El presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, defendió este jueves la asignación de bonos Proteger a trabajadores afectados por despidos, suspensiones o reducciones de ingresos, debido a la pandemia de covid-19.

Así lo hizo durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

El también ministro de Desarrollo Humano aseguró, una vez más, que el informe de la Contraloría General de la República (CGR) no comprobó las supuestas entregas indebidas de subsidios a personas que no calificaban o no lo necesitaban.

Bermúdez fue parte de la formulación del programa social junto con Geannina Dinarte, actual ministra de la Presidencia y quien entonces se desempeñaba como jerarca de Trabajo.

En una auditoría publicada en diciembre pasado, el órgano contralor encontró que 66.300 beneficiarios del subsidio estatal “podrían contar con algún impedimento” por el cual no debió asignárseles el bono.

Eso representaba la posible filtración de ¢7.500 millones a personas que no calificaban para el beneficio o, simplemente, no lo necesitaban.

“El riesgo es una probabilidad de que algo suceda, no hay aquí certeza de que haya sucedido. No comprueba la Contraloría que alguno de los casos que señala, se hayan efectivamente efectuado mal. Lo que dice es ‘entendemos con esta estimación de riesgo que ustedes tienen que entrar en un proceso de verificar’.

“Pero vea usted que si esa estimación fue holgada, que con un primer filtro que se trajo a conocimiento de esta comisión, el 90% de esos supuestos riesgos, probabilidades o proximidades a un potencial daño, resultaron que no lo eran”, afirmó el jerarca.

Durante su comparecencia ante esa misma comisión, el jueves pasado, Dinarte divulgó los resultados de una revisión que el Gobierno hizo sobre los hallazgos del órgano contralor.

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Según la verificación, de los 66.300 potenciales beneficiarios irregulares mencionados por el ente controlor, el Gobierno constató posibles inconsistencias en 5.962 de los casos.

Además, según Dinarte, las posibles filtraciones de recursos públicos pasaron de representar ¢7.500 millones (según el informe de Contraloría) a ¢1.100 millones con la revisión que hizo el Ejecutivo.

De acuerdo con Presidencia, no hubo ni privados de libertad ni beneficiarios de otros programas sociales entre las personas a las que se les asignó el bono Proteger.

Sin embargo, confirmó sospechas sobre 5.478 personas que habrían presentado información falsa para obtener la ayuda, así como a 286 funcionarios que habrían recibido el subsidio en forma irregular.

También detectaron un caso en que un grupo familiar se habría puesto de acuerdo para usar los datos de una persona fallecida para obtener la ayuda económica.

La contralora general de la República, Marta Acosta, será la siguiente en comparecer ante esta comisión, que decidió abrir una investigación por las supuestas filtraciones en el bono Proteger.

Reproches legislativos

Más allá de las posibles filtraciones en la asignación de los subsidios, los diputados recriminaron este jueves al jerarca del IMAS por unas declaraciones que brindó a medios de prensa, luego de la divulgación del informe de auditoría por el que se abrió la investigación legislativa.

“Usted dijo que le preocupaba que el máximo órgano contralor estuviera buscando criminalizar programas sociales del Gobierno y judicializando la política social de este país. Esa es una afirmación muy guresa, muy seria contra el órgano contralor del cual la ciudadanía esperaría criterios serios, técnicos y muy fundamentados.

“Obviamente, la Contraloría es el órgano que más está en la búsqueda de la buena utilización de los fondos públicos. Entonces, al ver que un ministro hace esas afirmaciones, de verdad que preocupa mucho, porque esto podría estar golpeando la credibilidad de la Contraloría”, afirmó Franggi Nicolás, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Bermúdez respondió que, en realidad, sus declaraciones fueron dirigidas al Ministerio Público, que abrió una investigación por el supuesto de delito de incumplimiento de deberes, debido a posibles filtraciones detectadas por la Contraloría.

“Cuando yo hago esas declaraciones no me estoy refiriendo a la CGR. Cuando hago esas declaraciones en la entrevista de Hablando Claro, me refiero a la apertura que realiza la Fiscalía General de la República de una investigación sobre un informe que ni siquiera estaba en firme y que habla de potenciales riesgos y proximidades”, señaló.

El jerarca presentó una transcripción de su intervención en el programa radiofónico para evidenciar su aseveración.

“Les hago la pregunta ¿será que todos los informes donde había filtraciones, que eran 30 hacia atrás, van a activar la Fiscalía o que los próximos van a generar lo mismo para quienes vengan delante de nosotros?

“Realmente, hay que entender que el piso no es uno para quienes están en el Ejecutivo y otro para otros poderes. Ese es un piso frágil de pesos y contrapesos, en el cual los excesos pueden generar daños a la institucionalidad. Ante esa preocupación es que planteo esas declaraciones”, afirmó Bermúdez.