Escuchar
Desde mayo del 2020, el Gobierno anunció el proceso de recuperación de los bonos Proteger mal otorgados, pero 18 meses después aún no logra recoger las sumas que, según un informe presentado en agosto, entregó a 54.105 personas que no cumplían con los requisitos. Estas personas recibieron ¢10.238 millones.
Hasta este momento, sin embargo, de esos más de 50.000 casos detectados, solo ha confirmado 4.330. Además, apenas están en redacción los lineamientos y protocolos que usarán para recoger los montos dados irregularmente. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, por ahora solo 72 ciudadanos han devuelto el dinero que recibieron sin que les correspondiera.
LEA MÁS: 54.000 personas cobraron bono Proteger sin cumplir requisitos
En los últimos 18 meses el Gobierno apenas ha analizado 7.938 casos, es decir, si acaso un 15% del total de pagos con “riesgo detectado”. Entre estos se encuentran los 72 devueltos, además 1.069 casos pendientes de resolver, 2.174 catalogados como “bien pagados”, 4.330 definidos como “mal otorgados” y otros 293 en los que no se ha logrado notificar a las personas requeridas.
A esa conclusión llegó un órgano director creado únicamente para ese número de asuntos; se dejaron por fuera 46.167.
El bono Proteger fue creado como una ayuda principalmente para trabajadores afectados por el impacto económico de la pandemia. Entre las personas excluidas de solicitar el ahorro estaban los funcionarios públicos, quienes ya recibían subsidios del Estado, los menores de edad o los reclusos.
LEA MÁS: Gobierno pediría a Fiscalía investigar a quienes dieron datos falsos para obtener bono Proteger
Desde un principio se advirtió que si una persona consignaba información falsa en declaraciones juradas con tal de obtener el bono, el caso sería remitido a la Fiscalía para iniciar un proceso penal. No obstante, hasta la fecha únicamente tres filtraciones han seguido ese camino.
LEA MÁS: Trabajo dará hasta 18 meses para reintegrar pagos erróneos de bono Proteger
Todos los casos identificados “con riesgo posterior a verificación ex-post” serán remitidos por parte de la Dirección Nacional de Empleo al pagador correspondiente. Según la división, el Ministerio de Trabajo deberá aplicar el procedimiento a un 75% de las personas, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a un 15%, y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a un 10%.
Con la publicación del Decreto No 43162-MP-MTSS-MDHIS con el Procedimiento Especial de Recuperación de Sumas del Bono Proteger, cada institución adaptó sus procesos internos al trámite que fijó ese documento.
Para pagar
El Poder Ejecutivo determinó que dará hasta un año y medio para recuperar los bonos Proteger que entregó por error y elaboró un sistema de arreglo de pagos según la cantidad de dinero depositada: seis meses para sumas iguales o menores a ¢125.000, 12 meses para montos de ¢125.000 y hasta ¢250.000, y 18 meses para montos de ¢250.000 o más.
“En el caso del MTSS, ya se giró la instrucción para la apertura del órgano director, con sus respectivos acuerdos de confidencialidad y convenios de préstamo (porque son funcionarios de otras direcciones) y se están elaborando los protocolos y lineamientos internos que este órgano director deberá seguir para determinar si corresponde o no el proceso cobratorio, según lo establecido en el decreto”, respondió Trabajo ante la consulta de este medio.
LEA MÁS: Contralora contradice al Gobierno: filtraciones en bonos Proteger fueron hasta de ¢15.000 millones
El Gobierno aún desconoce cuántos funcionarios públicos obtuvieron el subsidio, ya que los datos sobre este riesgo se encuentran en proceso de verificación en cada una de las instituciones detectadas. También se giraron dineros a personas recluidas en cárceles, menores de edad o hasta fallecidas; gente que no necesitaba la ayuda o que ya recibía otros subsidios del Estado.
En todo el proyecto de bono Proteger se repartieron alrededor de ¢257.000 millones en 2,1 millones de pagos a un total 724.330 beneficiarios. El bono era de ¢62.000 o de ¢125.000 y el dinero provino de nueve presupuestos que se aprobaron en un lapso de nueve meses.
