo para que personas que no se han visto afectadas por la emergencia sanitaria o que no estuvieran activos en esos sectores se aprovechen para obtener la ayuda?

El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, aseguró que apuntan a dos respaldos principales.

“El primer resguardo es la declaración jurada, es jurídicamente válido, la persona nos hace saber que la información tiene la veracidad que corresponde, pero también asume una responsabilidad si hace incurrir en error por falta de que la información sea completa, se ve sujeto a que se establezcan procedimientos administrativos y judiciales”, afirmó Bermúdez.

Eso significa que quienes den detalles falsos sobre su condición se exponen en primera instancia a la cancelación del beneficio e incluso al cobro administrativo.

Además podría ser acusado penalmente de perjurio y falso testimonio.

La siguiente herramienta es Sinirube, que actuará como un gran filtro. Se trata de una plataforma adscrita el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que reúne datos de 23 instituciones y contiene la información socioeconómica del 80% de la población.

Ahí se podría verificar, por ejemplo, si la persona que pide la ayuda reporta otro tipo de actividad, tiene otro un empleo diferencia al que dice tener o ya recibe algún subsidio de más de ¢50.000 de parte del Gobierno.

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“Hasta ese punto esperamos tener información suficiente para descartar casos que quisieran hacer algún engaño”, añadió el también jerarca del IMAS.

Bermúdez dijo a modo de ejemplo, que la información de Sinirube les permite saber que entre la población en pobreza extrema, la informalidad llega al 70%. Muchas de esas personas u hogares ya son atendidos por programas de bien social.

Entretanto, quedan excluidos desde un principio empleados públicos, menores de 15 años y pensionados.

Rápida respuesta

El presidente del IMAS sostiene que era necesario que el programa contara con una herramienta simplificada, porque se trata de algo extraordinario y así lo consigna la ley de la Comisión Nacional de Emergencias.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, en una entrevista con La Nación expresó que además apelarán a la “comprensión y solidaridad de las personas”, para que acudan por ayuda los que realmente requieran.

Dinarte sostuvo que ser más rigurosos en el proceso provocaría que a la gente le llegue más tarde el bono, que muchos urgen.

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El ministro de Desarrollo Humano tiene en cuenta que podría existir temor entre algunos trabajadores informales de que la Administración pueda “generar algún tipo de persecución en razón de su condición”, por ejemplo tras determinar que no tienen permisos, no cotizan o no pagan impuestos.

“Lo que buscamos es proteger a las familias del riesgo del hambre y la desesperación, no estamos por sancionar a nadie, ningún tipo de actividad. Ese no es el objetivo del bono Proteger ni de la información que se le solicita en el proceso”, afirmó.

Aunque el formulario permite que las solicitudes sean realizadas por individuos y no por familias, el jerarca dijo que la intención es garantizar la distribución de modo que en casos en donde haya varias personas de un mismo hogar que hayan aplicado al subsidio, solo se le brindaría a uno de los miembros y los demás quedarían en una lista de espera.

Bermúdez dijo que en esta etapa procuran que los procesos sean lo más automatizados posible, por lo que los análisis será estandarizados, eso significa que no se estudiará caso por caso.

De acuerdo con la información del IMAS, hasta este martes más de 330.882 personas habían ingresado una solicitud del bono. De esa cifra, 172.899 son hombres y 157.983 mujeres.

La ayuda anunciada por el Gobierno consiste en un bono de ¢125.000 mensuales durante tres meses para las personas que han sido despedidas, así como los trabajadores independientes e informales y de ¢62.500 para aquellos a los que se le redujo la jornada.

El presidente del IMAS aseguró que los primeros depósitos se harán al finalizar este mes.

El Gobierno pretende brindar ese beneficio a unas 790.000 personas, para lo cual espera recaudar ¢296.000 millones que provendrían de distintas fuentes, entre ellas un presupuesto extraordinario por ¢150.000 millones que actualmente está pendiente de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, ¢50.000 millones provenientes de la reducción en los precios de los combustibles y otros ¢75.000 millones de las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS).

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Además ya se cuenta con ¢21.000 millones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, el IMAS y el Ministerio de Trabajo.