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Una investigación realizada por la auditoría interna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) concluyó que hubo omisiones y fallas en la gestión de los bonos Proteger, otorgados durante la pandemia de la covid-19.
La ministra de esta cartera, Marta Esquivel, detalló la tarde de este martes que la pesquisa evidenció falta de planificación, controles, estudios, criterios técnicos, protocolos y fallas técnicas en el software utilizado.
La consulta a auditoría interna fue planteada por Esquivel, “con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con el sistema de gestión del Bono Proteger y de esta manera, facilitar las investigaciones de las autoridades judiciales”.
La Dirección General de Auditoría aseguró que “no encontró estudios formales que validaran la expertise de la empresa contratada para brindar este servicio, Continum Data Center”.
Asimismo, se detalló que “no hubo evidencia de que hayan existido protocolos que establecieran el proceso para dar seguimiento y verificación para el otorgamiento de este beneficio, esto a pesar de que era una obligación planteada en el artículo 30 del decreto de creación del bono Proteger”.
El informe también señaló que la documentación que se utilizó como soporte para verificar la idoneidad de los beneficiarios nunca fue accesible para la Administración Alvarado Quesada, ni para la Contraloría General de la República (CGR) ni para la misma auditoría, ya que “la empresa que prestó la plataforma virtual nunca desarrolló las aplicaciones necesarias para realizar esta tarea”.
El MTSS explicó que, en el informe de la auditoría, sólo figura como responsable por el Sistema Gestor del Bono Proteger el ex director nacional de Empleo, Marco Solano Chacón, quien fue designado mediante el decreto de creación del Bono Proteger (N°42305) y que se vio sancionado por la administración pasada.
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“Según consta en el informe de la auditoría del ministerio, a pesar de los parámetros utilizados, se detectó que el sistema de gestión del bono desde un inicio presentó problemas en la selección de los beneficiarios, pese a que las bases de datos externas los reportaban como funcionarios públicos, pensionados, privados de libertad y personas que ya recibían otros beneficios del Estado”, reconoció la cartera.
Finalmente, la auditoría aseveró que “nunca existió una debida planificación; hubo una incompatibilidad de funciones al ser el director del programa nacional de empleo juez y parte, ya que éste autorizaba, atendía y resolvía los errores detectados; asimismo, no se parametrizó el sistema para llegar a la población que lo necesitaba; la administración anterior no realizó validaciones de las listas de beneficiario, ni tampoco consultó las observaciones del formulario de solicitud del sistema para detectar errores en los beneficiarios; entre otros”.
Desde mayo del 2020, el Gobierno anunció el proceso de recuperación de los bonos mal otorgados, pero más de dos años después aún no logra recoger las sumas que, según un informe presentado en agosto, entregó a 54.105 personas que no cumplían con los requisitos. El monto distribuido entre estos ciudadanos fue de ¢10.238 millones.
El bono Proteger fue creado como una ayuda principalmente para trabajadores afectados por el impacto económico de la crisis sanitaria. Entre los excluidos de solicitarlo estaban los funcionarios públicos, que ya recibían subsidios del Estado, los menores de edad o los reclusos.
Desde un principio se advirtió de que si una persona consignaba información falsa en declaraciones juradas con tal de obtener el bono, el caso sería remitido a la Fiscalía para iniciar un proceso penal. No obstante, hasta la fecha no ha trascendido cuántas filtraciones han seguido ese camino.
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Todos los casos identificados “con riesgo posterior a verificación ex-post” debían ser remitidos por parte de la Dirección Nacional de Empleo al pagador correspondiente.
Según la división, el MTSS debía aplicar el procedimiento a un 75% de las personas, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a un 15%, y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a un 10%.
El Poder Ejecutivo determinó que daría hasta un año y medio para recuperar los subsidios que dio por error y elaboró un sistema de arreglo de pagos según la cantidad de dinero depositada: seis meses para sumas iguales o menores a ¢125.000, 12 meses para montos de ¢125.000 y hasta ¢250.000, y 18 meses para ¢250.000 o más.
En todo el proyecto de bono Proteger se repartieron alrededor de ¢257.000 millones en 2,1 millones de pagos a un total 724.330 beneficiarios. El monto era de ¢62.000 o de ¢125.000 y el dinero provino de nueve presupuestos que se avalaron en un lapso de nueve meses.
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