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Los procesos de suspensión de contratos y reducción de jornadas han generado incertidumbre en las empresas, pues algunas han esperado hasta un año por una resolución del Ministerio de Trabajo.
Tal es el caso de 28 compañías que lleva la abogada Jessica Brenes Camacho, quien dijo que, hasta la fecha, continúan con trámites pendientes que empezaron a mediados del 2020.
Una de estas es Auxilio Empresarial S. A., que confirmó que planea elevar su caso a los tribunales contencioso administrativos porque el Ministerio le rechazó una solicitud de prórroga de manera “incorrecta”.
Ahora, mientras el proceso legal se resuelve, el patrono deberá pagar el retroactivo del salario a sus colaboradores, a solicitud del propio Departamento de Inspección, que “no resolvió bien” el trámite.
“Nosotros hicimos la solicitud de ampliación de suspensión de contratos, seis meses después de haberla presentado, y el Departamento de Inspección nos hizo una única prevención para que aportáramos una declaración jurada con fecha más reciente, y una aclaratoria de la lista de colaboradores.
“Se cumplió con la prevención por parte del patrono, pero un mes después nos envían resolución de rechazo de la solicitud de ampliación de suspensión, indicando que el patrono no había cumplido con la prevención de la declaración jurada y aclaratoria de lista de colaboradores.
“Interpusimos recurso de apelación con toda la prueba y este fue rechazado, provocando que el patrono ahora tenga que interponer un proceso judicial contencioso administrativo, ya que la vía administrativa quedó agotada y él en indefensión”, explicó Brenes.
La profesional dijo que se trata de una planilla de 122 trabajadores a los que ahora se les debe pagar ese dinero, aunque no lo hayan laborado.
De hecho, subrayó que su representado ahora corre el riesgo de que el mismo Ministerio de Trabajo -que duró 11 meses en resolver el trámite- le meta un proceso de infracción a la ley laboral y le cobre multas.
Walter Villalobos Fernández, director nacional de Inspección del Trabajo, reconoció que la limitante de personal en su área complicó la atención de los miles de procesos que se generaron desde marzo del 2020.
“Yo deseara tener un inspector por cada centro de trabajo, pero las limitaciones de recurso hacen que con lo que se tenga, se salga adelante”, dijo el funcionario ante consultas de La Nación.
Emergencia
Al inicio de la pandemia, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que puso a correr al Ministerio de Trabajo para atender estas medidas, sin saber hacia dónde se iba a llegar en términos de volumen.
Primero, la cartera habilitó un correo electrónico para recibir las solicitudes, pero según Villalobos, este mecanismo no dio buenos resultados.
“Para generar un proceso acelerado y facilitar el trámite, hicimos en un inicio un correo electrónico que fueron miles de miles de correos saturando las cuentas, dificilísimo de tratar, de seguir, de coordinar, difíciles de controlar en los diferentes casos y la trazabilidad de estos.
“Eso, con respecto a suspensiones, porque un día después, el 23 de marzo, la Asamblea Legislativa genera también otro instrumento que es la famosa reducción de jornada”, declaró el director.
De acuerdo con datos de Trabajo, en cuestión de un mes, la cantidad de solicitudes aumentó un 900% y hasta junio del 2020, el número de trámites pendientes era mayor que el de procesos resueltos.
El funcionario evitó revelar el dato de cuántos funcionarios tiene el Ministerio para esta tarea y alegó que también se debe tomar en cuenta que hay muchos otros procesos por atender.
“No se puede poner a todos los funcionarios solo a atender reducciones y suspensiones, porque hay que seguir atendiendo despidos, denuncias, gestiones de embarazadas, etc. Entonces, decir que la cantidad de inspectores completa o la cantidad de funcionarios de la Inspección están un 100% en esto, es mentira”, dijo.
De hecho, Villalobos aceptó que incluso puede haber trámites que lleven hasta un año sin resolverse, pero culpó a las empresas.
“Podrían pasar muchas cosas. Podría pasar inclusive que una persona solicitó desde marzo (2020) y presentó los datos equivocadamente y nunca hizo por dónde enderezarlos”, aseveró.
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Atrasos y desorden
Luego de que el Ministerio de Trabajo se percatara de que la recepción de solicitudes por correo electrónico no le estaba dando resultados, optó por habilitar una plataforma web en junio del año pasado.
Sin embargo, empresas reclamaron que este nuevo sistema volvió los trámites aún más complicados y generó mayores atrasos en la resolución de los procesos, según indicó la abogada Jessica Brenes.
Ella es especialista en Derecho Laboral y afirma que la nueva plataforma de recepción de solicitudes habilitada por Trabajo fue un gran desacierto, que complicó los trámites para ambas partes.
“Se daban muchos casos de empresas, donde a un grupo de colaboradores había que pedirles prórroga de suspensión de contratos, pero a otro grupo había que solicitarle un cambio de condición, ya que pasaban de suspensión a reducción, o pasaban de reducción a restitución de jornada.
“Un solo patrono debía hacer varias solicitudes el mismo día para consignar los distintos movimientos del personal, y no necesariamente todas las solicitudes que enviaba el mismo día le llegaban al mismo inspector, lo que provocó un gran descontrol”, explicó la abogada.
La litigante añadió que la nueva plataforma de Trabajo provocó además que las distintas solicitudes que enviara una misma empresa fueran resueltas en momentos diferentes por varios inspectores.
Afirmó que eso generó incertidumbre en patronos y trabajadores, ya que se podía recibir la resolución de una solicitud y no de la otra y, por tanto, solo un grupo de colaboradores tenía la gestión resuelta y otro grupo quedaba pendiente, aunque ambos pedidos se hayan enviado el mismo día.
También resaltó que sus clientes reclaman que otro de los inconvenientes es que los inspectores del Ministerio no siempre envían prevenciones cuando tienen dudas sobre alguna solicitud, sino que solo las rechazan.
Sin embargo, Walter Villalobos aseguró que eso no es cierto.
“A nadie se le rechaza de un solo. Se hace una valoración preliminar de cada uno de los expedientes”, aseveró.
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